* Intento de desalojo deja como saldo cinco personas heridas
* Habitantes piden cuentas sobre 200 mil pesos entregados para negociar
García/Parra
Misantla, Ver.- Luego de desahogarse diversas diligencias, se llevó a cabo el desalojo número 22 a favor de Pablo Aguilar Loyo quien reclama el predio San José La Palma constituido por 84 hectáreas de terreno, donde existen 42 casas, pero en esta ocasión los ánimos se encendieron dejando cinco lesionados.
Los hechos
En punto de las cuatro de la mañana arribaron a Misantla 35 patrullas y tres camiones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, personal de la Fuerza Civil y alrededor de 300 policías municipales de Tlapacoyan y Martínez de la Torre, quienes esperaban para ejecutar la orden del Juez Federal.
Mientras tanto los comuneros ya mantenían bloqueada la comunidad con camiones, jinetes, y los afectados que se encontraban con palos para evitar que ingresaran a sus hogares, así como con una barricada de llantas a la que prendieron fuego.
Alrededor de las siete de la mañana arribaron a la desviación hacia Sarabia, en la carretera Misantla-Martínez de la Torre donde tuvo lugar el enfrentamiento, los policías en su mayoría encapuchados con escudos, cascos y macanas ingresaron al lugar, golpeando a hombres, mujeres, ancianos, niños y a todo aquel que estuviera enfrente, lo que fue correspondido con piedras y palos.
El desalojo
Luego de que los policías acordonaron el área, y despejaron a los habitantes, llegaron camiones para empezar el desalojo de 42 casas. También los abogados de la parte demandante y la actuaria del Juzgado quienes procedieron al desalojo de mutuo acuerdo de una vivienda tras una negociación.
Luego de cuatro horas, el desalojo fue detenido, al parecer por órdenes del Gobierno del Estado, por intervención del diputado local Heber Carballo Salazar, pero los bienes de una familia ya habían sido echados a la calle.
Pero a decir de los actuarios el alto de debió a la falta de personal policiaco, pues sin dar más explicación que el hecho de haber recibido órdenes superiores se retiraron del lugar.
Refieren que el auxilio de la fuerza pública a los juzgados, es una es una obligación de acuerdo al propio Código Civil veracruzano, y el hecho de haber abandonado la diligencia se traduce en desacato a una orden judicial.
Los afectados
Los habitantes reprobaron la agresión física que recibieron, así como el actuar del Gobierno del Estado que podría ocasionar que pierdan su único patrimonio 42 familias, que han habitado por más de 50 años esta propiedad.
A decir de la señora Reina Isabel García con lágrimas en su rostro, narró los hechos y pidió a las autoridades respeten los títulos de propiedad que tienen, y aseguró que a ella solo la sacarán muerta de su vivienda.
“Fuimos golpeados, a las mujeres nos dieron con las macanas, a varios los esposaron, no se vale que se aprovechen de las mujeres, de los adultos mayores. El Gobierno no nos cumplió, nada más jugó con nosotros, nos sacó 100 mil pesos, nosotros vamos al día no se vale. Nosotros queremos que nos respeten la resolución presidencial y los títulos de propiedad que tenemos”, puntualizó.
Por su parte, Enrique Viviezca Sánchez, quien presentaba dos heridas en la cabeza dijo: “Me tiraron, me empezaron a golpear, así hubieran de actuar con los secuestradores, maleantes, a esos los protegen, vienen a golpear a personas indefensas pero a los maleantes le tienen miedo, […] Fuimos como seis golpeados, pero a uno de nosotros se lo llevaron en la ambulancia a Misantla porque tenía una herida como de 10 centímetros, se estaba desangrando, nosotros responsabilizamos a la Secretaría de Seguridad Pública de cualquier cosa que pase y a Pablo Aguilar Loyo”, externó.
Un dinero perdido
Con tal de llegar a un arreglo, los habitantes del predio San José La Palma entregaron el 29 de octubre del 2014 100 mil pesos y el ayuntamiento de Misantla otros 100 mil pesos, para el anticipo de la negociación entre Gobierno del Estado y Aguilar Loyo sobre estas hectáreas, dicho dinero fue recibido por Manuel Ramos asesor del secretario de Gobierno, Roberto Sánchez Olguín y José Carcaño Sanluis, asesor del subsecretario de Gobierno.
“Ellos recibieron 200 mil pesos, ¿dónde está ese dinero? se transaron la lana, nadie sabe dónde quedó, tenemos un recibo por concepto de aportación para el anticipo de la negociación de las 84 hectáreas”, aseguró Rubén Durán.
Cabe mencionar que al tratar de entrevistar al encargado de Política Regional, perteneciente a la Subsecretaría de Gobierno, al profesor Mario Rendón Arroyo se negó y dijo que él solo acude a este tipo de actos a observar e informar a sus superiores.
