Agencias. Veracruz, Ver. Cuando los elementos de la Marina que habían detenido a Korina y Denise se dieron cuenta que eran pareja, las agresiones sexuales aumentaron al igual que los insultos “por lesbianas”.
Ellas estuvieron cinco años en una cárcel acusadas de delincuencia organizada, aunque fueron detenidas cuando estaban en casa de Korina sin ninguna prueba y las torturaron abusando sexualmente de ellas y violándolas.
Su caso no es único. Según el informe de Amnistía Internacional “Sobrevivir a la muerte”, en una encuesta realizada a 100 mujeres que se encuentran detenidas en penales del país, cerca de 72 por ciento han sido víctimas de violencia sexual durante las horas siguientes a ser detenidas.
De acuerdo con el Centro ProDH la tortura sexual es una práctica institucionalizada que se realiza contra las mujeres por razón de género, pues se apropian de su cuerpo con la finalidad de hacerles firmar declaraciones, generar presión hacia los acompañantes varones y “castigan” a quienes no cumplen los roles que se esperan.
“Los actos de tortura sexual cometidos por agentes estatales evidencian patrones machistas y patriarcales, y entre las finalidades pueden estar, además de las ya mencionadas: ser un botín de guerra o venganza en el marco de un conflicto; lograr control social y sembrar terror; fabricar culpables o destruir la integridad de la persona”, indica en su informe Tortura sexual en México, contexto, prácticas e impactos.
Además del caso de Korina y Denise, originarias de Veracruz, detenidas en Tabasco y entregadas a la Procuraduría General de la República en la entidad, en el estado se han presentado otros casos de tortura sexual hacia las mujeres que se han hecho públicos.
Claudia Medina ha sido una de las mujeres que han sobrevivido a las violaciones y abuso sexual que la sometieron los Marinos cuando la detuvieron en su casa y la inculparon de ser parte de una red de narcotráfico.
Además, a ella le hicieron realizar trabajos forzados que son parte del rol de género que se espera de una mujer, pues la hicieron lavar la ropa de las personas que la torturaban.
A eso le tuvo que sumar los toques eléctricos en partes íntimas, los golpes, las burlas, las humillaciones, los golpes y un largo proceso penal en el que se encuentra en libertad pero aún busca que se castigue a los elementos de la Marina que abusaron de ella.
Las prácticas de tortura y tortura sexual se encuentran prohibidas en el país por diversas leyes como la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Convención Americana de Derechos Humanos, Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Además, de todos los convenios y leyes que prohíben la violencia hacia la mujer.
De acuerdo con el Centro ProDH los actos de tortura aumentan en lugares donde las fuerzas castrenses realizan labores de seguridad, por lo que inclusive existe una recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
“En el último informe del Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (…) hace mención a una prevalencia de la violencia sexual hacia las mujeres en regiones donde el Ejército o los funcionarios encargados llevan a cabo operaciones contra la delincuencia organizada. En este sentido, el proceso de militarización de la seguridad pública en México ha fomentado los casos de violencia sexual en materia de tortura por parte de las Fuerzas Armadas”, indica el documento realizado por la asociación civil.
Según el informe de Amnistía Internacional, las mujeres se han vuelto un blanco fácil de las detenciones ilegales y la tortura sexual en la guerra contra el narcotráfico.
“Las autoridades parecen considerar a las mujeres el eslabón más débil de la cadena. Las ven como a un blanco fácil para la detención, ya que los cárteles de la droga a menudo captan a mujeres de entornos vulnerables”, señala el documento.
El informe del Centro ProDH indica que aunque muchas mujeres han buscado justicia, únicamente se han logrado cerca de cinco condenas por tortura sexual ya que en general las autoridades ministeriales ignoran las pruebas que presentan las víctimas y se incumplen con protocolos internacionales que se debieran aplicar cuando se presentan las denuncias.
Fuente: AVC
