Agencias
Ciudad de México
El ministro Arístides Guerrero García propondrá el próximo lunes 12 de enero validar la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que derivó en el decreto del 6 de noviembre de 2020, mediante el cual se extinguieron 109 fideicomisos y fondos públicos, como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y el gobierno federal accedió a más de 68 mil millones de pesos para atender la pandemia de covid 19.
La propuesta se hará mediante siete proyectos que resuelven controversias constitucionales promovidas desde hace cinco años, días después de la promulgación del decreto, por los entonces gobernadores de oposición de los estados de Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán.
Aunque cada gobierno local impugnó distintos aspectos del decreto y alegó afectaciones derivadas de la desaparición de fondos específicos, coincidieron en que la medida vulnera el pacto federal y menoscaba la autonomía financiera de los estados.
Por ejemplo, el entonces gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez (Movimiento Ciudadano), impugnó la desaparición de siete de estos instrumentos financieros: el Fonden; el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; el Fondo Metropolitano; el Fondo para el Cambio Climático; el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, y el Fondo Mixto de Investigación Científica del Conacyt.
Entre sus argumentos, Alfaro y sus pares señalaron que la eliminación de fondos y fideicomisos sustituyó reglas claras para la entrega de recursos federales por un esquema discrecional del Ejecutivo federal, además de invadir ámbitos de competencia concurrente con las entidades, como protección civil, ciencia y tecnología, medio ambiente, seguridad de periodistas y atención a víctimas.
Sólo en las demandas promovidas por los mandatarios de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme (PRI) y de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo (PRD), se impugnó el decreto en general por considerar que afectaba sus facultades de planeación y servicios públicos.
Sin embargo, los siete proyectos del ministro Arístides Guerrero concluyen que las demandas de los estados son infundadas, al sostener que la desaparición de estos instrumentos financieros no implica subordinación ni intromisión en las competencias locales, ya que únicamente modifica los mecanismos de colaboración con la Federación; también reconocen la facultad del gobierno federal para reorganizar sus herramientas de gasto público y de transparencia.
En respuesta a la controversia promovida por el entonces mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el proyecto plantea que realizó manifestaciones genéricas que y “no señaló cómo es que le fueron transgredidas sus atribuciones otorgadas en la Constitución… con el decreto impugnado”.
“La ausencia de afectación a las facultades de las entidades federativas radica en que los fondos y fideicomisos, son mecanismos tendentes a la colaboración por parte de la federación en el ejercicio de facultades coordinadas y el hecho de que la federación modifique el esquema mediante el que efectuará esa colaboración, no impide u obstaculiza que los Estados continúen con el ejercicio de las atribuciones constitucionalmente conferidas”, agrega.
