Los ministros y ministras del Alto Tribunal deciden reanudar labores el próximo 17 de septiembre.
AGENCIAS
CDMX
Los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han decidido poner fin a la suspensión de actividades el próximo martes 17 de septiembre, huelga que mantenían desde el 3 de septiembre como protesta a la reforma en el Poder Judicial, impulsada por el Gobierno federal y aprobada hace dos días en el Senado.
Tras una sesión privada, los ministros de la Corte decidieron regresar a trabajar tanto en el Pleno como en las Salas. La SCJN suspendió sus sesiones hace dos semanas en solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial que secundaron la huelga, en protesta de la reforma que afectará a sus derechos laborales y a su permanencia en el cargo. La medida estipula la remoción de más de 1.700 jueces, magistrados y ministros que serán elegidos a partir del año que viene por voto popular.
La reforma judicial ha tensado aún más la relación de los ministros del Alto Tribunal, con posicionamientos a favor y en contra de la reforma. Las diferencias han agrandado la división que existe en la Suprema Corte desde que comenzara el sexenio. “Siempre en el Pleno ha habido un ingrediente que es el respeto y en ese respeto siempre nos hemos mantenido. Eso nunca se ha violentado”, ha dicho este jueves Yasmín Esquivel, cercana al presidente López Obrador y a favor de la reforma del Poder Judicial. En línea con este posicionamiento también se manifestaron Lenia Batres y su compañera, Loretta Ortiz. Del otro lado, la ministra presidenta Norma Piña, Luis María Aguilar, Jorge pardo y José Luis González Alcántara Carrancá se posicionaron en contra y han acompañado a los trabajadores en sus manifestaciones de las últimas semanas.
“El respeto entre los ministros y ministras siempre ha sido clave, aunque nuestros posicionamientos en los temas de orden administrativo jurisdiccional sean distintos, siempre ha existido un gran respeto, inclusive cordialidad entre nosotros. Eso no se ha violentado. El ambiente en el pleno sigue siendo de respeto”, ha declarado a los medios Yasmín Esquivel a la salida del recinto.
El conflicto entre los funcionarios judiciales y el Gobierno lleva abierto desde que Morena obtuvo una mayoría aplastante en la Cámara de Diputados y una cómoda victoria en el Senado que le permitiría sacar adelante cualquier cambio a la Constitución. Así sucedió, el partido oficialista recabó los votos necesarios para pasar la reforma judicial en ambas cámaras y lo convirtió en un hecho. Los trabajadores del Poder Judicial se lanzaron a las calles e iniciaron un paro de labores y protestas frente a los principales juzgados. Nada frenó que el Gobierno sacara adelante la medida.
En un intento por frenar la reforma, los trabajadores en paro impidieron la entrada de los diputados al recinto legislativo de San Lázaro. La Cámara de Diputados tuvo que aprobar la reforma en una sede alterna, en un deportivo cercano. Este martes, otro nutrido grupo de manifestantes tomó el pleno del Senado para evitar la votación. La sesión tuvo que ser suspendida y los senadores se trasladaron hasta una antigua sede de la Cámara Alta para sacar adelante el dictamen.
El Poder Judicial ha sido de los pocos contrapesos que ha tenido el actual Gobierno en muchas de las reformas que ha propuesto. Las diferencias entre López Obrador y la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, se han convertido en una guerra de poder abierta. Desde que Morena volvió a ganar las elecciones el pasado 2 de junio con una mayoría aplastante, el presidente había dado la orden de que se aprobara la reforma antes de que acabe su mandato el 30 de septiembre. Una vez aprobada a nivel federal, la reforma tendrá que ser aprobada en los Congresos locales. 16 de los 32 Estados del país ya la han incorporado a sus legislaciones.
