Se entregaron 45 millones a una empresa para que realizara un puente que hoy no existe en Minatitlán
Administración actual debe pagar a Banobras por el crédito que en su momento otorgó
Guadalupe López Espinosa
Xalapa
La Fiscalía Especializada en Delitos de los Servidores Públicos sí reabrió el caso de la denuncia en contra de la exalcaldesa de Minatitlán, Guadalupe Porras David, por los recursos que recibió de Banobras y Pemex para la construcción del puente Capoacán, el cual no existe, señaló el síndico Martín Gracia Vázquez.
Se trata, dijo, de una denuncia que en 2010 formuló un grupo de regidores en contra de la exalcaldesa cuando ya era diputada local, pero que fue reservada por el Ministerio Público, pero la ley establece que en caso de reserva de una averiguación si aparecen nuevos elementos de prueba se reabra el caso y eso fue lo que se hizo.
Eso fue así en función de que el Cabildo, en una sesión donde fue aprobado por unanimidad de los 14 ediles que son, incluido el presidente municipal, determinaron reabrir el tema porque “no encontramos evidencias que satisfagan el interés público particularmente de esa obra, porque es una obra inexistente, nadie la mira”.
Agregó que se trata de un puente que fue proyectado, que fue licitado, que tuvo los pilotes puestos, y por lo cual a la empresa Cecor, SA de CV, le fueron entregados 45 millones de pesos y al final de cuentas no ha dado respuesta.
Entonces, indicó, al ver la poca limpieza con que les entregaron la administración inmediata anterior tomaron la decisión de que se reabriera el asunto, “y no es nada más la licenciada Porras, habría que valorar que ella sale del Cabildo en el 2010 y luego entra Leopoldo Torres y son estas administraciones las que habrán en su momento de aclarar qué pasó con ese recurso que el pueblo de Mina está reclamando”.
Apuntó que la denuncia ya fue reabierta y la Fiscalía Especializada dirá si de los hechos que nuevamente se aportaron, como fue un contrato con Banobras que sólo fue firmado por la alcaldesa, por 69 millones de pesos de los cuales sólo se ejercieron 30, y se presentó un documento de donación de Pemex que dio 15 millones de pesos para la misma obra y que hacen el monto de 45 millones.
El síndico señaló que la deuda que está pagando el Ayuntamiento es de 30 millones de pesos y todavía les quedan 5 años por pagar.
Al preguntarle si no hay temor de que el Ministerio Público les diga que ya prescribieron los delitos que pudieran configurarse en ese caso, dijo no creer que ya hayan prescrito y agregó que todavía está vigente la acción persecutoria en caso de existir algún acto ilícito.
Por su parte, el alcalde, José Luis Sáenz Soto, que también es priista al igual que el síndico, prácticamente se deslindó de esa denuncia, al decir que este es un tema del síndico, que es el responsable de la representación jurídica del Ayuntamiento, así como de la comisión edilicia que él preside, y esto, dijo, lo está manejando con independencia de él, como presidente municipal.
No obstante, mencionó que toda actuación de las autoridades que tienda a asegurarse de que no existe omisión en su actuación por supuesto que se tiene que reconocer porque la obligación como autoridades municipales es precisamente cumplir con lo que marca la ley.
Al preguntarle si la administración de Leopoldo Torres fue omisa en ese tema ante un hecho que no quiso ver, respondió: “seguramente sí estaría en condiciones de afirmarlo en los términos que lo mencionas”.
Agregó que ese asunto del puente impacta a su administración porque hay una amortización todavía de un adeudo. Son alrededor de unos 14 millones de pesos que están pendientes de pago por ese crédito que otorgó Banobras.