* Expertos analizan temas que han lacerado a la sociedad en últimas fechas
* Irregularidades en el proceso penal o violaciones a derechos humanos dan al traste con la justicia pronta y expedita
Miguel Bautista
Con la liberación de presuntos asesinos en días recientes y al creciente interés de la ciudadanía por saber¿Por qué ha ocurrido esto? la Comisión Regional de Derechos Humanos (CRDH) de Martínez de la Torre deja ver que hay un problema grave en la manera en que se “investigan” los hechos, pues es muy común que en el afán de determinar responsabilidades se recurra a prácticas ilegales, como es el caso de la tortura y violación de derechos humanos a los inculpados, lo cual deriva en la inconsistencia de los procesos y por ende en la liberación de los presuntos criminales por errores en el proceso más que por el hecho de ser partícipes o no de estos actos delictivos.
Desde la neutralidad absoluta que conlleva su investidura, la CRDH evita emitir un juicio resolutivo frente a ambas partes, y desde su posición recomienda a las autoridades pertinentes hacer exhaustivas revisiones de los casos para evitar errores y no se cometan arbitrariedades con ninguno de los involucrados.
Opinó además, que a nivel nacional y sin excusar a nadie de ninguna manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha evidenciado que la mayoría de los procesos penales que se llevan en el país sufren constantemente irregularidades o inconsistencias dentro de los mismos, lo que hace que se caigan dichos procedimientos, siendo uno de los más comunes la violación a los derechos humanos que tienen tanto la víctima como el victimario.
Basándose en las recomendaciones que la CNDH ha emitido al ejecutivo federal, se puede rescatar que son la tortura y la desaparición forzada las principales herramientas para la obtención de confesiones, por lo que los protagonistas de impartir justicia podrían estar fallando en la aplicación de la ley, y esto podría resultar contraproducente para quienes exigen justicia pronta y expedita, externó Abraham Moreno Montoya, presidente de la CRDH en el municipio.
Aunque denunció que es un tema común, son pocas las personas que se atreven a denunciarlo, haciendo aún más difícil la acción de la justicia, pero que en su calidad de organismo defensor de las garantías individuales están abiertos a recibir cualquier tipo de denuncia, sea en contra de funcionarios públicos o de estos hacia la ciudadanía, por lo que la única opción de que la sociedad no sufra este tipo de penosas circunstancias son la información y el conocimiento de los derechos constitucionales e individuales en primer término a fin de garantizar tales conceptos.
SOBRE LOS HECHOS RECIENTES
Además de dicha opinión, se avala la de un experto en la materia de derecho, por lo que se obtuvo la entrevista con Jesús López Aranda, presidente de la Barra de Abogados en este municipio, quien opinó respecto del caso del médico veterinario Pedro Isaac López Rojas y acerca de las versiones de libertad que podrían alcanzar los presuntos plagiarios y asesinos de la joven Susana Arroyo, en hechos que se dieron en la comunidad Villanueva.
Citando, “lo más probable y penoso de este asunto es que los presuntos asesinos pudieron ser absueltos y como consecuencia liberados por el juez que conoció el asunto en virtud de que no existió prueba suficiente y contundente que incriminara a los detenidos en la participación de los hechos imputados, lo anterior como consecuencia de la mala integración de la investigación ministerial que se realizara por las autoridades ministeriales , desde el titular y personal de la agencia del Ministerio Público que supieron del asunto, hasta los policías investigadores, que en muchos de los casos sólo se dejan llevar por supuestos indicios carentes de credibilidad con la única finalidad de incriminar a terceras personas y tratar de justificarse ante la sociedad y ante sus superiores, dejando a un lado el espíritu real de una investigación, y dejando de lado su obligación legal de investigar correctamente los hechos denunciados.
Al respecto del caso de Susana Arroyo refirió, “desafortunadamente en nuestro sistema de justicia en gran medida la irregularidad se lleva a cabo por las autoridades encargadas de administrar justicia, por tal razón los verdaderos delincuentes en muchos de los casos están fuera y los reclusorios están llenos de gente que su participación delictuosa es mínima”.
