Andrés Salomón Pérez/Boca del Río, Ver.- Regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Boca del Río, solicitarán que la directora del Instituto Municipal de la Mujer, María Josefina Gamboa Torales sea separada de su cargo, mientras enfrenta su proceso penal como presunto responsable del homicidio culposo de un tatuador, aseguro el edil Sergio Lira Escobar.
“Más que pedir su cese, creo que el director jurídico le debe de estar informando al alcalde que en la Ley Federal Laboral exige que una persona que enfrente un proceso penal debe de ser cesado de sus funciones laborales”.
El edil explicó que el Articulo 42 de esa ley detalla que son causas de suspensión temporal de las obligaciones y pagar un salario el arresto del trabajador o que este detenido, por ello esa funcionaria debe de dejar el cargo de Director del Instituto Municipal de la Mujer.
“La ley explica si obtiene su libertad bajo fianza, debe de presentarse a trabajar en un plazo de 15 días siguientes a su liberación, salvo que se le siga el proceso por delitos intencionales”.
Lira Escobar, dijo que la ley es clara y es algo que debe de ponderar el Presidente Municipal y debe de tomar determinación de separarla de su cargo como directora, pues cometió un delito y enfrenta un procedimiento penal.
“Tiene que suspenderla, debe de nombrar a alguien porque su cargo no puede quedar vacio, debe de poner a alguien que se encargue de esa dirección, mientras la titular enfrenta ese proceso penal”.
Por otra parte, el edil dijo que ellos están dando el respaldo a los familiares del joven José Luis Burela López, quien fue atropellado por Gamboa Torales y quien perdió la vida en el hecho, durante las primeras horas del sábado.
"La familia se acerca a nosotros y nos pide que la señora Josefina sea juzgada como una ciudadana más y no haya ningún tipo de trato especial".
El priista hizo un llamado al Presidente Municipal, Miguel Ángel Yunes Márquez, para el Director de Tránsito, al Director Jurídico y demás funcionarios que estuvieron en las instalaciones del Ministerio Público, para que dejen de politizar y entorpecer la aplicación de la ley.
“Deben de dejar de entorpecer y politizar la administración de justicia, así como la diligencias que se realizan por parte de la Procuraduría de Justicia, ya que están cayendo en actos imprudentes sin facultad y competencia para acudir a abogar por esa compañera de trabajo por ser servidores públicos”.
