El Gobierno federal empuja ahora una reforma que le permitiría terminar contratos con empresas privadas de manera anticipada, unilateral y sin resarcimiento de daños.
AGENCIAS
CDMX
La iniciativa que permitiría al Gobierno federal terminar contratos de manera anticipada y sin resarcimiento de daños por "causas de interés público" es contraria a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la libre competencia, establece un análisis del despacho jurídico "Mijares Angoitia Cortés y Fuentes".
En un análisis a la iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados el pasado 24 de marzo de 2023, el despacho considera que de llegar a aprobarse y cobrar vigencia "podría ser combatida a través de un juicio de amparo".
"Existen elementos razonables para sostener que la iniciativa es contraria a diversos derechos fundamentales, como por ejemplo, libre competencia y concurrencia, derecho a libertad del trabajo, derecho a un medio ambiente sano, seguridad jurídica y legalidad.
"De publicarse, podría ser combatida a través de un juicio de amparo. Los plazos para la promoción del juicio de amparo dependerán de cada caso concreto. Dada la magnitud de algunas de las reformas, será relevante analizar en cada caso si se estuviesen violando obligaciones contraídas por el estado mexicano al amparo de diversos tratados internacionales", indica el reporte de la firma.
La iniciativa de reforma modifica 23 leyes, entre otras la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a consideración del despacho "Mijares Angoitia Cortés y Fuentes" afecta contratos con entidades gubernamentales, permisos y concesiones.
Entre otras cosas, la iniciativa contempla la terminación de contratos de manera anticipada y sin resarcimiento de daños cuando se aleguen "causas de interés público", mediante la incorporación de la llamada "cláusula exorbitante" o de terminación anticipada en todos los contratos de adquisiciones y obra pública.
La iniciativa establece que, en los casos en los que sea obligatorio el pago de indemnizaciones, como resultado de procedimientos jurisdiccionales o arbitrales, se pongan límites a los montos para evitar "reclamaciones fraudulentas" en contra del Estado mexicano, así como "indemnizaciones desproporcionadas".
"La iniciativa busca fortalecer la rectoría de la economía por el Estado y el margen de actuación de dependencias de la Administración Pública Federal, tanto en relación con recursos públicos, como en relación con la participación del sector privado en diferentes sectores de la economía.
"Esto, mediante un modelo con mayor intervención del Estado en la prestación de servicios públicos y la realización de obras de infraestructura, dotando al Gobierno federal de facultades más amplias y con más discrecionalidad, lo cual podrá afectar proyectos futuros y actuales y su financiamiento al generar falta de certeza jurídica y seguridad para los inversionistas en México", establece el análisis del despacho.
La iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados y, de aprobarse, pasaría al Senado. En ambos casos, se requieren mayorías simples para la aprobación o desechamiento de la Iniciativa.
