*Revela informe publicado este jueves
El Universal
México, DF
La orden fue "abatir a delincuentes" en Tlatlaya. Un informe dado a conocer este jueves por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reveló el mandato bajo el cual tenían que actuar los militares en el Estado de México, donde se registró la muerte de 22 personas el pasado 30 de junio de 2014.
"El mensaje no puede estar más claro: los soldados recibieron la orden de abatir, o matar, a los presuntos delincuentes, con total desprecio por sus derechos humanos y el debido proceso legal", explicó en un comunicado Maureen Meyer, coordinadora del Programa de México de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), basándose en el informe del Centro Prodh.
Ante los hechos, Meyer afirma que el Gobierno mexicano "primero pintó esto como una confrontación y luego como un incidente aislado".
Señaló que el caso Tlatlaya apunta a la necesidad urgente de implementar medidas mayores sobre el uso letal de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.
"La lucha contra la delincuencia no debe suceder a costa del respeto a los derechos humanos", destacó.
Apenas el 25 de junio pasado, en el reporte anual 2014 en materia de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos se informó que la impunidad por la violación de los derechos humanos persiste en México con muy bajos índices de enjuiciamientos o rendición de cuentas en todas las modalidades del crimen.
Emiten cuatro recomendaciones
Cuatro recomendaciones sobre el caso Tlatlaya fueron presentadas, a un año de los hechos, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en conferencia de prensa.
Durante la presentación de un informe sobre el caso, el Centro Prodh planteó la creación de una nueva comisión indagatoria para el caso Tlatlaya en la que participen especialistas institucionales, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e independientes.
Como otra propuesta, el Centro de Derechos Humanos pidió que el Poder Judicial de la Federación resuelva a favor de la víctima y testigo conocido como "Julia" el juicio de amparo que interpuso para cuestionar la extensión de la jurisdicción castrense en el caso Tlatlaya.
Como parte de este punto, propuso que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine la probable inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 37 del Código de Justicia Militar, y planteó la posibilidad de citar a militares a declarar en el fuero civil.
Adicionalmente, en otro aspecto pidió garantizar el acceso de las víctimas sobrevivientes a la totalidad de las causas penales abiertas y pidió abrir al escrutinio social las versiones públicas de los expedientes, por considerar que son graves violaciones a derechos humanos.
El Centro Prodh estableció como cuarta propuesta que se cumplan las medidas cautelares brindadas a la víctima Julia y sus familiares, por considerar que esas medidas no han sido cumplidas en su totalidad, y por considerar la situación de riesgo.
Finalmente informó que una versión ampliada del informe fue enviado a Christoph Heyns, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando que se ordene al Estado adoptar medidas adicionales para garantizar la vida y la integridad personal de la testigo Julia, de su familia y adicionalmente de sus representantes.
El Centro Prodh pidió a la CNDH que no dé por cumplida la recomendación emitida en el caso Tlatlaya hasta que no se aclare la discrepancia respecto del número de víctimas ejecutadas, y la emisión de medidas cautelares.
El dato
El caso apunta a la necesidad de implementar medidas mayores sobre el uso letal de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas, señala la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos.
