* El negro historial de Gilberto “N”, discípulo de Luis Ángel Bravo
Flavia Morales/AVC
Xalapa, Ver.- El trabajo de la Dirección de Servicios Periciales fue ocultar, mentir y negar a los desaparecidos en Veracruz, le queda claro a familiares de colectivos de desaparecidos, quienes cuestionan que mientras el exdirector Gilberto “N” hablaba de ética y valores en las mesas de trabajo de la Fiscalía General del Estado, a sus espaldas no solo ocultaba cuerpos, sino que envió a las fosas comunes a cientos de desaparecidos sin hacer las pruebas de identificación genética.
Gilberto, maestro en ciencias penales y hoy preso en el penal de Pacho Viejo por el delito de desaparición forzada acusado de manipular y ocultar 13 cuerpos hallados en 2016, llegó al cargo el 18 de marzo del 2014, apenas dos meses después de que Luis Ángel Bravo Contreras tomara protesta como fiscal general.
Antes, en 2012 había sido jefe del Departamento de Investigaciones Ministeriales, de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro UECS, y en 2013 fiscal del distrito de Xalapa.
Los colectivos de búsqueda acusaron que durante su encargo se simuló la creación de un banco de datos de ADN para la identificación de desaparecidos y se inhumó irregularmente cuerpos en fosas comunes, violentando los protocolos de inhumación internacionales.
El 23 de febrero del 2017, los colectivos denunciaron que de las más de tres mil denuncias por desaparición, la FGE solo procesó 266 perfiles genéticos de familiares. Durante años, la Dirección General de Periciales mintió y nunca integró un banco estatal ni hizo comparativa de perfiles genéticos con cuerpos encontrados.
Aun con esta denuncia, Gilberto “N” fue nombrado en febrero de ese año fiscal regional de la zona Córdoba-Orizaba, aunque fue removido del cargo en marzo, luego de la presión de los colectivos. El caso de Carlos, Nayeli, Gemma y otras decenas de desaparecidos, son ejemplo de la negligencia de la Dirección General de Servicios Periciales.
En enero del 2016, cuando la FGE documentó que el entonces director de Periciales ordenó manipular y ocultar cuerpos en el lugar conocido como La Barranca, a la par envió a la fosa común a Carlos aun cuando existía denuncia por desaparición.
Alicia denunció la desaparición de su hijo el 7 diciembre del 2015. Aunque el cuerpo apareció en enero del 2016, fue hasta junio cuando le notificaron del hallazgo.
Aunque tenía reporte de desaparecido, fue enterrado en una fosa común. Pasaron cinco meses para identificar el cuerpo y notificarle formalmente.
La recuperación de su hijo fue un largo camino de burocracia. En dos ocasiones, la juez de control, Verónica Portilla Suazo, le negó la exhumación del cuerpo, solo porque Alicia solicitaba la intervención de un perito independiente para la identificación, ante la desconfianza en la autoridad.
Anayeli Jiménez Hernández desapareció el 25 de febrero de 2012, sus restos fueron localizados dos días después en Barranca Grande, municipio de Cosautlán.
La Fiscalía no reportó el hallazgo del cuerpo a los familiares a pesar de tener iniciada una carpeta de investigación por desaparición. Entregó el cuerpo el 15 de septiembre del 2015, es decir, tres años y 8 meses después del hallazgo. Además, a la familia no se le permitió elaborar un peritaje externo al cuerpo para corroborar su identidad.
El abogado y acompañante de colectivos, Abiram Hernández, relata que la familia fue presionada para aceptar el cuerpo directamente en el panteón donde se iba a exhumar, bajo amenaza de que si no, iría nuevamente a la fosa común.
EL CASO DE GEMMA MÁVIL QUE DESTAPÓ LA CLOACA
Otro caso es el de Gemma Mávil, secuestrada el 3 de mayo del 2011, y cuyo cuerpo lleva más de cinco años extraviado entre Servicios Periciales y fosas comunes.
Solo unos meses después de su desaparición, su cuerpo fue hallado junto a otros ejecutados, pero apenas en 2016 le notificaron a su padre, Pedro Mávil, que habían identificado a su hija a través de las huellas dactilares.
A pesar de que por el secuestro de su hija hubo dos detenidos, nunca le notificaron el hallazgo ni más avances de la investigación: “Yo sostenía reuniones en la Fiscalía y buscaba a mi hija, sin saber que su cuerpo estaba a unos metros”.
