En el lugar, decenas de camiones al servicio de compañías petroleras quedaron varados a un costado de la carretera, lo mismo que autobuses y automóviles particulares, quienes debieron buscar una salida alterna hasta el libramiento Bicentenario para poder acceder a Poza Rica.
Por instantes existía tensión entre los manifestantes y los conductores, quienes pretendían llegar a sus domicilios y en su desesperación buscaban el mínimo espacio para cruzar el bloqueo; quienes no lo lograban, recibían golpes en la carrocería por parte de los quejosos que se tornaban violentos, utilizando a mujeres y niños como escudos humanos para impedir el paso.
Al lugar se dieron cita autoridades de Tránsito y Transporte Público, así como la Policía Intermunicipal, representantes de la Subsecretaría de Gobierno y autoridades municipales, quienes buscaron el diálogo con los manifestantes.
Para impedir el paso, los manifestantes colocaron una cuerda a lo ancho de la carpeta asfáltica y una camioneta en la entrada al fraccionamiento Los Naranjos, aprovechando que Obras Públicas había cerrado el acceso a la colonia Adolfo Ruz Cortines.
En las cartulinas colocadas sobre la cuerda, los manifestantes exigían la presencia de autoridades de Gobierno del Estado y representantes de Casas Geo, para solucionar la falta de energía eléctrica que les afecta desde hace dos semanas.
“Los alimentos están echándose a perder, hay personas enfermas que requieren su diálisis, tengan compasión, estamos exigiendo lo que nos corresponde por ley, no estamos pidiendo otra cosa, mientras estamos pagando los créditos hipotecarios”, comentó una de las vecinas defraudadas por la inmobiliaria.
Álvaro del Castillo, representante de la delegación regional de la Subsecretaría de Gobierno, informó a los manifestantes que el Estado depositaría este día para adquirir diesel y poner en funcionamiento las plantas generadoras portátiles que brindan el servicio, ante la falta de un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Detalló que el Infonavit se comprometió a realizar un préstamo a la inmobiliaria Geo, por 20 millones de pesos para electrificar los tres fraccionamientos, por lo que dieron un lapso de quince días, de los que han trascurrido ocho a la fecha.
“Gobierno del Estado no puede hacer nada porque nos tiene amarrados un juzgado; Julio Cerecedo, director de Política Regional, acabo de hablar con él, la indicación es que se comprara el diesel para solucionar esta situación”, dijo.
Mientras tanto, los vecinos responsabilizan al gobierno de la situación actual por haber facilitado los permisos de construcción y las factibilidades de Protección Civil, que permitió la construcción en una zona de riesgo.
Otro de los manifestantes que interrumpieron constantemente al representante de Política Regional señaló: “No me están haciendo el favor de poder dormir bien, lo que queremos es que nos den la luz y ya, nosotros pagarle a la Comisión y no estar recibiendo sus favores del diesel, a mí me interesa mi casa con todos los servicios, como me la vendieron y como dicen las escrituras”.
Más tarde se presentó Andrés Ortiz Solís, delegado regional de la Subsecretaría de Gobierno, quien permaneció bajo la sombra, mientras los manifestantes continuaban bloqueando la carretera.
Posteriormente se presentó la Síndica del Ayuntamiento, Lorena López Velázquez y el Secretario del Ayuntamiento, Telésforo Munguía. Este último, conminó a los manifestantes a trasladar el bloqueo a la carretera federal Poza Rica – Veracruz, para hacer mayor presión y obligar a las autoridades estatales y federales a dar una respuesta inmediata a sus reclamos.
No fue sino hasta pasadas las 15:00 horas que los manifestantes optaron por retirarse del lugar, avanzando por la carretera hasta la colonia División de Oriente, en el municipio de Poza Rica, para después disolver el movimiento.
A río revuelto
Ante el bloqueo registrado en la carretera Poza Rica – San Andrés, taxistas que cubren las rutas hacia las colonias de Coatzintla, aprovecharon para hacer sitio a ambos lados del bloqueo, por lo que los pasajeros debían pagar el doble para poder llegar a sus centros de trabajo o domicilios.
Pese a tener conocimiento del caso, las autoridades de Transporte Público se limitaron a observar durante algunos minutos como decenas de taxis se estacionaban a inmediaciones y posteriormente se retiraron a almorzar a un comedero cercano.
