* Sin embargo, las reformas a la Ley contemplan fondo gubernamental para resarcir pérdidas
Facundo Bartolo Salazar
No es justo que los ciudadanos paguen por fraudes cometidos por delincuentes de cuello blanco contra ahorradores en instituciones de ahorro y crédito, tal como lo establecen las reformas a la ley de esa materia en el presente año, mismas que contemplan que las víctimas de esos ilícitos sean resarcidas de sus pérdidas con recursos que serán tomados de una partida para el fomento a sociedades cooperativas de ahorro, señaló Mauro Alvarado Loranca, titular de un despacho de cobranza.
El entrevistado comentó que “las reformas a la ley podrían resultar contraproducentes, puesto que abre las puertas a la posibilidad de que cualquier institución se declare en quiebra, sin la posibilidad de pagar sus recursos a los ahorradores, y entonces intervendría el gobierno para devolver sus recursos a las víctimas, con dinero del pueblo”. Esto, en lugar de perseguir a los delincuentes responsables de tales quebrantos, hasta llegar a los mecanismos que permitan rematar los bienes de los cuales dispongan para pagar ellos en lo particular sus ahorros a sus clientes.
Comentó que aun cuando es positivo que los legisladores estén a favor de un fondo en beneficio y protección de ahorradores que tengan inversiones en instituciones que resultan fraudulentas. Sin embargo, opinó que no es posible que del erario público se paguen fraudes cometidos por particulares, tal como sucedió recientemente con el caso Ficrea, en el que muchos ahorradores perdieron cuantiosos recursos, sin que los responsables del delito hayan enfrentado su responsabilidad.
Alvarado Loranca reconoció que, pese a lo anterior, las reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular tiene su aspecto positivo en lo que se refiere a las responsabilidades que se pueden fincar, ya no solamente a los propietarios de las instituciones fraudulentas, sino también a sus socios y empleados, incluyendo personal administrativo, directivos y gerentes. Lo anterior, al considerar que el personal de esas empresas conoce de las deficiencias internas relacionadas con el manejo de los ahorros de los clientes, situación que los colocaría como cómplices de fraudes, cuando éstos se presentan.
Consideró que los ahorradores deben ser cautos, sobre todo cuando alguna empresa les promete pagarles intereses que van más allá de las tasas normales que ofrece cualquier financiera o banco, pues eso implicaría muy alto riesgo u operaciones ilegales. Aclaró que en todo caso, sería responsabilidad de los propios ciudadanos correr tales riesgos o estar implicados en manejos ilegales de recursos, los cuales les podrían ocasionar graves pérdidas.
