La propuesta de AMLO recibe el visto bueno en la Cámara de Diputados y avanza hacia el Senado.
EL PAÍS
CIUDAD DE MÉXICO
La subcontratación de personal en México va a quedar tocada de muerte. La propuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para limitar esta práctica y endurecer las sanciones a las empresas que esquiven sus obligaciones fiscales y laborales ha recibido en la madrugada de este miércoles el visto bueno de la Cámara de Diputados y ahora avanza hacia el Senado. Peor pagados y con menos prestaciones que el resto de la fuerza laboral, los trabajadores subcontratados ven con esperanza el cambio de modelo, aunque los expertos y el sector privado han advertido de los huecos que quedan por cerrar y han alertado de una posible pérdida de empleos.
La votación en la Cámara ha refrendado la apuesta del Gobierno por 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones. Las modificaciones al marco legal prohíben el outsourcing por parte de la Administración y de las empresas para actividades esenciales o que estén vinculadas a su objeto social. Solo se permitirá para “servicios especializados”. El resto tendrá que ser integrado a la nómina en un plazo de tres meses. Además, las agencias de colocación van a tener que registrarse ante un padrón y renovar el permiso cada tres años. En caso de incumplimiento, se establece una responsabilidad solidaria entre el patrón contratante y la agencia, lo que obliga a las empresas a ser más cuidadosas en el cumplimiento de los pagos.
México cuenta con algo más de cuatro millones de trabajadores subcontratados y su peso se ha más que duplicado en la última década y media. De representar un 8,6% de la fuerza laboral en 2003 alcanzó el 17,3% en 2018, de acuerdo al último censo económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Ese porcentaje es mayor en sectores como el bancario, con un 41% de personal subcontratado, o los medios de comunicación, con un 39%. Las razones para aceptar contratos de este tipo son diversas, desde la desesperación por encontrar empleo a la flexibilidad que ofrecen.
El discurso siempre es el mismo en la entrevista de trabajo. Luis Rodríguez, publicista de 31 años, lo puede repetir casi de memoria: “Vas a recibir más dinero, tú eres el que sale ganando”, le dicen. ¿Qué se vende? Las ventajas de un contrato de outsourcing. Rodríguez ha pasado dos tercios de su vida laboral subcontratado. Como muchos otros jóvenes que salen de la universidad aceptó las condiciones que se le ofrecían. “Trabaja de lo que puedas y muévete” era el mantra familiar, y lo aplicó. Ahora, mientras busca un nuevo empleo desde su pequeño departamento en Ciudad de México, hace cálculos sobre el dinero que habría podido ingresar en prestaciones y ahorros. “No vale la pena arriesgar mi futuro financiero por unos pesos más”, concluye.
Sobre el papel, Rodríguez era empleado hasta febrero de GS Definición SA, aunque en realidad trabajaba para Grupo Salinas, el emporio de Ricardo Salinas Pliego, tercer hombre más rico de México y empresario cercano al presidente López Obrador. Como en sus últimos trabajos en agencias de publicidad, recibía varios recibos de nómina al mes que, por si acaso, todavía guarda en una caja de plástico. Un recibo con su salario oficial de 4.700 pesos, el registrado ante el IMSS, y otro que recogía pagos por concepto de honorarios o bonos hasta llegar a los 18.300 pesos mensuales, unos 900 dólares, que en realidad cobraba.
La estrategia utilizada por empresas como la de Rodríguez, que no ha respondido a las preguntas de este diario, tiene un objetivo claro. Al registrar un salario menor al real ante el IMSS, el empleador contribuye menos de lo que debería a la Afore de sus trabajadores, el sistema de ahorro para el retiro, y las utilidades que reparte también son menores. Las prestaciones representan entre el 3,1% y el 4,1% del salario anual del subcontratado, frente al 7,6% de un empleado normal, según un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) con datos del censo económico para 2019. A eso se suma las remuneraciones, que pueden ser entre el 43% y el 36% más bajas que la media nacional.
El investigador Erik Ortiz, del CIEP, calcula que la pérdida total por el efecto combinado de salarios y prestaciones menores es de entre 43.000 y 61.000 pesos al año. “Es una cantidad significativa para una familia mexicana, por encima del salario promedio del 50% más pobre”, explica. Luis Rodríguez, por ejemplo, estima que tendría al menos 100.000 pesos más ahorrados, unos 5.000 dólares, en su Afore de no haber trabajado subcontratado durante siete años.
