Esta como muchas otras empresas, fueron beneficiadas durante la última década y que representaron fuentes de empleo efímeras, generando un efecto de burbuja en la economía; encarecieron los servicios y al final dejaron centenares de desempleados, a los cuales liquidaron con cantidades inferiores a las previstas en la Ley, y en algunos casos, se mantienen demandas ante las autoridades del trabajo.
Arturo Díaz trabajó durante tres años y tres meses al servicio de SIGAMA en el pozo PR 63, ubicado en la colonia Laredo, de Poza Rica. En febrero pasado, estaba a punto de terminar su turno de 72 horas cuando fue trasladado a otro de los pozos en los que prestaba servicio la compañía. Al lunes siguiente el llegar a las oficinas, habilitadas en una casa de la colonia 27 de Septiembre, fue enterado que la extensión del contrato con Pemex había concluido, pese a que se les había comunicado que sería hasta abril próximo.
“No los estamos despidiendo, pero en cuanto haya una oportunidad, los colocaremos en otro pozo; mientras tanto estarán aquí en oficina”, recuerda. A partir de ese momento empezaron los problemas con la falta de pago, a algunos de ellos quedaban a deberles, a otros los liquidaban con la promesa de un reacomodo posterior.
Aquellos con mayor antigüedad, no aceptaron las indemnizaciones que pretendían entregarles; iniciaron una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero de poco les ha servido, temen que las autoridades estén coludidas con la empresa para darles una bicoca.
Durante las investigaciones que realizaron por su cuenta, se enteraron que la compañía los tenía registrados ante el IMSS con un salario menor al que percibían, algunos de ellos hasta con solo 76 pesos diarios, lo que también se veía reflejado en las aportaciones que hacia al Infonavit y su fondo para el retiro.
Durante la última década, SIGAMA se dedicó a la extracción de hidrocarburos mediante bombeo hidráulico para enviarlo a Pemex. El último contrato tenía fecha de vencimiento 31 de diciembre de 2013, pero había conseguido extensiones del mismo, que permitirían seguir trabajando al menos hasta abril próximo.
Sin embargo, Nuvoil Valerus obtuvo el nuevo contrato, del cual no se encontró registro entre las licitaciones publicadas en el portal de transparencia de la empresa.
Los trabajadores comentan que durante los turnos en que se encontraban en pozo, que se prolongaban hasta por cuatro días continuos, no contaban con el equipo de seguridad adecuado, ni siquiera agua para consumo, mucho menos para bañarse.
Pemex les exige a estas compañías, otorguen todas las facilidades a sus empleados para el desempeño de sus labores, de alto riesgo; sin embargo, los campers que les proveían, no eran más que contenedores de lámina; congeladoras en temporada invernal, y asadores el resto del año. No contaban con estufa para calentar sus alimentos, los cuales se descomponían también a falta de refrigeración.
En 2009, un grupo de trabajadores trató de evidenciar las malas condiciones en las que realizaban el bombeo. Según consta en una publicación en un blog de Internet, fechado el 25 de junio de ese año, muchos de los trabajadores contaban con un gafete de rig pass clonado, entregado por la propia empresa.
Denunciaron también el hecho que SIGAMA operaba equipos reconstruidos, pese a que había declarado ante Pemex una inversión de 40 millones de pesos para la adquisición de de los motores con que trabajan los equipos de bombeo, lo que representaba un enorme riesgo para la operación de los pozos.
“El año pasado, a la compañía -a principios de mayo- casualmente les robaron una camioneta y reportaron sin ganancias, los reportamos con Conciliación y Arbitraje aquí en Poza Rica, ellos a su vez fueron a visitar a la compañía; al momento de entrar a la oficina, se hacen de palabras, el señor de recursos Mario Malibrán y las personas de Conciliación, después de media hora, salen abrazados y riéndose como si nada. Por fuentes fidedignas de la oficina, les desembolsaron 30,000 pesos y como si nada hubiera pasado”. Parte de la publicación disponible en http://archivo.vazquezchagoya.com/?p=6516.
Estas empresas, además de obtener contratos directos con Pemex, han trabajado para otras transnacionales como Halliburton, pero además, realizan la subcontratación con otras, para lograr de esta forma, evadir sus responsabilidades fiscales.
Los trabajadores denuncian que una vez que se dieron los primeros despidos, muchos de ellos fueron asignados a estas empresas subcontratistas, por lo que al momento de reclamar sus indemnizaciones, a pesar de trabajar para SIGAMA, lo último que les dijeron fue que le hicieran como quisieran y demandaran a esa otra compañía, pues contaban con un amparo que ningún licenciado entendía y por lo tanto, no podrían ejercer ninguna acción penal en su contra.
Con la llegada de estas compañías subcontratistas, muchas habilitaron sus oficinas en casas habitación, las cuales llegaron a cotizarse hasta en más de 60 mil pesos mensuales, encareciendo las rentas para el resto de la población no petrolera.
Con la ruptura de la burbuja económica que propició la actividad petrolera, el flujo de capitales se detuvo, negocios cerraron sus puertas, empresas locales aún siguen tratando de cobrar facturas desde hace más de un año y el desempleo ha alcanzado niveles históricos en esta ciudad, sin que hasta el momento se avizore una recuperación en las inversiones que la industria trae consigo.
