Este próximo 26 de septiembre se cumplirán 7 años de la cruel matanza que aun no se termina de resolver.
EL UNIVERSAL
CIUDAD DE MÉXICO
El 26 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudieron a la ciudad de Iguala, en donde "boteaban" para obtener recursos para acudir a la marcha del 2 de octubre en la CDMX.
Como parte de las acciones que los normalistas realizaban, "tomaron" cinco camiones de pasajeros, lo que ya habían hecho en otras ocasiones, para trasladarse de Iguala a la Ciudad de México. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre policías municipales impidieron el paso de tres de los camiones que circulaban por calles centrales y dos más que se encontraban en avenidas periféricas de Iguala.
Según los testimonios de algunos estudiantes que sobrevivieron a esa noche, los policías municipales dispararon en contra de los autobuses en los que viajaban los normalistas. Los uniformados iban acompañados de civiles, que posteriormente fueron identificados como miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Cuando los camiones en los que iban los normalistas transitaban por Iguala otros vehículos se encontraban en las inmediaciones, uno de ellos era un camión en el que se trasladaban los jugadores del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, así como un taxi.
Una playera en donde se muestra a"El Zurdito", uno de los fallecidos de los Avispones
Tras la acción policiaca en Iguala, cinco normalistas, dos futbolistas y una persona que iba en el taxi fallecieron en el lugar. Una veintena más de estudiantes resultaron heridos y 43 permanecen desaparecidos desde ese momento.
¿Por qué atacaron, supuestamente, a los normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014?
Debido a que los estudiantes ya habían tomado camiones de pasajeros en ocasiones anteriores hay dudas en torno a por qué los atacaron los policías justamente ese día.
En el contexto del "boteo" de los normalistas, se encuentra un evento político: María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, daba un informe sobre su gestión al frente del DIF. En ese marco, los policías municipales dispararon en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, pues creían que buscaban irrumpir en el acto de Pineda Villa, por lo que los detuvieron.
En Iguala, la interacción entre el crimen organizado, los ciudadanos y las autoridades era permanente, según demuestran todas las investigaciones realizadas sobre el caso. En su recomendación de 2018 la CNDH comprobó que la noche de la desaparición policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, así como elementos de la policía estatal, la policía federal y la federal ministerial actuaron con miembros del crimen organizado, "bajo el cobijo de la alcaldía de Iguala".
Los Abarca e Iguala
La esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa era operadora financiera de sus hermanos, Alberto y Mario Pineda Villa, conocidos como El MP y El Borrado, quienes ocuparon puestos relevantes en la estructura criminal encabezada por Arturo Beltrán Leyva —hasta que este decidió deshacerse de ellos porque "estaban operando y secuestrando sin consultar", según investigaciones del columnista de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón.
Ante la procuraduría del estado de Guerrero un testigo declaró que el "arreglo" entre Guerreros Unidos y José Luis Abarca y su primo, el jefe policiaco Felipe Flores, lo había concertado la señora Pineda Villa, "quien manda realmente en Iguala".
María de los Ángeles Pineda Villa y José Luis Abarca
Tras la noche de Iguala, los Abarca fueron señalados, por lo que se escondieron en una casa en Iztapalapa, en CDMX, en donde fueron capturados junto a una supuesta cómplice.
Hasta el momento permanecen presos, aunque han interpuesto diversos recursos legales para salir libres, como lo hicieron otros involucrados en el caso Ayotzinapa.
El alcalde de Iguala había pasado en poco tiempo de vendedor de huaraches a dueño de varias joyerías y luego a propietario de una plaza comercial. Su ascenso político fue auspiciado por el exalcalde Lázaro Mazón, quien luego fue secretario de Salud en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero (los nexos del entonces gobernador con la señora Pineda Villa no han sido aclarados hasta la fecha).
Uno de los hermanos Casarrubias indicó que Abarca entregaba dos o tres millones como "aportación bimestral o mensual" al grupo delictivo.
La CNDH recogió testimonios de habitantes que cuestionaban el origen de los recursos de la familia Abarca-Pineda, los cuales les permitieron adquirir más de 30 "inmuebles bajo sospecha".
Guerreros Unidos vs Los Rojos y el caso Ayotzinapa
Sin embargo, existe otra versión sobre el motivo de la detención sobre la detención de los normalistas. Más allá del evento político de los Abarca, algunas investigaciones apuntan a que los camiones que tomaron los estudiantes de Ayotzinapa traían un cargamento de drogas de Guerreros Unidos, por lo que ese grupo junto con los policías -con quienes operaban- creyeron que los jóvenes eran del grupo criminal rival de Los Rojos.
Según la investigación del caso Iguala, que realizó la entonces PGR, Santiago Mazari Hernández "El Carrete", habría enviado, la noche del 26 de septiembre de 2014, a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa a la ciudad de Iguala para generar disturbios al alcalde del municipio, José Luis Abarca, quien tenía vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos, enemigo de Los Rojos.
