* En 11 penales de Veracruz
Flavia Morales/AVC
Xalapa, Ver.- En diciembre del 2017, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CNDH), advirtió al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares sobre las condiciones de autogobierno, cobro de piso y hacinamiento en 11 penales de Veracruz. La CNDH emitió la recomendación M-08/2017, donde advierte que grupos de internos ejercen control sobre otros reclusos en al menos cinco Centros de Reinserción Social (Ceresos) y realizan cobros para recibir protección, ocupar una estancia, acceso a la visita íntima, alimentos y no realizar tareas de limpieza. Incluso le pidió al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares la designación de un funcionario con capacidad de decisión para entablar un diálogo permanente con personal del Mecanismo Nacional, para dar seguimiento a seis recomendaciones sobre atención y gobernabilidad en Ceresos de Veracruz.
AMATLÁN ESTABA EN LA LUPA
Los Ceresos observados fueron: Centro de Reinserción Social en Amatlán de los Reyes, donde este sábado se reportó un motín que dejó ocho personas muertas, Acayucan, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Misantla, Papantla, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tuxpan, Xalapa y Zongolica, todos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública. En su informe, la CNDH advierte que el autogobierno favorece toda clase de abusos de los grupos de poder que ejercen el control de los establecimientos, lo que genera un ambiente de violencia al interior de los centros, la extorsión, el tráfico de sustancias prohibidas y el cobro por privilegios y tratos especiales para algunos internos. “Los cobros propician la proliferación de actos de corrupción en los que pueden participar internos y servidores públicos para obtener beneficios económicos a costa de las necesidades de los demás reclusos”, señala el documento. Además se documentó que el personal de seguridad, vigilancia y custodia adscrito era insuficiente para mantener el orden y la disciplina al interior de los reclusorios y no se garantizaba la integridad física de las personas privadas de la libertad. “Situación que se agrava por la ausencia de programas para prevenir, y atender situaciones de emergencia o de eventos violentos, tales como riñas, antimotines o fugas”.
SIN CONDICIONES NI DIGNIDAD
En una visita a los Ceresos, por parte de personas del Mecanismo Nacional y seis servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz, detectaron problemas de hacinamiento y sobrepoblación, suministro de alimentos insuficiente y de mala calidad, instalaciones en malas condiciones, falta de instalaciones para mujeres, falta de personal de seguridad, falta de programas preventivos.
En los Ceresos de Misantla, San Andrés Tuxtla y Poza Rica, la CNDH documentó sobrepoblación y condiciones de hacinamiento “que afectan la calidad de vida de las personas privadas de la libertad, condiciones que menoscaban el respeto a la dignidad humana y constituyen una forma de maltrato, debido a que el espacio vital y los servicios son insuficientes, lo que también agudiza los conflictos interpersonales que pueden derivar en riñas y otros eventos violentos”.
MAFIAS INTERNAS
Además detectó en los Ceresos de Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Poza Rica, San Andrés Tuxtla y Tuxpan, grupos de internos que ejercen control sobre otros reclusos, áreas de privilegios y cobros de cuotas. En general, en los Ceresos de Acayucan, Amatlán, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Misantla, Papantla, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tuxpan y Xalapa –Pacho Viejo–, se denunciaron falta o insuficiencia de servicios médicos.
El informe agrega: “También se detectó a personal médico que no practica la certificación de integridad física a los internos sancionados, no los visita para verificar su estado de salud y/o no supervisa la elaboración de los alimentos y las condiciones de higiene del establecimiento”.
DUARTE NO ATENDIÓ
Las irregularidades se detectaron durante la elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2016, y aunque fueron enviadas al entonces gobernador Javier Duarte, las recomendaciones no se atendieron, por lo que fueron remitidas al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien tampoco dio respuesta. La CNDH realizó seis recomendaciones para la alimentación adecuada, instalaciones apropiadas, instalaciones para mujeres, sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno y servicio médico. También recomendó al gobierno de Veracruz actualizar o emitir un reglamento para los Ceresos del Estado de Veracruz, de conformidad con la normatividad vigente, en un plazo de seis meses, informando trimestralmente al respecto. CNDH detectó actividades ilícitas en penal de Amatlán.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el 2016 ya había puesto al descubierto las irregularidades en los Ceresos de Veracruz.
AVC Noticias documentó este informe donde se califica a Veracruz con 6 en el cumplimiento de la normatividad. Ahí se reveló que en el Cereso de Amatlán, donde apenas el sábado hubo un motín, había problemas de sobrepoblación, insuficiente personal de seguridad y custodia, y presencia de actividades ilícitas. Además, insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos; falta de equipamiento e higiene en cocina y comedores.
MÁS DE 30 QUEJAS
En 2016, la CNDH reportó que se interpusieron 33 quejas presentadas ante CEDH y la Fiscalía General del Estado por condiciones de violaciones a derechos humanos. La situación también era conocida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien a raíz del motín del sábado, informó que el penal de La Toma en Amatlán tiene 13 quejas, de las cuales diez están en fase de integración.
