Para castigar filtración de fotos de víctimas.
EXCELSIOR
CIUDAD DE MÉXICO
El Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes la Ley Ingrid, que tiene por objeto sancionar penalmente a servidores públicos que de forma indebido difundan fotografías, videos, información reservada o documentos del escenario de un delito o algún hallazgo relacionado con algún procedimiento penal.
Así aprobó el dictamen para reformar el Código Penal local con el que se podrían imponer de dos a seis años de prisión y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a quien incurra en dichos actos.
La adición del Artículo 293 Quáter, señala que “se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”.
Además se precisó que las sanciones previstas aumentarán si la información que se difunde tiene como fin menoscabar la dignidad de las víctimas o sus familiares; se trate de cadáveres, mujeres, niñas o adolescentes, o sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o el estado de salud de la víctima.
El díctamen se realizó a propuesta de iniciativas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las diputadas Isabela Rosales Herrera de Morena, Gabriel Quiroga Anguiano del PRD y Ana Patricia Báez Guerrero del PAN.
