* Manda a ministeriales a impedirles realizar su trabajo
* Desconoce del código de procedimientos penales
Martínez de la Torre, Ver.- Luego de las diversas publicaciones que se han hecho sobre el fiscal de la subunidad de procuración de justicia en el municipio de Martínez de la Torre, ahora va con todo contra los reporteros y comunicadores impidiendo a través de la Policía Ministerial realizar su trabajo y cobertura sobre hechos de violencia o de impacto social.
Juan Martín Ulloa Hernández, no acepta sus errores, ni el intentar a toda costa conseguir beneficios económicos de los asuntos que llegan a su oficina, de los cuales no hace las consignaciones correspondientes, solo busca conciliar y sacar jugo de la mejor parte.
Por lo que al ser exhibido por los trámites que dice hacer en la subunidad, los cuales no son de su competencia, siendo únicamente para obtener ingresos para sus bolsillos, ahora trata de obstaculizar por todos los medios la labor de los reporteros.
Como consta en el muro personal del reportero René Izaguirre Huesca, quien señaló haber sido una víctima más de este fiscal, quien fue obstruido en su labor de recabar información y fotografías sobre los distintos hechos violentos ocurridos en esta ciudad, asegurando que también lo hace con los demás reporteros.
Refiriendo en su publicación que por órdenes de Ulloa Hernández, un elemento de la Policía Ministerial, adscrito a la comandancia de Martínez de la Torre impide a los reporteros hacer tomas gráficas con cámaras convencionales de los hechos que se suscitan.
Dichas tomas se tienen que realizar con cámaras profesionales, de lo contrario no pueden realizar su trabajo ni cobertura de estos hechos, solo porque al fiscal se le hincha la gana, toda vez que no hay ley o reglamento que señale tal indicación del fiscal, si es que así se le puede llamar a este servidor público.
Desafortunadamente a pesar de que los representantes de los medios de comunicación portan sus credenciales para los medios a los que colaboran les es impedido realizar su trabajo y la forma en la que el personal ministerial lo solicita no es de lo más cordial.
Por lo que ya es enérgico el llamado hacia el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Braco Contreras tomar cartas en el asunto, siendo necesaria una sanción hacia este servidor público, así como el actuar de la CEAPP para que los derechos de los reporteros y comunicadores no sean violentados ni denigrados.