Apenas en febrero pasado abrió una queja de oficio por la queja de familiares, quienes denunciaron maltrato de parte del director y cobro de piso al interior del reclusorio.
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares también conocía de la peligrosidad al interior del penal. En diciembre del 2016 anunció el trasladado de dos líderes zetas: Josele “N”, conocido como el Chichi, y Manuel “N”, el Cachorro, recluidos en el penal La Toma, en Amatlán. Un amparo impidió el traslado hacia el penal de Pacho Viejo, pero nunca informó que el traslado no se realizó. En conferencia de prensa el 25 de diciembre del 2016, el gobernador indicó que ambos internos operaban actividades delincuenciales desde el penal La Toma a lo largo del corredor Amatlán de los Reyes-Orizaba.
“Teníamos acreditado que desde ese penal se llevaba a cabo la coordinación de actividades delictivas que afectan de manera severa a la zona, al corredor que va de Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín, Orizaba, Ixtaczoquitlán y toda la zona conurbada”.
RECONOCE MAYL DESCONTROL
En la conferencia con el Grupo de Coordinación Veracruz, la cual se desarrolló en las instalaciones de la Primera Región Naval, el mandatario reconoció que había descontrol en el manejo de los penales, por lo que el Gobierno del Estado tomará su control a partir del mes de enero ( 2017).
“El tema de los penales es un tema que nos preocupa, efectivamente hay un descontrol, el estado debe tomar control, y estamos tomando las decisiones para hacerlo a partir del mes de enero”, finalizó.
En ese entonces, Yunes Linares resaltó que el traslado de Josele “N” y Manuel “N” estuvo a cargo de más de 100 elementos de la Secretaría de Marina, Policía Federal, Policía Estatal y Fuerza Civil y transcurrió sin incidentes. Sin embargo, nunca informó que el traslado no se concretó y ambos líderes seguían en el Penal La Toma. Fue este domingo, después del motín del sábado, cuando en conferencia de prensa reconoció que estos dos delincuentes vinculados al cartel de Los Zetas continuaban en Amatlán de los Reyes, y justamente el traslado de ellos junto a otros dos delincuentes fue lo que provocó el motín.
INCERTIDUMBRE ENTRE FAMILIAS
Hasta la presidencia municipal llegó la viuda del policía municipal Cirilo del Ángel Fernández, fallecido en el motín del penal La Toma en Amatlán de los Reyes el pasado sábado. Intentó hablar con el alcalde Igor Rojí López, pero no hubo respuesta. La mandaron al Jurídico, ella asegura que no le han dicho nada sobre cómo apoyarán al sostenimiento de sus tres hijos.
Todavía llorosa por el deceso de quien fue su pareja y padre de sus tres hijos de 17, 13 y 7 años de edad, todos estudiando, fue a pedir que la recibieran para saber de qué forma le ayudarán al sostenimiento de los pequeños, porque asentó que hasta ahora, nadie le ha dicho algo al respecto, y tampoco la han querido recibir ni el director de Gobernación, Juan Ramón Herebia, ni el alcalde Igor Rojí. Este último dijo que estuvo ocupado por la mañana, pero que sí se atenderá a la viuda.
PIDE ONU MEDIDAS PARA EVITAR MOTINES
EL UNIVERSAL
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNO-DC) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron los hechos ocurridos en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, Veracruz.
Demandaron a las autoridades que “desarrollen a la mayor brevedad posible una investigación exhaustiva, independiente e imparcial que permita el juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos”.
Recordaron que como parte de la obligación de garantizar los derechos humanos en lugares de privación de la libertad, los traslados deben ser planeados y ejecutados con estrategias para proteger los derechos de los internos y la vida e integridad de las autoridades que participan en estos operativos.
Hicieron un llamado para que las autoridades estatales adopten las medidas para garantizar que no se repitan hechos como los ocurridos en Veracruz, donde ocho personas fallecieron, entre ellas dos policías estatales, dos policías municipales, un custodio, un policía del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz y dos internos. Otras 60 personas tendrían lesiones de distinta consideración.
Informaciones preliminares apuntan que los funcionarios que fallecieron en los hechos eran parte del grupo que participaría en el traslado de varios reos a otras prisiones.
NOMBRAN NUEVA DIRECTORA
Tras el escándalo surgido por el motín desatado dentro del Centro de Readaptación Social La Toma, un nuevo director tomará el cargo al frente del penal.
Trascendió que la mañana de este martes llegó como nueva directora María Elena Álvarez Rincón, en sustitución de Valentín Hernández Santiago, quien se encuentra retenido sujeto a investigación por la revuelta surgida entre internos el pasado sábado y que dejó un saldo de ocho personas muertas.
Álvarez Rincón, originaria de la ciudad de Córdoba, cuenta con amplia experiencia en la administración y normatividad del Centro de Reinserción Social, ya que ha laborado en este penal desde hace años.
Se espera que en las próximas horas la titular se reúna con familiares de los reclusos, quienes desde hace días han exigido dialogar con alguna autoridad para conocer la situación de sus presos.
