Yhadira Paredes
Xalapa, Ver.- La directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos dio a conocer que municipios como Cerro Azul, Cosamaloapan y Medellín son los ayuntamientos que mantienen los mayores adeudos al Instituto, poniendo en riesgo los derechos y prestaciones de sus trabajadores de base y sindicalizados.
La funcionaria estatal recordó que fueron interpuestas 69 denuncias por impago, 42 de las cuales siguen vigentes y el resto están concluidas por el convenio de pago.
“Tienen que respetar los derechos de los trabajadores, tenemos trabajadores de base, no solo son de confianza a los que les dejan de pagar, trabajadores sindicalizados que preocupan, pues al no pagar, las prestaciones no se pueden otorgar, que es el caso de Cerro Azul, que paga el actual, pero no el adeudo, Cosamaloapan que no pagó el año 2023, Medellín que tampoco ha pagado”.
La reducción de adeudos al Instituto de Pensiones del Estado ha sido una lucha constante de la actual administración en materia de cuotas y aportaciones de trabajadores por alrededor de mil millones, de los cuales se han recuperado alrededor de 800 millones.
Pero además, se han establecido algunas deudas nuevas con ayuntamientos que entraron en el año 2022, algunos con deuda importante como Medellín, Cosamaloapan, Paso de Ovejas, Cerro Azul.
“Acaba de firmar Minatitlán, que tenía la deuda más grande de los Ayuntamientos, 40 millones de pesos, pagó 12, la alcaldesa (Carmen Medel Palma) tuvo la voluntad política de sentarse con nosotros y el sindicato mayoritario que ganó un laudo. Ese fue el último convenio del año, empezó a pagar”.
Griego Ceballos destacó que el adeudo que se tienen entre los municipios que cotizan al IPE y dos entes es de 187 millones pesos, el Poder Judicial que no debe cuotas y aportaciones sino un recargo de administraciones pasadas y el Tecnológico de San Andrés del que la Secretaría de Finanzas pagó casi 89 millones de pesos.
Finalmente, señaló que desconoce el motivo de impago de las autoridades municipales, aunque el argumento que han dado son sus deudas con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con Comisión Federal de Electricidad (CFE), con Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin embargo, están incorporados y tienen obligaciones patronales.