TORTURA, PASE DE SALIDA DE DELINCUENTES
Además, agregó que desafortunadamente la violación de derechos humanos a los implicados se da por la falta de capacitación de los policías, falta de preparación, conciencia, técnicas de investigación e incluso la orientación adecuada por las dependencias encargadas de la impartición de justicia, ya que cuando la policía y autoridades ministeriales realizan mal su trabajo solo dan pie a lacerar los intereses de la sociedad misma, resintiéndolo sobre todo la parte agraviada.
Sostuvo que el esquema de defensa que implementan los abogados en dichos asuntos, “si nosotros vemos o precisamos que para obtener la confesión de una persona en la participación de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito existe tortura o indicios de ella como lesiones o laceraciones, prácticamente de ahí arrancamos porque acreditando dicho concepto las actuaciones que se realicen son nulas, y este precepto se alza por encima de la participación de las personas ante tal delito o acto de cualquier naturaleza”.
“Esto quiere decir si hay tortura, un juez federal puede determinar y ordenar la liberación de estas personas sin analizar el fondo del asunto, porque las garantías individuales están por encima de todo, tanto la víctima como el victimario tienen igualdad de circunstancias, de tal forma que se tienen que ventilar al 100%, primero se tiene que analizar si hubo o no violaciones al procedimiento”.
Dejó en claro que en el estado de Veracruz existen este tipo de situaciones, especialmente hablando del distrito judicial de Misantla, a tal grado que hay personas que han obtenido su libertad presentando pruebas de violaciones a sus derecho humanos, incluso aquellos de quienes se tienen elementos contundentes en su contra, y ahora están en las calles por la mala actuación de los agentes que realizaron la detención.
Recomendó que se tienen que denunciar todo tipo de hechos y la sociedad deberá estar pendiente de las resoluciones que se emiten en casos de interés social e incluso presionar para que se logre un mayor concepto de justicia de manera colectiva, sobre todo con las nuevas modalidades y estrategias de litigación, nuevo sistema de justicia, nuevos recursos jurídicos que se vienen dando y que la sociedad podría resentir porque no se está preparado para ello, opinó.
Finalizó con la consigna de que el nuevo sistema de justicia podría incrementar este tipo de hechos, porque la policía no está preparada, esto mediante las reformas a los procedimientos de detención en el acto de flagrancia y si no existe tal precepto no podrían ser detenidos arbitrariamente, incluso con delitos graves, todo ello afirma que el tema es complicado, ya que la sociedad no lo ha captado de manera correcta e incluso mencionó que los abogados apenas están comenzando a entender dicho sistema, y aunque no existe amenaza de colapsamiento, la sociedad resentirá los cambios que se vienen en materia de derecho, “el nuevo sistema de justicia va a ser favorable para muchos, pero para otros no”, concluyó.
Tortura:
La tortura parte desde los eslabones más pequeños en la impartición de justicia del país.
Datos:
Juan E. Méndez, relator especial de Naciones Unidas, señaló sobre el tema de la tortura que tan solo entre 2006 y 2014, se documentaron 12 mil 787 quejas.
Méndez visitó México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 para recabar la información contenida en el informe sobre tortura y otros tratos o penas crueles.
Una encuesta realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), reveló que el 57% de los detenidos en centros federales dijeron haber sido golpeados durante la detención y el 34% dijo haber sido forzado a modificar una declaración.
En 2013, el número de denuncias (1.505) aumentó en un 600 por ciento con respecto a 2003, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Desde 2010 hasta finales de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 7 mil quejas por tortura y otros malos tratos. La CNDH ha manifestado que se ha reducido el número de quejas en 2014. Pese a ello, sigue siendo mucho más elevado que hace diez años.
El 64 por ciento de mexicanos y mexicanas tienen miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia.
