Ximena Aguirre
Xalapa
El comisionado del Instituto de Transparencia del Estado de México, José Guadalupe Luna Hernández, advirtió que el acceso a la información es una auditoria previa para los gobiernos y entes públicos, que permiten corregir el rumbo cuando se detecta que algo puede estar mal.
Al impartir la conferencia magistral “Archivos y acceso a la información pública” destacó que en México se impulsó primero la ley de Transparencia ante la falta de credibilidad en las instituciones, pero después vieron que era necesario una protección de los datos personales en posesión de los entes públicos.
Evidenció que se dejó para el final la Ley de Archivos, la cual entra en vigor a partir del 15 de junio, un poco por falta de interés y voluntad pues se debe destinar recursos humanos y materiales. Desde esa fecha, los estados tendrán un año para armonizar sus legislaciones.
“La transparencia se consolidó tanto en nuestro país porque el régimen anterior se encontraba en una circunstancia de descredito generalizado, de cuestionamientos y de falta de credibilidad”, advirtió.
El también coordinador de la Comisión de Archivos en el Sistema Nacional de Transparencia, dijo que la primera reforma dio continuidad a la apertura de la información a los solicitantes, pero sin previa consolidación del modelo de protección de datos personales predominante en la información en posesión de las autoridades y sin el funcionamiento correcto de un modelo de gestión documental homogéneo.
Eso, dijo, provocó quese expusiera información susceptible de protegerse por la causal de confidencialidad, pero también declaratorias de inexistencia de la información, emitidas con ligereza.
El acceso a la información, insistió, genera al final que se ejerzan los recursos de una manera más eficiente, eficaz y con “honorabilidad”.
“La transparencia a veces significa mucha carga de trabajo… pero créanme que la transparencia y acceso a la información es una auditoria permanente de la función pública y nos permite identificar si en algo nos estamos equivocando”.
El comisionado del INFOEM recordó que es deber de las entidades e instituciones documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, para posteriormente archivarlos de manera eficiente y ordenada.
“Permite tomar decisiones a tiempo para mejorar la función de gobierno que tenemos. Puede ser la mejor garantía y apoyo del correcto desempeño de nuestra función gubernamental”.