“Seguimos padeciendo incertidumbre, más dolor, por la negligencia de la autoridad que no ha hecho su trabajo conforme lo establecen los lineamientos nacionales e internacionales en lo jurídico, no tendríamos por qué estar buscando el cuerpo”, señaló el padre de la joven en entrevista.
Este hallazgo destapó la cloaca en la Dirección de Periciales. La tercera exhumación fallida de Gemma Mávil en septiembre del 2016 en el panteón Palo Verde permitió conocer el desorden: Los cuerpos fueron depositados en bolsas negras, y no en cajas como había señalado el fiscal y no tenían ningún tipo de identificación dentro de la fosa.
Además se descubrió que en la fosa común y en privadas del panteón Palo Verde la Fiscalía había depositado al menos 192 cuerpos en los últimos seis años, sin cumplir con los protocolos de inhumación y de identificación, pues se carece de un registro de localización.
EL LIBRO DE PERICIALES PERDIDO
A finales de julio del 2016, integrantes de los colectivos solicitaron el permiso para acceder a los registros periciales, y se corroboró lo que temían: no había orden ni registros recientes en los libros sobre los cuerpos sin identificar.
“Ahí deberían estar el 100% de los cuerpos, sea por muerte violenta, la ley marca hacer la necropsia, deberían tener un registro cuando son personas identificadas, igual sucede con los no identificados, no existen”, señalaron entonces.
Los colectivos denunciaron que el desorden llegaba a tal grado que el libro de Periciales del 2011 donde se encontraba el registro de personas enviadas a las fosas comunes estaba desaparecido.
Entonces Gilberto “N” ofreció a los colectivos reconstruir el libro con las bases de datos que existían en las computadoras. Carlos Saldaña del colectivo Enlaces Xalapa revela que su sorpresa fue mayúscula cuando en una reunión les contó que había encontrado el libro perdido, pero además había reconstruido uno nuevo.
Carlos cuenta que el libro contenía la información de personas halladas muertas entre mayo del 2011 y 2012. “Me da rabia, tristeza de ver lo que hemos vivido en el Estado con estos funcionarios, cuando quisimos acceso al libro no existía, luego cuando nos presentaron los dos libros no coincidían, muchos ni siquiera tenían los datos completos de identificación, algunos ni siquiera fotos, era imposible identificarlos”.
Para Carlos lo acontecido durante la administración de Gilberto es una burla, pues incluso se les convocó a una muestra masiva de tomas de ADN, que nunca fueron procesadas.
La exigencia desde entonces y ahora es exhumar los restos en fosas comunes para elaborar perfiles genéticos, lo que abre la esperanza. “Solo Dios sabe dónde están los cuerpos de nuestros familiares”.
LUIS ÁNGEL BRAVO, EXFISCAL, TAMBIÉN CULPABLE
A consideración de Abiram Hernández, a Gilberto se le tiene que investigar también por estas negligencias: “Si lo sabía es muy grave porque lo ocultó, pero si no lo sabía es peor, porque de qué clase de director estamos hablando”.
Su detención también es la oportunidad para llamar a cuentas al fiscal Luis Ángel Bravo porque en el nivel jerárquico, él era su jefe directo y daba órdenes.
“Era el responsable de vigilar qué estaba pasando ahí, no puede lavarse las manos y decir que el de atrás paga cuando tenía un cargo y una responsabilidad, es momento de llamarlo a cuentas”, dijo.
Señaló que el caso de La Barranca, en Emiliano Zapata, consta en carpetas de investigación y que se pidió al fiscal Luis Ángel Bravo su intervención. “Ahora entendemos por qué nunca se hizo una inspección a fondo ni una búsqueda seria”.
Insistió que hay una cadena de mando que debe ser investigada por estas omisiones y que se debe llamar a declarar por fin a los culpables.
Por su parte, Lucía Díaz Genao, del Colectivo Solecito, consideró que durante años, el trabajo de Servicios Periciales ha sido ocultar, esconder y negar, “no se ha hecho un trabajo profesional ni serio”.
Afirmó que el caso de La Barranca y de las irregularidades en Periciales se discutió en mesas de trabajo en innumerables veces, y cuestionó que no solo hay responsabilidad de Luis Ángel Bravo, sino también del exfiscal Amadeo Flores Espinosa.
“Él está tan fresco como lechuga, cuando directamente cometió omisiones graves, a una compañera incluso le dijo que no podía meterse en territorio de Los Zetas”, dijo.
