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La Dirección Jurídica del Congreso de Veracruz pidió a la Secretaría de Fiscalización del Congreso de Veracruz “concluir” la intervención de la auditoría del municipio de San Andrés Tuxtla, que preside la morenista María Elena Solano Calzada.
En octubre del 2022, el Congreso de Veracruz ordenó la intervención de la tesorería del municipio ubicado en la región de los Tuxtlas, con el argumento que habían detectado irregularidades en la comprobación de obra pública.
Por denuncias ciudadanas el congreso conoció que el subdirector de obras públicas de la pasada administración (2018-2022) repitió en la administración de María Elena Solana Calzada y detectaron que estaba usando recursos públicos del gobierno de Morena para poder solventar observaciones de obras y acciones que se realizaron en el gobierno de Octavio Pérez Garay.
Por lo anterior, se ordenó una auditoría, sin embargo, en el municipio no se proporcionaron datos o información, “no hubo la disposición del Ayuntamiento de mostrar las aclaraciones que se le pedían. La auditoría estuvo 15 días y no se logró nada”.
Por lo anterior, la alcaldesa María Elena Solana Calzada recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde presentó la acción de inconstitucionalidad 248/2022, por la que controvertía la decisión del Congreso de Veracruz de intervenir la tesorería municipal.
La idea era declarar la ilegalidad e inconstitucionalidad del acuerdo de la comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del 19 de octubre del 2022, por el que ordenó efectuar una revisión y análisis financiero y técnico del ejercicio de los recursos asignados al ayuntamiento, correspondiente al periodo 2022 y que incluye los documentos contables, administrativos. La auditoría se inició del 10 de noviembre, hasta 24 meses.
Cuando se votó el acuerdo, partidos de oposición alertaron de que la medida podría ser solo por revanchismo político y no por irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
El secretario de Fiscalización del Congreso de Veracruz, Everardo Domínguez Landa confirmó que la semana pasada se concluyó la intervención de la tesorería a petición del área jurídica del Congreso, sin embargo, evitó confirmar cuál fue el motivo.
“Fíjate que el órgano encargado de todo el proceso (legal) es la dirección jurídica, dependiente de la Secretaría General, hace un par de semanas la dirección jurídica nos ordenó que se tenía que cerrar el proceso y se llevó a cabo”.
Evadió afirmar si en la decisión tenía que ver la sentencia de la Corte, no obstante, aclaró que ellos siguieron la intervención, pues los ministros sólo pidieron “que no se generarán acciones posteriores a la revisión que se estaba haciendo, entonces se continuó”.
Aclaró que entonces la revisión no tenía consecuencias legales en tanto la SCJN no resuelva de fondo la acción de inconstitucionalidad, “piden que se suspendan acciones posteriores (…) cuando un ente recurre a la Corte es para parar todo”.
