Álvaro Guerrero
Martínez de la Torre, Ver.- La aprobación de la reforma propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada el pasado jueves por el Senado de República aprobará la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje en todo el país, con eso se pone en riesgo la defensoría de los trabajadores, puesto que según Román Guerrero Carmona, dirigente de la CROM “era la única instancia que medio defendía los derechos laborales de cada empleado”.
Comentó que “al hacer este tipo de movimientos en corto perjudica al trabajador, le quita una defensa que es muy necesaria, dada las diversas circunstancias que en ocasiones el patrón no está consciente del esfuerzo que hace el trabajador y debe estar consciente que entre más condiciones de trabajo tenga el empleado mayor productividad tendrá”.
Manifestó que los más afectados de esta situación serían los trabajadores que no se encuentran agremiados a alguna organización sindical, puesto que no tienen una persona que los oriente y explique lo que deben realizar ante una violación laboral por la parte patronal.
Con la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la instancia que podría defender los derechos laborales sería un Tribunal laboral, lo que ha generado desconfianza en el sector, puesto que creen que llegará a ser una instancia que fácilmente sea corrompida por la parte patronal.
Lo más grave en el asunto, es que las fiscalías les estarían cargando de más trabajo, lo que causaría que el procedimiento de investigación sea lento, por estar atendiendo las demás denuncias que tengan abiertas e investigando, aunado a las que se vayan registrando, complicando que los derechos laborales sean a favor del trabajador.
Espera que esa iniciativa que fue aprobada por los senadores, no sea ratificada por la cámara de legisladores, pues al hacerlo, vaticina que volverían a los tiempos en que no existían los sindicatos, ya que esas reformas que están avalando solamente beneficia el sector patronal.
Lo que se requiere para que no se llegue a aprobar dicha normativa, es que los dirigentes tanto nacional y estatal se pongan a dialogar con la cámara de legisladores para que la ley no sea aprobada, pero desafortunadamente los dirigentes no llevan a cabo ningún tipo de movimiento para defender al sector laboral antes de una promulgación de ley.