López Obrador promulgará la reforma judicial el 15 de septiembre
La trayectoria de la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador se cuenta por capítulos. Superada su aprobación por la mayoría de Morena en las dos Cámaras del Congreso federal, el siguiente trámite era que la ratificaran, al menos, 17 de los 32 Estados del país —la mitad más uno—, por tratarse de una enmienda a la Constitución. En un tablero político en que el bloque oficialista, formado por Morena, PVEM y PT, gobierna en 24 entidades, la ratificación de la reforma ya ha avanzado en 18 Congresos locales, horas después de que el Senado concluyó su aval la madrugada del miércoles. Con esto, la nueva ley está lista para que López Obrador la promulgue antes de concluir su mandato y transferir el poder a su sucesora, Claudia Sheinbaum. El mandatario saliente ha anunciado este jueves que la publicará el 15 de septiembre, Día de la Independencia, una fecha que celebra la gesta contra el Imperio español y por la república. López Obrador eligió ese día por tratarse de “una reforma importantísima, es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, a los servidores públicos de los tres poderes, no las élites”, ha explicado en su conferencia Mañanera.
El tránsito final en los Estados sucedió en un solo día. A lo largo del miércoles, las Cámaras de Diputados locales sesionaron cercadas por las fuerzas de seguridad, ante las protestas de ciudadanos y trabajadores de del Poder Judicial que se oponen a la enmienda y que intentaron dar la última batalla para frenar la maquinaria de Morena. Pese a que en algunos Estados las manifestaciones subieron de tono y hubo enfrentamientos directos con la Policía, los diputados lograron sacar adelante la reforma, que propone que todos los jueces, federales y locales, sean elegidos mediante voto en las urnas. Los últimos Congresos en ratificar la enmienda, la madrugada de este jueves, han sido los de Guerrero, Zacatecas y Tamaulipas, todos de mayoría oficialista.
El Congreso de Oaxaca ha sido el primero en lograrlo. Ese Estado retrata un caso paradigmático. La Cámara de Senadores concluyó la aprobación de la reforma al filo de las cuatro de la mañana del miércoles. Menos de dos horas después, la Legislatura de Oaxaca ratificó el dictamen, sin análisis ni debate. Sería importante precisar si en ese Congreso el oficialismo es mayoritario o no, de no ser porque los diputados de todos los partidos, incluidos los de oposición —PAN, PRI y PRD—, aprobaron por unanimidad el proyecto.
La facilidad con que un Congreso estatal avala una ley, máxime si es por el voto unánime de sus integrantes, es reflejo del control político que ejerce un gobernador sobre los partidos de su entidad. El mandatario de ese Estado, el morenista Salomón Jara, ha festejado que su Cámara de Diputados haya sido la primera en “respaldar y avalar” la reforma, “con una votación histórica por unanimidad en la sesión que se realizó de madrugada”, ha comentado en sus redes sociales. “Nuestro reconocimiento a los diputados que caminan del lado correcto de la historia: el de la justicia social”, ha añadido.
Protegidas por los cuerpos de seguridad de sus entidades, las Cámaras de Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Baja California, Baja California Sur, Colima, Yucatán, Morelos, Durango y Nayarit ratificaron la enmienda en el transcurso de la mañana y la tarde del miércoles, no sin numerosas muestras de descontento ciudadano puertas afuera. Los Congresos de Puebla, Tlaxcala, Sinaloa y Campeche han hecho lo propio a altas horas de la noche.
A excepción de Durango, en todos esos Estados gobiernan Morena y sus aliados. El caso de Durango fue parecido al de Oaxaca. Aunque el Ejecutivo es el priista Esteban Villegas, los diputados de su partido se unieron al bloque morenista y le dieron los votos necesarios para la aprobación de la ley.
En Yucatán, ciudadanos y trabajadores del Poder Judicial impidieron por algunas horas que el Congreso sesionara. Por la mañana, manifestantes lograron entrar al recinto legislativo, que estaba protegido por policías, y llegaron hasta el pleno, cantando consignas contra los diputados, a los que llamaron “traidores”. La sesión se suspendió y se reanudó más tarde. Esta vez, bajo un mayor reforzamiento de la seguridad tanto afuera como adentro del recinto, el pleno ratificó la reforma judicial.
