Naciones Unidas analiza las desapariciones forzadas ocurridas en Veracruz y el actuar de las autoridades, ante la denuncia de familiares de desaparecidos por la corrupción, negligencia y omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) que no ha podido resolver ningún caso; hay denuncias desde antes del 2011 que están “estancadas”, sin avances.
Aracely Salcedo Jiménez, integrante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos, indicó que este jueves, se sumaron nuevos casos de Potrero, Amatlán, así como dos más y muy fuertes de Tierra Blanca, del puerto de Veracruz e incluso un caso de Oaxaca cuyo familiar fue secuestrado en tránsito por la entidad veracruzana, y que no habían tenido la oportunidad de acercarse con el fiscal Luis Ángel Bravo, sólo a través del colectivo pudieron exponer la desaparición de sus familiares en forma directa.
De este encuentro que se desarrolló en Córdoba y duró más de dos horas, apuntó la entrevistada, se acordó que el fiscal general Luis Ángel Bravo gestionará una reunión con Roberto Campa Cifrián, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima (CEAV) y la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, y se avance en forma concreta.
Salcedo Jiménez apuntó que en muchos de los casos de desaparecidos, representan el sustento de la familia, por lo cual hoy se requiere un programa de ayuda para esposas e hijas, en tanto que con la Fiscalía General del Estado las reuniones se buscarán en forma mensual para ver cosas concretas y no sólo venir a sentarse para empezar de “nuevo”, además, de que los temas serán individualizados para darle un seguimiento puntua
