Sandra González
Misantla, Ver.- “No sabíamos de todo esto”, fueron las palabras que pronunció el diputado Carlos Fuentes Urrutia, luego de que el alcalde de Misantla, Efrén Meza Ruiz, expusiera con pruebas documentales el conflicto del mercado municipal Antonio. M. Quirasco.
Fuentes Urrutia, quien preside la Comisión de Gobernación en la LXIII Legislatura del Estado de Veracruz, recibió al munícipe misanteco en compañía del diputado Eduardo Sánchez Macías.
Meza Ruiz acompañado del síndico del Ayuntamiento, su director jurídico y locatarios del mercado puso sobre la mesa las sentencias de los jueces federales, quienes le exigen repare el daño al menos a diez comerciantes que se ampararon desde el año 2011, cuando Misantla era gobernado por Javier Hernández Candanedo.
Aunado a lo anterior, Meza Ruiz, presentó todos los documentos que demuestran que sólo soluciona un problema que le heredó su antecesor y que ahora pretende cumplir los mandatos judiciales para no incurrir en desacato, el cual le puede costar el desafuero a todas las autoridades en turno. Esto, cuando no es el responsable y el Congreso pasó por alto las notificaciones que pudieron haber evitado un mal reparto de los locales en el centro de abasto.
Explicó que en el 2011, tras un incendio, el exalcalde demolió el mercado cuando había instrucciones judiciales de no hacerlo, “inicialmente la demolición del mercado y la reconstrucción se da en torno para darle cumplimiento a 210 locatarios. El mercado se construye para 210 locatarios. El proyecto que tiene el Gobierno del Estado a través de la Dirección de Obras Públicas del Estado es de 234 locales. O sea, se cumplían 210 y sobraban 24 locales”.
Añadió que al momento de la demolición había 40 amparos en la Suprema Corte de Justicia, porque el Juez de Distrito otorgó suspensión del acto de demolición y aún así el exalcalde incurrió en desacato al ignorar y demoler el mercado.
De esos 40 amparos, sólo 10 lograron continuar adelante en los juzgados y el mandato sentenciaba la restitución a la situación anterior y reparar los daños. Sin embargo, el exalcalde luego de la construcción del mercado reasignó lugares y los distribuyó a conveniencia con un comité, el cual está integrado por varios de los supuestos afectados, de tal manera que los comerciantes no lograron quedarse en los lugares que tenían antes de la demolición.
Ahora los locatarios denunciaron que hay un problema porque Hernández Candanedo colocó a quienes vendían afuera del mercado en lugares asignados por el propio Congreso, que obvió las resoluciones judiciales.
Al alcalde le ha tocado reasignarles lugares y eso ha creado las inconformidades, “no hay desalojos, hay reasignaciones, mismas que han causado inconformidades, entre los ahora quejosos”.
Por su parte, los diputados manifestaron que el diálogo es la base para solucionar cualquier conflicto y en tono de sorpresa dijeron que “no sabían nada” de lo expuesto, coincidiendo que hay buena disposición de las autoridades locales en que prevalezca el orden, fundamentado en las leyes.
