AGENCIAS
CDMX
La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal para que investigue las irregularidades por 9 mil 500 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en Segalmex, Liconsa y Diconsa.
Durante conferencia en San Lázaro, indicó que esta cifra es superior a los 7 mil 600 millones de pesos de irregularidades reportados como parte de la Estafa Maestra, por lo que solicitó a la FGR ordenar medidas precautorias para separar a Ignacio Ovalle, ex titular del organismo de su actual cargo, a fin de evitar que interfiera en la indagatoria.
El 19 de abril pasado, por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Ovalle dejó la dirección de Segalmex y fue designado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y del Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación; su cargo fue ocupado por Leonel Cota Montaño.
Pérez-Jaén señaló que la denuncia, la presentó debido a que desde el pasado 31 de marzo pasado dirigió sendos exhortos a la FGR y a la ASF para que actuaran en torno a los hallazgos de las revisiones de las Cuentas Públicas 2019 y 2020, pero no obtuvo respuesta.
Advirtió que estas irregularidades dan cuenta de un nivel de corrupción inimaginable, porque se refieren a acciones como pagos en exceso, recursos faltantes en inventario, entre ellos maíz, frijol y leche, compra de insumos cuya entrega no pudo ser acreditada, salidas de efectivo no acreditadas y pagos sin soporte documental.
Además, agregó, la Auditoría determinó que Segalmex careció de gobernanza y eficiencia para conducir y gestionar sus actividades y procedimientos operativos y administrativos y no contó con un padrón de beneficiarios completo y con información estructurada, lo que generó duplicidades y que la institución no fuera capaz de acreditar que la totalidad de los beneficiarios cumplieran con los criterios de elegibilidad.
La legisladora informó que el vienes pasado, antes de presentar la denuncia, verificó el estatus de las irregularidades reportadas y hasta ese momento los montos seguían pendientes de recuperar o aclarar.
"No podemos seguir tolerando que un organismo como Segalmex, al cual se le detectó un posible daño al erario por casi cuatro mil millones de pesos desde 2019, que fue su primer año de operaciones, continuó siendo el botín de los servidores públicos (...) Resulta que Segalmex es la cueva de Alibaba Ovalle y sus 40 ladrones", expresó.
Señaló que el caso es de tal gravedad que el 18 de agosto pasado, el Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, informó que se han presentado 38 denuncias ante la FGR por presuntos daños al erario por 9 mil 500 millones de pesos pendiente de aclarar por parte de Segalmex, Liconsa y Diconsa.
La panista solicitó a la Fiscalía que actúe de manera objetiva e inmediata y que aplique todo el peso de la ley en contra de los funcionarios que han desfalcado las arcas públicas en detrimento de los más desprotegidos.
"Está siendo incalculablemente dañino e indolente que la institución encargada de apoyar la alimentación de las y los mexicanos más desprotegidos se haya dedicado, presuntamente, a hacer mal uso de los recursos de todos nosotros mientras a las familias no les alcanza", lamentó.