Lo anterior con base en declaraciones que realizó Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo", integrante de Guerreros Unidos, quien señaló que "El Carrete" le pagó al director de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" de Ayotzinapa, para enviar a los estudiantes a Iguala.
En 2015, los padres de los 43 normalistas pidieron ayuda a "El Carrete" para localizar a los jóvenes.
"Señor Santiago Mazari Hernández, nosotros los padres de familia le pedimos de favor ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijos porque este mal gobierno no ha sido serio con nosotros, al contrario nos ha lastimado con sus mentiras. Nosotros somos gente pobre y han pisoteado nuestra dignidad", señalaron durante una protesta sobre la carretera México-Acapulco.
Además, en las mismas declaraciones de "El Cepillo" se asegura que Bernardo Flores Alcaraz, "El Cochiloco", era miembro de Los Rojos y estaba con los normalistas el 26 de septiembre de 2014.
Por su parte, en su declaración, Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, aseguró también que en el grupo de normalistas iban infiltrados 17 integrantes de la organización de Los Rojos, entre ellos Omar Vázquez Arellano, uno de los sobrevivientes de esa noche y quien posteriormente fue vocero de los normalistas.
Dicha versión ha sido negada por los padres de los 43 normalistas y tampoco ha sido comprobada por las autoridades.
La última vez que se vio con vida a los 43 de Ayotzinapa fue al ser detenidos y subidos a las camionetas de la policía municipal tras el ataque a los camiones de pasajeros.
La verdad histórica del Caso Ayotzinapa
A partir de ahí, se desconoce en dónde están los estudiantes. Pero el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto realizó investigaciones sobre el hecho que apuntaban que los normalistas habían sido incinerados en el río San Juan y el basurero de Cocula, lo que se conoció como la verdad histórica del caso Ayotzinapa.
Peritaje en el basurero de Cocula
Las investigaciones de la noche de Iguala estuvieron a cargo de Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, quien nombró "verdad histórica" a la versión que planteó el 27 de enero de 2015, cuando en conferencia de prensa ofreció un informe sobre los últimos avances del caso Iguala, acompañado de Tomás Zerón de Lucio, quién se desempeñaba como director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
En su mensaje, Murillo Karam se refirió a las conclusiones del caso como la verdad histórica, sustentada en una investigación exhaustiva, profunda y seria, con resultados científicos.
Dicha "verdad histórica" se basa en declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo", presunto miembro de Guerreros Unidos, quien habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", la noche del 26 al y el 27 de septiembre de 2014.
Esa versión es rechazada por los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes aseguran que a sus hijos se les criminaliza por la presunta relación con Los Rojos, la cual niegan.
La "verdad histórica" se cimienta en las supuestas torturas de Tomás Zerón de Lucio, quién se desempeñaba como director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, como sucedió con Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los primeros detenidos y que ahora se encuentra libre, justamente por la tortura que se le practicó.
Actualmente, Tomás Zerón se encuentra en Israel luego de que se emitió una orden de aprehensión en su contra por tortura y manipulación de evidencias en el basurero de Cocula, según lo denunciado por Agustín García Reyes, "El Chereje", otro de los detenidos por la desaparición de los jóvenes.
Alexander Mora, Christian Rodríguez y Jhosivani Guerrero de la Cruz
Como parte de las investigaciones, sólo tres restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa han sido identificados plenamente.
El primero en ser identificado fue Alexander Mora, cuyos restos se hallaron en octubre de 2014 en el río San Juan, junto al basurero de Cocula. Con este hallazgo se trató de fundamentar la llamada "versión histórica" de la PGR de Murillo y Zerón. El Equipo Argentino de Antropología Forense avaló la identidad de Alexander, pero no el lugar en donde fueron encontrados los restos.
Apenas en 2020, los restos óseos de un segundo normalista, Christian Rodríguez, fueron identificados por la Universidad de Innsbruck.
La familia de Alexander Mora, en una navidad
Cocula, la barranca de La Carnicería
El laboratorio de genética de la Universidad de Innsbruck, en Austria, confirmó la identidad del tercer normalista, Jhosivani Guerrero, en septiembre de 2021.Los restos de Christian y Jhosivani fueron encontrados en un lugar diferente al basurero y al río de Cocula, la barranca de La Carnicería.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Debido a la inconformidad de las familias sobre la llamada "verdad histórica", el gobierno solicitó la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para crear el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que investigó el paradero de los normalistas.
Sin embargo, el GIEI, conformado por expertos en derechos humanos, denunció que las autoridades no les daban acceso completo a las investigaciones, lugares y testigos del caso Ayotzinapa. El equipo de expertos realizó dos informes en los que no avalaban la versión sobre la incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula tras sus peritajes independientes y que tampoco se había investigado la línea sobre la droga en el quinto camión de pasajeros.
