MÉXICO, D.F., agosto 20 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a la Policía Federal a proporcionar versiones públicas de los informes y documentos elaborados entre el 24 y 30 de septiembre de 2014 en Guerrero sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se trata de bitácoras de servicios y de radio, tarjetas informativas, parte de novedades ocurridas durante 24 horas, órdenes económicas de servicio, dictámenes técnicos, puestas a disposición ante el Ministerio Público entre el 24 y 30 de septiembre; algunos de dichos documentos elaborados con motivo de los hechos ocurridos en los días 26 y 27 de ese mismo mes de 2014.
La Policía Federal había clasificado la información como reservada, al señalar que se trata de datos que forman parte de la averiguación previa que está en curso y difundirla pondría en riesgo las investigaciones, pero el pleno del Instituto decidió abrirla por considerar que se trata de un caso de violaciones graves a los derechos humanos.
Los recursos de revisión fueron turnados a la ponencia de la comisionada María Patricia Kurczyn, que consideró que la información debe entregarse porque el interés en su difusión es mayor al de reservarse.
En alegatos la Policía Federal señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha emitido pronunciamiento al respecto ni el Ministerio Público de la Federación lo ha dictaminado.
Para sustanciar el proyecto de resolución, se llevó a cabo una audiencia de acceso a la información clasificada por la Policía Federal, a través de la cual se identificaron documentos relacionados con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Respecto a información no relacionada con los hechos de Ayotzinapa, se determinó que no es susceptible de reservarse con fundamento en la persecución de delitos e impartición de justicia, porque no se acreditó que estuviera vinculada con alguna averiguación previa.
Sobre los documentos relacionados con el caso de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, fue necesario ponderar dos intereses en conflicto: por una parte el derecho humano de acceso a la información y por la otra, el interés general.
En el proyecto presentado por la comisionada Kurczyn, se consideraron pronunciamientos de la CNDH y del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas referentes a la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
“En este caso el interés de proteger documentales que se encuentra inmersos o guardan relación con la averiguación previa llevada a cabo por el Ministerio Público, se ve superado por la necesidad imperiosa de que la sociedad pueda conocer la participación que han tenido las autoridades, en relación con los lamentables hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, pudiendo además conocer si la autoridad ha actuado con legalidad y en ese sentido, si se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos”, sustenta la resolución.