En Baja California ocurrió un escenario semejante. Manifestantes irrumpieron en la Cámara de Diputados e ingresaron al pleno. Policías pertrechados con escudos, cascos y toletes intentaron frenar la protesta y golpearon a los concurrentes, varios de los cuales resultaron heridos. La sesión se reanudó más tarde vía remota y la ratificación se consumó. En Baja California Sur, manifestantes también entraron a la sede del Congreso. Tras librar forcejeos con el personal de resguardo del recinto, pudieron ingresar y presenciar el debate. La votación se dio entre protestas de los manifestantes dentro del pleno. Luego llegaron personas para expresarse a favor de la enmienda constitucional, que finalmente fue avalada por la mayoría oficialista.
En Puebla, ciudadanos e integrantes de la judicatura intentaron entrar al Congreso, pero fueron contenidos por policías durante horas. Las comisiones de esa Cámara aprobaron en la tarde la minuta, que fue ratificada en el pleno en una sesión extraordinaria ya por la noche, con protestas cada vez más tensas a las afueras de la sede legislativa.
Los sucesos en estos Estados recuerdan a lo ocurrido en el Senado de la República el martes, cuando decenas de manifestantes irrumpieron en la sede legislativa y lograron meterse hasta el pleno, donde los legisladores debatían la reforma judicial. La sesión fue suspendida y el parlamento tuvo que moverse de lugar, donde finalmente, resguardados tras un nutrido cerco de policías capitalinos, los senadores del bloque oficialista aprobaron la enmienda pasada la medianoche.
Más Congresos locales preparan sus sesiones para votar el dictamen este jueves y el viernes, aunque ya no se requiere para que la reforma tenga efectos constitucionales. En algunos de esos Estados, colectivos ciudadanos no se resignan ante una ley que ya parece inevitable. El abogado Pablo Guízar, uno de los organizadores de una numerosa marcha realizada en Jalisco la semana pasada, intenta conseguir en su Estado siquiera un triunfo simbólico ante la maquinaria oficialista. “Me gustaría que se pudiera replicar la movilización, pero la cosa en los Congresos va tan en fast track que ni han dado oportunidad de socializar u organizarnos. Se ve difícil”, dice en entrevista telefónica. “Pero queremos ir al Congreso, mover al sindicato del Poder Judicial, a las escuelas de Derecho, a quien toque, para, al menos, conseguir una victoria simbólica en Jalisco”, agrega.
La reforma judicial hiere de muerte a la oposición
La oposición mexicana ha quedado herida de muerte, tras la aprobación de la reforma judicial este martes en el Senado. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) han perdido la primera y más importante de las batallas legislativas de una temporada recién estrenada, una prueba de fuego después de la elección del 2 de junio. Tres escaños, incluso uno, eran suficientes para que la oposición detuviera la aplanadora de Morena y sus aliados, en una reforma constitucional como la que planteaba el oficialismo. Pero el frente opositor se deshizo. En un par de semanas perdieron tres senadores, cuatro si se cuenta a Daniel Barreda, de MC, ausente el martes a consecuencia de un extraño episodio que, según él, le obligó a quedarse en Campeche.
La oposición ha perdido la llave del Senado, el número suficiente de legisladores (43), para evitar que Morena, el PVEM y el PT tengan mayoría calificada, necesaria para aprobar reformas constitucionales. A cambio de la llave perdida, PRI, PAN y MC, sobre todo los últimos dos, se quedan ahora con el descrédito. Las viejas prácticas para cooptar votos empleadas por el oficialismo para alcanzar la mayoría calificada quedan ahora en segundo plano. Nueve días bastaron, desde el inicio de la 66 Legislatura, para doblegar al grupo de senadores opositores. El PAN y MC no supieron advertir sus puntos flacos, el mismo Barreda y el senador panista Miguel Ángel Yunes, uno por ausente y el otro por votar a favor de la reforma. El desgaste y el desprestigio de ambos partidos han sido de mayores dimensiones, sobre todo porque la traición apuntaba orgánicamente al PRI, el único que ha resistido.