Una de las prácticas más comunes es el llamado insourcing, que la reforma del Gobierno quiere prohibir. En este esquema, las empresas crean un filial encargada de la nómina para esquivar parte de sus obligaciones. Esto abre la puerta a la elusión fiscal, según el economista Rodolfo de la Torre, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). “Todo se hace legalmente, pero se evita el pago de impuestos”, explica. “Hay una empresa que concentra todo el trabajo y no tiene utilidades y otra que no contrata y genera utilidades pero no tiene que repartirlas. Separan la actividad para apropiarse de manera indebida de ellas”.
La vulnerabilidad laboral se extiende al despido. En enero, Viridiana Montañés, una profesional de las relaciones públicas de 34 años, fue despedida por la empresa para la que trabajaba a través de un outsourcing. Después de dos años como empleada, le ofrecieron pagarle de indemnización la quincena que quedaba del mes, asegura. “Me dijeron que no había generado ninguna antigüedad porque estaba firmando contratos de seis meses o un año”, dice. No aceptó el trato e interpuso una demanda que todavía está en trámite.
Al abogado laboralista Miguel Fuentes le ha tocado defender a varios empleados en casos como el de Montañés. “Puedes ser despedido muy sencillamente. Las empresas que son tus patrones pueden desaparecer de un momento a otro. Ante un despido no hay quién responda por tus derechos”, explica este abogado. La dispersión del salario entre lo declarado al IMSS y el resto, en forma de honorarios y bonos, también plantea dificultades a la hora de reclamar ante los tribunales una indemnización por el total.
VENTAJAS Y TEMORES EN TORNO A LA REFORMA
La reforma que avanza en el Congreso ha suscitado un intenso debate por sus implicaciones para la economía, en medio de una crisis que se ha llegado a cobrar 12 millones de empleos. En noviembre pasado el presidente López Obrador presentó su propuesta para “poner orden” en la subcontratación de personal. “Se ha usado como una forma de defraudación fiscal y que afecta a los trabajadores al negarles sus derechos laborales”, dijo entonces el mandatario. El sector privado rechazó la propuesta y forzó la apertura de unas negociaciones que se prolongaron hasta la semana pasada y que no han alterado significativamente el corazón de la iniciativa.
Aunque las patronales han terminado por aceptar la propuesta del Gobierno para limitar la subcontratación, el Consejo Coordinador Empresarial se mostró muy crítico en un inicio y alertó del impacto en la creación de empleo en plena crisis económica por el coronavirus y de un aumento de la informalidad, que ya emplea a más de la mitad de la fuerza laboral. El economista Rodolfo de la Torre concede que la reforma supondrá “un costo mayor” para las empresas formales, pero apunta a los beneficios: “De no haberlo hecho en este momento, justo cuando hay más trabajadores buscando empleo, estos estarían aceptando condiciones peores”.
Aun así, la reforma tiene cabos sueltos, sostienen Erik Ortiz y Rodolfo de la Torre. Se deja la puerta abierta, opina Ortiz, a que sigan existiendo violaciones a trabajadores de limpieza o seguridad, que podrán seguir siendo subcontratados al considerarse especializados. “Por lo general son las personas más vulnerables y de ingresos más bajos”, apunta. “La legislación va a remediar algunas cosas, pero no es una solución a que muchos trabajadores busquen en empresas de outsourcing o en la informalidad porque prefieren efectivo a recibir prestaciones”, señala De la Torre.
La regulación en torno al objeto social de la empresa, que define los servicios que podrán ser contratados a terceros y los que no, será clave para medir el éxito de la iniciativa del Gobierno. “Las compañías pueden modificar su objeto social y cumplir con lo que establece la norma”, opina el abogado Miguel Fuentes. Tras pasar la mitad de su vida laboral como empleada subcontratada, Viridiana Montañés tiene sentimientos mixtos sobre la reforma. “Quizás haya empresas que prefieran despedir empleados y que el trabajo de 10 lo hagan tres”, dice. “No sé si es el mejor momento para hacerlo, pero sí creo que tiene que haber una ley que las meta en cintura”.
