Juan David Castilla. Xalapa, Ver. La organización Progresa México, que encabeza Orfilio García Ortiz, fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por dañar materiales mientras toman las oficinas de la Dirección General de Patrimonio del Estado.
Así lo dio a conocer el director de Patrimonio, Luis Bustos García, quien añadió que peligra la información de dicha dependencia estatal.
"Es preocupante y por eso están reunidos los compañeros porque los integrantes de la organización están dentro de la oficina, entonces todos los expedientes y bienes están expuestos. Ya se puso la denuncia por parte de la Procuraduría Fiscal, esperamos que determine la autoridad correspondiente. La levantaron ellos, no se si sea a quien resulte responsable o a alguien directo".
Los integrantes de esta agrupación, afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI), han protestado en Xalapa durante los últimos meses para exige la compra de terrenos que permitan construir el centro escolar "Las Maravillas", mismo que albergaría a estudiantes de preescolar, primaria y telesecundaria.
Para tal cometido, han desquiciado la vialidad en el centro de la ciudad, han utilizado a los menores para que empujen y golpeen las puertas de Palacio de Gobierno. Incluso, García Ortiz, en años anteriores, ha instruido el cierre de válvulas en la presa de Quimixtlán, Puebla, ocasionando el desabasto de agua en la ciudad.
El funcionario estatal destacó que la compra del predio no podría llevarse a cabo bajo los términos en que lo exige la organización priista.
Bustos García detalló que no puede respetarse el acuerdo signado con el exsecretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, para la adquisición del terreno.
"Es un tema de Patrimonio del Estado, pero no puedo autorizarlo de esa manera y otra cuestión, son convenios que trajo la Secretaria de Gobierno cuando la instancia facultada es la Secretaria de Finanzas, no la de Gobierno, por ahí partimos mal. Nace viciado la situación. Ya lo explique a la asociación y parecen no entender".
De acuerdo con el avalúo, el predio de 2 hectáreas tiene un valor de 5 millones 600 mil pesos; sin embargo, el acuerdo que se firmó con Buganza Salmerón fue por 8 millones de pesos, precio no permitido por la ley.
Los miembros de Progresa México han criticado y correteado con palos al gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, a quien consideran incapaz de resolver la problemática.