El voto del senador Miguel Ángel Yunes Márquez y la sospechosa ausencia del legislador Daniel Barreda han dado un golpe mortal a la oposición. Las cartas parecían estar echadas desde que el nuevo Congreso iniciara labores, el 1 de septiembre, en la Cámara de Diputados. Morena y sus aliados mostraron el músculo de su supermayoría a una disminuida oposición, visiblemente disgregada. En la Cámara baja no se perfilaba un escenario distinto al que ocurrió. Con 364 legisladores, muy por encima de los dos tercios del parlamento —la mayoría calificada equivalente a 334 votos— el bloque gobernante se garantizaba la aprobación de la enmienda constitucional. Sin embargo, la falta de unidad en la cancha opositora era evidente. En ese momento el PAN se animaba y decía que ellos eran “la resistencia”, proclama que no pudieron sostener en el Senado.
Con un voto de ventaja, la única esperanza de la oposición estaba en el Senado, y en que los 43 senadores —22 del PAN, 15 del PRI, cinco de MC y Manlio Fabio Beltrones— resistieran los embates y las tentaciones, en vísperas de la discusión de la polémica enmienda, que tiene como punto más controvertido la elección de jueces, ministros y magistrados en las urnas, por voto popular. La campaña emprendida los últimos días por la Marea Rosa y Unid@s, movimientos que agrupan a organizaciones de la sociedad civil críticas con Morena, para presionar a la oposición y comprometerlos a votar en contra de la reforma judicial, fue estéril.
El golpe ha calado por partida doble al dirigente del PAN y senador, Marko Cortés. La deslealtad, según él, ha venido de un militante y amigo, Yunes Márquez. “Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho ‘voy a traicionarlos‘. Hubiera sido más decente”, dijo visiblemente afectado el líder panista, en una de sus intervenciones en el Senado.
Desde el otro flanco de la oposición, el de MC, las suspicacias aparecieron como un ventarrón en medio de la resaca de la derrota. “Pese al embate, la obligación del senador Barreda era asistir a la sesión y votar en contra. Esa era la mejor forma de proteger la integridad de quienes sufren una injusticia en México”, ha publicado Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de MC. El senador Barreda, que no asistió a la votación, presuntamente se mantuvo por horas en una sala de juicios orales en el Estado de Campeche, en apoyo a su padre detenido, de acuerdo con su declaración. Mientras tanto, en Ciudad de México, el Senado ardía y su bancada exponía públicamente la supuesta detención ilegal. Ya entrada la noche, coincidentemente con el inicio de la votación en lo general de la reforma, el emecista pudo salir, sin posibilidades de llegar a la votación.
Las múltiples declaraciones sobre los casos de Yunes y Barreda por parte del operador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, han alimentado el recelo. En el momento de la votación, López dijo: “Para servir al pueblo de México. Y con un saludo al escapista Daniel Barreda, a favor”. El senador lo dijo con el rostro sonriente, que provocó más de una atrevida carcajada entre sus correligionarios.
Las organizaciones de la sociedad civil, también afectadas por la votación en el Senado, se han unido en una especie de campaña para exhibir a los tránsfugas. “Los traidores tienen un lugar reservado en el último círculo del infierno de Dante Alighieri. Porque la confianza rota es una herida que ni el tiempo sana. Ellos son: José Sabino Herrera, Araceli Saucedo, y Miguel Ángel Yunes Linares, por apuñalar a sus votantes y vender a México; y a Daniel Barreda, por haberse ausentado (ir a atender un “asunto personal del papá” no justifica su ausencia)”, se lee en publicaciones que circulan en redes sociales y que han hecho suyas personajes como Claudio X. Gónzalez.
Con la imagen debilitada, la última ofensiva de la oposición ha pasado al terreno judicial. Con el 27% de representación en la Cámara de Diputados, está imposibilitada para presentar acciones de inconstitucionalidad y tratar de detener la reforma. El artículo 105 de la Constitución establece que para interponer este recurso legal se deben reunir el 33% de las firmas de los legisladores de cada Cámara. La misma regla y facultad aplica para las legislaturas de los Estados. Con este panorama jurídico la única esperanza en el Legislativo recae nuevamente en el Senado. Con 41 escaños (descontando a Yunes y Barreda), PAN, PRI y MC pueden presentar, previa aprobación de al menos 17 congresos locales y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el recurso ante el Supremo mexicano, también con facultades para atraerlo de oficio.
