EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO
Colectivos feministas exigieron a autoridades que, tras girarse una orden de aprehensión y una alerta migratoria contra Patricio Cabezut, se deben desmantelar asociaciones civiles donde se ocultan agresores.
En entrevista en las puertas del Senado, Dulce Gómez y Cynthia Bravo, impulsoras de la Ley Camila, solicitaron a legisladores de Morena exhortar a las autoridades para iniciar acciones legales contra otro grupo de hombres que se han agrupado en asociaciones civiles junto a Patricio Cabezut para la supuesta defensa de sus derechos y los derechos de las infancias, pero simplemente sirven para ocultar abusos, violaciones y traficar influencias.
"Existe una Red de supuestos hombres dedicados a la santería que se han agrupado en una asociación civil denominada 'Más Infancia Feliz', desde la que operan para buscar protección ante las injusticias que han cometido", dijo Cynthia Bravo.
Aseguraron que estas organizaciones y grupos de defensa de agresores contra mujeres se encuentran personajes que sus casos son públicos como son actores y políticos.
Las activistas reconocieron la labor del Ulises Lara al frente de la FGJ CDMX, así como de la candidata al Senado de la República, Ernestina Godoy, sin embargo, acusaron al magistrado Rafael Guerra Magistrado, presidente del Poder Judicial de la CDMX, de no actuar con una red de jueces contra agresores vicarios.
Argumentaron que a pesar de existir una Ley contra la Violencia Vicaría hasta hoy los jueces siguen beneficiando a violentadores, por lo que llevarán su pliego petitorio a candidatos a la jefatura de gobierno de la ciudad de México.
