Santiago González. Xalapa, Ver. Por un presunto desvío de recursos de casi 106 millones de pesos durante su gestión al frente de la Coordinación General de Comunicación Social, la ex vocera duartista María Gina Domínguez Colío fue imputada de los delitos de peculado, coalición e incumplimiento de un deber legal en agravio del Gobierno de Veracruz.
Tras ser legalizada su detención e imputada de los delitos, la Fiscalía General del Estado solicitó como medida cautelar, un año de prisión preventiva, argumentando que existen testigos que la refieren como una persona peligrosa, vengativa y violenta que pudiera atentar contra ellos.
Tales argumentos, así como el hecho de que cuenta con al menos tres domicilios y recursos para poder extraerse de la justicia, fueron tomados en cuenta por la juez Verónica Portilla Suazo para concederle el año de prisión preventiva.
De esta forma, minutos después de las 7 de la mañana de este domingo fue sacada del juzgado penal e ingresada al reclusorio regional de Xalapa, con sede en la comunidad de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.
La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Hechos de Corrupción, precisó que la investigación en su contra, es derivado de la denuncia interpuesta por el actual director de Comunicación Social Elias Asaad Danini, donde también estaría señalado el ex vocero y actual diputado federal Alberto Silva Ramos.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que los delitos presuntamente cometidos por la ex vocera de Javier Duarte de Ochoa quedaron integrados en la carpeta 110/2017, y se detalló que durante su paso al frente de la Coordinación General de Comunicación Social ordenó pagos de facturas derivados de convenios publicitarios que sólo fueron de palabra.
Dentro del relato de los hechos, los fiscales precisaron 35 fechas entre 2011 y 2014, donde Gina Domínguez ordenó a sus entonces jefes administrativos Mario Villegas y Luis Salgado González solicitar las órdenes a favor de una docena de empresas, y posteriormente ella misma exigir a la Tesorería se cumpliera con el pago de dichas facturas.
Algunas de las empresas involucradas son Negocios Serene SA de CV y Morgaver SA de CV, las cuales están consideradas por el SAT como fraudolentas.
Además se indicó que la ex vocera falseó información pública, al rechazar en diversas ocasiones la existencia de convenios publicitarios con los medios de comunicación, cuando ella de manera unilateral los hacía de palabra, violando toda normatividad al respecto.
“Yo no hice nada”
María Gina Domínguez Colío hizo uso de la voz para intentar evadir la prisión preventiva como medida cautelar, asegurando que ella no desvió ni un solo peso, y que todo los actos de su gestión al frente de la Coordinación de Comunicación Social se hicieron con apego a la ley.
Por ello, reprochó a los fiscales, pues desde su perspectiva de le acusa por hechos administrativos que están contemplados dentro de la ley, además resaltó que ni la Contraloría General del Estado, ni el Órgano de Fiscalización Superior le detectaron alguna irregularidad durante su gestión.
Al contrario, resaltó que dichas instancias siempre avalaron su trabajo y en sus cuentas públicas no tuvo ningún tipo de observación.
“No entiendo la forma en cómo llegaron a la conclusión de que cometí un delito, porque sólo narraron la forma en que se hacen los trámites administrativos”, agregó.
En un intento por impedir su reclusión al penal en Pacho Viejo, Gina Domínguez dijo ser ella la persona más interesada en colaborar con la investigación, por si existe un delito, se sancione a los responsables, y ofertó su palabra de que no busca extraerse de la justicia, y suplicó por una medida cautelar distinta a la prisión, pero no le fue concedido por la juez Verónica Portilla Suazo.
Peligran testigos contra Gina: Fiscalía
Al momento de solicitar la prisión preventiva como medida cautelar por parte de la Fiscalía General del Estado, se resaltó que existen dos testigos que colaboraron con la ex vocera, quienes cuentan con los elementos de la forma ilegal en la que ordenaba el pago de facturas por convenios publicitarios.
Sin embargo dichos testigos, que únicamente fueron identificados como “1” y “2”, dijeron temer por su vida, por lo cual pidieron el resguardo de su identidad, al calificar a Gina Domínguez como una persona vengativa y violenta.
Incluso relataron que uno de los directores administrativos Mario Villegas, fue golpeado por instrucciones de la ex vocera, cuando éste se negó a continuar solicitando órdenes de pago a favor de algunas empresas.
Tales informadores relataron que ellos pudieron constatar los abusos cometidos por Gina Domínguez en contra de personas que no le simpatizaban o la contradecían, además que cuentan con todos los datos exactos de cómo ordenaba los pagos indebidos a medios de comunicación.
De igual forma atestiguaron ciertos tratos violentos y vengativos contra el personal a su cargo, así como contra quienes no compartían su forma de pensar.
Otro hecho puntualizado por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva, es que cuenta con tres domicilios, uno en el lujoso fraccionamiento de Zoncuantla, uno más en el fraccionamiento residencial Paraíso y un tercero en la colonia Ferrer Guardia de Xalapa, que junto a los recursos presuntamente desviados y por temor a alguna venganza contra los testigos hacían necesaria mantenerla recluida.
Fiscalía va por el Cisne
Este lunes o martes, la Fiscalía General del Estado solicitará de manera formal a la Cámara de Diputados el juicio de procedencia y desafuero en contra del diputado federal Alberto Silva Ramos, pues su nombre aparece en al menos dos carpetas de investigación, relacionadas con el desvío de recursos en la Coordinación de Comunicación Social.
El monto que presuntamente habría desviado el ex vocero y amigo íntimo de Javier Duarte de Ochoa, ascendería a los 4 mil millones de pesos, del cual parte importante se habría canalizado a empresas fantasmas, mientras que otra parte fue para pagar convenios publicitarios para resaltar la imagen del ex gobernador, pero sin contrato de por medio.
Por tal razón, el fiscal Jorge Winckler Ortíz estaría presentando a más tardar el próximo martes la solicitud de procedencia y desafuero en contra de Alberto Silva, para estar en condiciones de imputarlo y posteriormente vincularlo a proceso por el desvío de recursos, del cual se le investiga desde finales de 2016.
En las dos carpetas de investigación en que aparece su nombre, también aparece el de la ex vocera María Gina Domínguez Colío, quien ya se encuentra en prisión preventiva al ser imputada por los delitos de coalición, incumplimiento de un deber legal y desvío de recursos.