- Se accedería a nuevas fuentes de financiamiento y programas federales, de acuerdo con la propuesta de la diputada Octavia Ortega
Minatitlán, Ver.
Reformar la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado, con el fin de acceder a nuevas fuentes de financiamiento y programas federales, y modernizar los esquemas de colaboración para detonar las inversiones en infraestructura y desarrollo, son los principales objetivos de la iniciativa que presentó la diputada Octavia Ortega Arteaga, ante el Pleno de la LXIII Legislatura de Veracruz.
Desde la tribuna, durante la Décimo Tercera Sesión del Segundo Periodo Ordinario del segundo año de labores, celebrada en la ciudad de Minatitlán como sede provisional del Congreso del Estado, la legisladora expuso la necesidad de adecuar el marco jurídico local para dar certidumbre a las autoridades, financiadores y los sectores social y privado.
Esta reforma, explicó, permitiría regular los derechos y las obligaciones de los inversionistas proveedores, la preparación de los proyectos de asociación y su adjudicación, de acuerdo con el financiamiento y los apoyos federales o internacionales.
Conforme lo establece la Ley de Asociaciones Público-Privadas, aprobada en el Senado de la República en enero de 2012, y a la legislación estatal en la materia, se pretende modernizar, simplificar y mejorar los procedimientos de contratación pública para el desarrollo de infraestructura.
Para facilitar a las dependencias y entidades realizar los procedimientos de licitación –continuó la diputada–, la autoridad convocante podrá prescindir de ello cuando lo considere necesario, en tanto cumpla con los requisitos de ley: “Así, el proceso de licitación será ágil”.
Se establece que la autoridad podrá hacer uso de elementos técnicos, de especialidad y calidad para elegir las propuestas que procuren mejores condiciones de costo-beneficio para el desarrollo de proyectos.
Una vez evaluadas las propuestas, el proyecto se adjudicará al participante que presente la más solvente, conforme a los criterios técnicos, legales y económicos. Uno de los casos sería la prestación de servicios al Estado o dependencias, en la que sería innecesario otorgar la contraprestación económica a la autoridad, para criterio de adjudicación.
En esta propuesta legislativa turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, se aclara que los bienes que formen parte de un proyecto de asociación público-privada son patrimonio del Estado, cuando la infraestructura se quede en la entidad y sirva para la prestación del servicio.
También se estipulan las causales de rescisión o revocación de proyectos, entre las que destacan el incumplimiento de la prestación de servicios con la calidad y puntualidad, estipuladas en el contrato o concesión.
