La Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) atrajo el caso de agresión en contra de dos comunicadores por parte del secretario del Ayuntamiento de Agua Dulce, Agustín Hernández Monroy, además de que el alcalde de la ciudad, Daniel Martínez González, también será responsabilizado por no haber detenido a su subordinado. Cabe señalar que todas las declaraciones fueron grabadas, por lo que se entregaron a la CEAPP como prueba.
El incidente ocurrió en marco de la rueda de prensa organizada por el Ayuntamiento de Agua Dulce para dar a conocer la cartelera del Paseo de la Alegría 2016, cuando el funcionario municipal estalló en contra de dos reporteras: Violeta Santiago, del Diario Presencia, de Las Choapas, y Alma Jiménez, del Liberal del Sur.
Luego de la presentación de la cartelera, en una ronda de preguntas, la corresponsal del Diario Presencia cuestionó al comité sobre el costo del evento, el hecho de que se contratara a un actor conocido por una serie alusiva al tráfico de drogas y el estado de las playas de Agua Dulce, en donde se hará el cierre del paseo, pero en las que actualmente se encontró chapopote.
Fue este último hecho el que provocó el enojo del funcionario, quien estalló al mencionar “nosotros no trajimos el chapo”, tras lo cual, dio pidió la palabra para que otros reporteros hicieran preguntas, con el fin de evitar los cuestionamientos críticos.
Por su parte, Alma Jiménez, reportera de El Liberal del Sur, preguntó sobre la derrama económica que dejaría el Paseo de la Alegría ya que previamente el comité declaró que se esperaba cerca de 8 mil personas en dos días. A pesar de que la reportera preguntó con ese mismo dato, el secretario le indicó “creo que escuchaste mal” y, tras varios minutos de explicar otros puntos, finalmente no contestó la pregunta.
Enojado, el secretario del Ayuntamiento exclamó ante más de 30 personas: “Yo he escuchado a dos tres gentes, afortunadamente es la minoría, dos tres gentes que en lugar de ayudarnos nos perjudican” (sic). Cuando se le preguntó a quién se refería, el funcionario señaló a la corresponsal de Presencia y le dijo: “Una de ella eres tú”. Al cuestionársele el punto, evitó el tratamiento directo del tema y señaló que se trataba de hacer lo que la mayoría pensara.
Todo esto ocurrió ante la presencia silente del alcalde de Agua Dulce, Daniel Martínez González, quien permaneció durante el desarrollo del evento sin intervenir la escena de su subalterno. Fue el síndico, Antonio de la Cruz Balcázar, quien intervino para dar por concluida la rueda de prensa.
Agustín Hernández Monroy se movió hasta su oficina, en donde fue abordado por las dos reporteras, quienes le preguntaban la razón de la agresión y que explicara sus declaraciones, pero al no poder responder, las sacó de su oficina.
Entrevistado después del evento, el regidor cuarto, Julio César Morales Castillo, quien estuvo presente en la rueda de prensa, comentó que observó a mal la situación que se generó por parte del secretario del Ayuntamiento. De forma similar, el síndico único de Agua Dulce, Antonio de la Cruz Balcázar, dijo reprobar la actuación en la que incurrió Agustín Hernández Monroy.
A través del comisionado Jorge Morales Vázquez, de la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), el organismo entabló comunicación con ambas periodistas para atender el caso, emitir las recomendaciones, generar un antecedente y solicitar un informe documentado al presidente municipal, además de que se le cuestionará y responsabilizará por no haber intervenido a su empleado.
A partir del resultado del proceso, el Cabildo en pleno podría evaluar la destitución de Agustín Hernández Monroy, puesto que no es la primera agresión que el funcionario realiza en contra de medios de comunicación, además de contar con un pasado violento en la ciudad tal como lo documentaron medios de comunicación en su momento: en 2009, el entonces exregidor agredió a golpes a elementos de Tránsito del Estado, por lo que fue denunciado según el expediente 259/2009.
Las condiciones de libertad de expresión se encuentra violentadas en Veracruz, tal como lo especificó un comunicado emitido apenas el pasado 25 de febrero de 2016 por Artículo 19, la organización internacional prodefensa de los periodistas y la libertad de expresión, en el que exigió a las autoridades de Veracruz “se inhiban de agredir a las personas que ejercen la libertad de expresión” así como garantizar “el derecho de recabar y difundir información”, además de señalar que, en Veracruz, la mayoría de las agresiones contra periodistas son efectuadas por funcionarios.
