*Enfatiza CNDH tras fallo liberatorio para cuatro militares implicados
*Confía ombudsman en que PGR ejerza su facultad de apelación
El Universal
México, DF
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que la resolución de un juez de liberar a cuatro militares consignados por su presunta participación en el asesinato de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, no es definitiva y confió en que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerza su facultad de apelación.
"La resolución de un juez, liberando a cuatro personas que habían sido consignadas, no es una determinación definitiva; y confío en que la PGR ejerza su facultad de apelación”, dijo el ombudsman nacional tras participar en la Semana Nacional de la Transparencia en la antigua casona de Xicoténcatl.
González Pérez explicó que la CNDH investigó violaciones a los derechos humanos, por ello desde la perspectiva del trabajo realizado por la Comisión a su cargo se acreditaron violaciones a los derechos humanos sobre este caso.
“Emitimos una recomendación y ésta fue aceptada por las tres autoridades destinatarias la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría de Justicia del Estado de México, un documento que fue aceptado y está acreditado. Es todo lo que tendría que decir”, dijo.
En su recomendación la CNDH expuso que en el caso Tlatlaya hubo “violaciones graves a derechos humanos” que lastiman a la sociedad y no deben repetirse.
En cuanto al caso Ayotzinapa, dijo que la investigación de la Comisión sigue abierta, por lo que hasta que concluya emitirá una opinión.
“No hay pruebas contra soldados”
Tras la liberación de cuatro de los siete militares acusados de homicidio por los hechos de Tlatlaya, el abogado y asesor de los elementos castrenses, Juan Velázquez, aseguró que “esa ejecución" es una verdadera invención, pues no existen pruebas en contra de los elementos liberados ni contra los que aún están presos.
En todo el expediente no hay pruebas en contra de los militares; "si hubiera una sola prueba de cargo, continuarían presos", comentó.
Velázquez asegura que las únicas pruebas que hay son los dichos, los testimonios de tres mujeres que la noche de Tlatlaya fueron rescatadas por los militares, porque los delincuentes las hicieron aparecer como secuestradas para protegerlas.
"Las mujeres, quienes iban acompañadas por defensores y representantes de derechos humanos, jamás incriminaron al Ejército mexicano de una ejecución o de una matanza. Fue tres meses después que la mamá de ‘Julia’, como se hizo llamar en un reportaje, cambió radicalmente su versión para imputar la ejecución".
Asimismo, el abogado subrayó que si los militares hubiesen ido a ejecutar, habrían matado a las mujeres; por ello no tiene sentido que hayan dejado a tres sobrevivientes que se pudieran convertir en testigos de cargo.
Por último, lamentó que la gente que ha condenado a los militares no haya leído el expediente detallando que, de los 22 muertos, "todos dieron positivo a disparos de arma de fuego, a drogas y a alcohol; y que se enfrentaron a ocho elementos militares, entrenados, sobrios".