Consideró que Amadeo debe estar en la cárcel, pues veía a las víctimas como “basura”. “Era tan indiferente, a él también lo deben investigar”.
La activista señaló que las denuncia de la Fiscalía no son nuevas, solo se está demostrado lo que ya se había denuncia por parte de los colectivos.
En agosto del 2016, el fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, acusó que a su arribo encontró un “desorden” en Servicios Periciales con respecto a la identificación de los cuerpos encontrados sin vida, circunstancia que complicó la búsqueda de personas desaparecidas para las familias.
En ese entonces, explicó que a partir del 2014 cuando asumió el cargo adquirieron plataformas de software que permitieron ordenar y guardar la información en el Banco de ADN de cada uno de los cuerpos encontrados.
“Hoy no hay duda, trabajamos con un software que dona la Cruz Roja, trabajamos en la culminación de un panteón ministerial, para poder poner perfectamente bien todos los cuerpos que se inhuman”, dijo entonces.
El 12 de septiembre del 2016, reconoció que hubo movilizaciones ilegales de cuerpos en el panteón municipal Palo Verde, y no descartó que pudieran haber participado elementos de la Policía Ministerial.
El fiscal reconoció que se estaba poniendo orden en el banco de datos de ADN de personas desaparecidas para no tener problemas al contrastarlos con cadáveres encontrados en fosas clandestinas u otros lugares.
Pero la versión fue desmentida apenas unos meses después. En febrero del 2017 AVC Noticias documentó que durante los últimos años, miles de familias de desaparecidos se tomaron muestras de ADN para integrar un banco estatal, con la esperanza de que los perfiles genéticos fueran comparados con los cuerpos hallados sin identificar, sin embargo la Fiscalía General del Estado (FGE) les mintió, nunca procesó las muestras, nunca hizo los perfiles ni las confrontas.
La Dirección General de Servicios Periciales simuló procesar los perfiles y envió miles de cuerpos como no identificados a fosas comunes sin cruzar la información con los familiares en búsqueda de desaparecidos.
En ese entonces los colectivos solicitaron castigar con cárcel las omisiones de los funcionarios públicos que fueron negligentes, y nunca procesaron las muestras para realizar los perfiles genéticos ni los integraron al banco estatal de datos de ADN.
DIFIEREN AUDIENCIA DE EXFUNCIONARIOS DE FGE
La audiencia programada para este jueves, donde la defensa jurídica del exdirector de Servicios Periciales, Gilberto “N”, y la exdelegada de la Policía Ministerial, Carlota “N”, pidió interrogar a tres testigos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a un testigo propio, fue diferida pues los testigos no se presentaron.
Cabe recordar que en la causa penal 80/2018, la FGE acusó a ambos exfuncionarios de ocultar y manipular al menos 13 cuerpos encontrados en el lugar conocido como La Barranca, en Emiliano Zapata. En el caso de uno de ellos se simuló el hallazgo en otro punto en el municipio de Alto Lucero.
La defensa de los exfuncionarios pidió interrogar a dos policías ministeriales y un perito de la FGE sobre estos hechos que se les imputan.
También pidió llamar a un testigo en favor suyo. La audiencia de desahogo de pruebas estaba programa a las 9:00 de mañana de este jueves, pero ninguno se presentó.
Cabe recordar que la jueza Mónica Segovia Jácome, del penal de Pacho Viejo, dio un año de prisión preventiva como medida cautelar a estos ex funcionarios.
El próximo lunes se desarrollará la audiencia para citar a los testigos del caso y luego por la tarde la jueza tendrá que realizar la continuación de vinculación a proceso de los ahora imputados.
Cabe recordar que de acuerdo a la carpeta de investigación de la FGE, en enero del 2016 fueron hallados 19 cadáveres en el lugar conocido como La Barranca de la Aurora, en Emiliano Zapata, sin embargo Gilberto “N” y Carlota “N” habrían dado instrucciones para que solo se reportara el hallazgo de seis cuerpos; uno más, el del policía David Lara, fue manipulado para simular su hallazgo en otro punto.
Hasta el momento se desconoce la ubicación de los 12 cuerpos restantes, pero se presume que fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública.
La carpeta de investigación de la FGE se sustenta en testimonios de peritos y policías ministeriales de identidad reservada, documentos y fotografías; Carlota “N”, ordenó que se manipulara el informe del hallazgo, y Gilberto “N” ordenó que se manipulara el cuerpo del policía David Lara para hacerlo aparecer en otro lugar.
