No debe usarse para espionaje político o económico
En caso de la comisión de un delito, pudiera estar justificada, opinan consejeros
Jorge Morales
Xalapa
Consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) manifestaron su preocupación por los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que entró en vigor en el país, la cual faculta a las autoridades de procuración de Justicia y de Seguridad Pública —sin el aval de jueces— a geolocalizar personas y recabar los datos de sus teléfonos.
El consejero presidente del IVAI, José Luis Bueno Bello, recordó que hasta hace poco únicamente se podía intervenir las comunicaciones de los ciudadanos mediante mandamiento judicial; sin embargo, ahora sólo basta con que lo pidan otras autoridades a las empresas concesionarias de los servicios.
Por su parte, el consejero Fernando Aguilera de Hombre lamentó que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) —que estaba facultado— no haya promovido una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra dichos artículos, por mayoría de los comisionados.
En su “opinión personal”, Aguilera dijo que “es algo muy delicado” que sin autorización judicial algunas autoridades puedan intervenir comunicaciones de los ciudadanos.
No obstante, también expuso que actualmente se vive una realidad compleja en el país que hace necesaria la intervención pronta y expedita de las autoridades para reaccionar ante la probable comisión de un ilícito.
“Hay que sopesarlo. Si uno se pone en los zapatos de las víctimas o familiares de algún secuestrado o desaparecido, uno quisiera que las autoridades actuaran de inmediato y tomaran las medidas necesarias para lograr ubicar a la persona o saber dónde está”.
Aguilera de Hombre insistió en que en casos de urgencia podría justificarse la geolocalización de un teléfono o la orden para que se recaben datos del mismo, pero esto no debería extenderse a otras cuestiones ilegales.
“Debemos estar vigilantes, a través de las instancias correspondientes y sobre todo, de la sociedad civil, para que sí apliquen la ley cuando sea necesario, pero que no abusen de ella para espionaje político económico”, apuntó.