A pesar del paso del tiempo, la exigencia de justicia de los familiares sólo crece, pues además de que rechazan la llamada "versión histórica", aseguran que el Ejército está involucrado en la desaparición de los jóvenes, lo que constituye uno de los puntos más irreconciliables en la investigación.
A pesar de ello, parece que los familiares de los 43 llevan una mejor relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que con el de Enrique Peña Nieto, aunque el caso Ayotzinapa permanece aún como una herida en
En "verdad histórica" se torturó: Gómez Trejo
En conferencia de prensa a los siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, refirió que las autoridades de la administración anterior incurrieron en tortura y armado de pruebas para armar la llamada "verdad histórica".
Al refutar la antigua versión de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el fiscal encargado subrayó que esto también ya fue concluido por el Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por las Naciones Unidas, por el Equipo Argentino de Antropología Forense y demás organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Gómez Trejo detalló que en la investigación anterior se encontraron indicios de "tortura generalizada", esto, dijo, fue posible a la colaboración con otras dependencias federales, quienes aportaron más de 40 videos en los que se da cuenta de funcionarios públicos interrogando "de manera irregular".
Las grabaciones, además, se suman a declaraciones de testigos presenciales, declaraciones de víctimas, pruebas documentales y la elaboración de protocolos de Estambúl "que corroboran no sólo la tortura, sino su encubrimiento por parte de la PGR".
Aclaró que más allá de la tortura, se encontraron irregularidades administrativas en el caso, tales como la de la diligencia ministerial realizada en el río San Juan, una de las claves para sustentar la "verdad histórica" y en donde presuntamente se encontró un resto óseo, fue falseada en su contenido y hechos, ya que los agentes que firmaron el informe al respecto no se encontraban en Guerrero en ese momento, sino en la Ciudad de México.
También, agregó, se falsearon informes, llamadas telefónicas anónimas, oficios de localización de y presentación, entre otros.
Por lo anterior, advirtió, la unidad de la que está a cargo a iniciado procesos penales por quienes resulten responsables de las irregularidades mencionadas y los delitos que fueron cometidos durante la anterior investigación.
"Porque fue una averiguación previa hecha a modo", acusó.
Finalmente, aclaró que producto del mal manejo de las diligencias, todas las personas que fueron presentadas por la PGR, así como los presuntos autores materiales, fueron exonerados por encontrarse indicios de que fueron torturados.
La FGR es un elefante reumático", reclaman padres de normalistas
A casi siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres de familia reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Fiscalía General de la República (FGR) no camina y es "un elefante reumático" que no ha ejecutado 40 órdenes de aprehensión ni ha logrado traer a México a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal y acusado de haber manipulado el caso.
A su salida de Palacio Nacional, donde tuvieron una reunión con el titular del Ejecutivo, Vidulfo Rosales, abogado los de padres de los normalistas, dijo que reconocieron los hallazgos encontrados en la Barranca de la Carnicería de Cocula y las identificaciones de los restos de estudiantes y algunas de las detenciones.
"La Fiscalía General no está caminando, es como él mismo lo ha dicho, es un elefante blanco que no camina, reumático, pues le dijimos que la Fiscalía es algo parecido. Tenemos ejemplos importantes de que no está caminando uno es que no se están ejecutando las ordenes de aprehensión, no se han ejecutado 40 órdenes de aprehensión desde hace seis meses, no se ha podido traer (de Israel) a Tomás Zerón para su proceso. Hay funcionarios públicos enquistados en la Fiscalía de la anterior Procuraduría General de la República".
Rosales dijo que los familiares de los estudiantes también le manifestaron al presidente López Obrador que no ven avance en la investigación contra elementos del Ejército mexicano que participaron en los hechos del pasado 26 de septiembre de 2014. "Del Ejército lo que decimos es que hay pruebas y datos suficientes que indican que el Ejército estuvo siguiendo a los estudiantes, los estuvieron monitoreando a través del C4, hay un testigo que ya declaró en términos judiciales, que dice que fueron ingresados por lo menos 25 estudiantes al 27 batallón de Infantería, todos estos elementos hacen la presunción que se debe desplegar una investigación exhaustiva contra elementos del Ejéricito, todo eso se le planteó". Rosales dijo que la respuesta del Presidente es que van a valorar y van a revisar esos casos.
"Pero él lo que dice es que ya tenemos avances, que está consciente que falta más, pero se va a seguir avanzando en lo que falta".
- "¿Están inconformes?", se le preguntó al abogado.
- "Sí, pues se reconocen los avances que ya se tienen, pero a los ojos de los padres, a los sentimientos de los padres, pues eso es poco lo que se tiene, no está establecido el paradero con claridad, no se ha esclarecido cabalmente qué es lo que sucedió el día 26 de septiembre y entonces, pues falta mucho".
Dijo que en la reunión también participaron el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero; el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval; el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, entre otros.
