Aline García Díaz
Luego de que la senadora Cristina Díaz Salazar propusiera hacer obligatorio que los jóvenes de 17 a 24 años entreguen anualmente un estudio antidoping completo y una biometría hemática general, como parte de la documentación de nuevo ingreso y también de reinscripción a preparatorias y universidades, esto para combatir las adicciones y los trastornos alimenticios en los jóvenes; los grupos de derechos humanos alzan la voz y manifiestan que esta propuesta violenta los derechos humanos de los jóvenes, además de ser un mecanismo de criminalización para los estudiantes que den positivo.
A decir del titular de la oficina de Derechos Humanos de esta ciudad, Ignacio Ochoa y Plácido comentó que esta propuesta lo único que logrará es violentar los derechos de los jóvenes, tales como el de privacidad y protección a sus datos personales.
“Esto va en contra de los derechos humanos, atentan contra la integridad de cada uno, contra la privacidad, si hay casos, hay que ver cómo va a ser el control y reserva de nombres y datos, creo que es una propuesta o iniciativa muy aventurada que no le veo un fin concreto”, puntualizó.
El defensor de los derechos humanos expuso que la iniciativa de reforma a las leyes General de Educación y de Salud contiene profundos rasgos discriminatorios que no van al fondo del problema, que es atender de forma efectiva la adicción entre la juventud.
Aseguró que debido a la falta de atención de los padres, a la pérdida de valores humanos en el hogar, ha hecho que los jóvenes busquen estas alternativas y se refugien en el alcohol o las drogas, pero con esta iniciativa no se erradicará la adicción en los jóvenes, al contrario lo que lograrán será que más jóvenes no tengan acceso a la educación.
“Hay un derecho a la intimidad, a la libertad, pero con qué afán es esta iniciativa, cuál va a ser el mecanismo, estos serían actos violatorios de los derechos humanos, serían acciones inapropiadas que tienen un efecto contraproducente entre la niñez y la adolescencia”, aseguró.
Ignacio Ochoa recalcó que lo que se debe hacer es abatir de otra forma, recuperando los valores, la integración familiar, ya que es ahí donde parte todo.
Finalmente, dijo que la oficina de Derechos Humanos estará al pendiente, y en caso de que algunos padres mantengan alguna inconformidad, pueden acudir a solicitar asesorías y apoyo.
