* El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó ser extraditado a México para enfrentar las diversas acusaciones en su contra, las cuáles calificó como irrisorias
REDACCIÓN
GUATEMALA.- Un gobierno fallido, el de Miguel Ángel Yunes Linares, fue el calificativo que el ex mandatario veracruzano Javier Duarte de Ochoa, dio a la actual administración estatal de Veracruz, durante la celebración de la segunda audiencia que se le realizó en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, en Guatemala, donde además el veracruzano señaló que las acusaciones en su contra son “infundadas, vagas y ligeras”.
En dicha audiencia, Javier Duarte aceptó la extradición del Gobierno Mexicano, para venir a hacer frente a dichas acusaciones, en la que se le imputan al menos cinco delitos del fuero común, los cuales negó. No obstante, el juez Saúl Martínez informó que de inmediato se acoge la solicitud de extradición del gobierno mexicano.
Durante la audiencia se le sustentaron dos órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General de Estado (FGE), por el desvío de 220 millones de pesos de la Comisión Estatal de Agua de Veracruz (CAEV), y el uso de un helicóptero propiedad del gobierno del estado, cuando ya no era funcionario público; hechos por los cuáles se le imputaron los delitos de incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias, abuso de autoridad y coalición.
En respuesta, Duarte señaló que las acusaciones son irrisorias, puesto que ya no era funcionario público cuando usó un helicóptero del gobierno estatal, por lo que no se le puede acusar de incumplimiento de un deber y tráfico de influencias; “se me hace irrisorio gastar el tiempo de este tribunal y del sistema penal guatemalteco”, puntualizó.
Duarte cuestionó que el gobierno de Veracruz no lo acuse por los miles de millones de pesos que “se han llenado la boca “ diciendo en la prensa y los medios de comunicación, sino por depositar 220 millones de pesos de una cuenta del gobierno del estado a otra del gobierno, “ Es decir no hay una extracción del dinero púbico, y aparte que esa transferencia está fundada en oficios donde no participé, no firmé, el gobernador del estado no tiene esa competencia, para eso existen los secretarios de cada una de las dependencias”, respondió
Esta es la segunda audiencia celebrada al ex gobernador, en la primera rechazó la extradición y argumentó que era necesaria una solicitud formal del gobierno mexicano. La solicitud formal llegó el pasado 7 de junio, ahí se le acusó de millonarios desvíos, tanto de recursos públicos como federales.
Yunes politiza acusaciones
La política en México no puede ni debe ser factor en el ámbito judicial, señaló la defensoría de Javier Duarte de Ochoa en un comunicado emitido tras la audiencia que el ex gobernador sostuvo ayer martes en Guatemala.
En dicho documento, la defensoría señaló que ha habido acusaciones mediáticas, como las de la compra de medicamentos apócrifos, misma que no pudo sostener en materia judicial a pesar de las campañas mediáticas a través de redes sociales.
Insistió en que estas acusaciones son ligeras, vagas e infundadas, para desprestigiar a Duarte de Ochoa y mantenerse en el objetivo de que uno de los hijos del actual gobernador sea su sucesor en 2018.
Agregó el comunicado que el actual gobernador pretende “vivir de una acusación infundada” y con ello distraer la atención de los veracruzanos respecto de la “fallida” administración que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares.
Por ello, por el tinte político y la falta de sustento en estas acusaciones, dijo, es que se aceptó la extradición por los delitos que le señala la Fiscalía General del Estado, por considerar que estas se caerán por su propio peso, “como un castillo de naipes”.
Duarte podría llegar en Julio
Si el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa acepta la extradición a México por los delitos federales de delincuencia organizada y lavado de dinero, en la próxima audiencia del 4 de julio, podría llegar México entre el 11 y 12 de julio y será presentado a un juez federal en el reclusorio norte.
Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que de lo contrario el proceso de extradición desde Guatemala continuará hasta 6 o 12 meses.
Recordó que estos delitos se le siguen en el Quinto Tribunal en materia de sentencias penales, narcoactividad y derechos ambientales, y la audiencia será la próxima semana.
