Este municipio, mejor conocido como La Meza, ha sido testigo de la actividad petrolera desarrollada durante la última década a raíz del proyecto del Paleocanal de Chicontepec, ahora Aceite Terciario del Golfo (ATG), y de cómo las compañías el servicio de Pemex (Halliburton, Schlumberger, Weatherford y más recientemente Calmena Energy Services) han devastado el paisaje rural para la construcción de la infraestructura básica para la perforación de pozos petroleros.
En cada una de estas comunidades en las que se desarrollan actividades informativas, las autoridades auxiliares y la población, firman los llamados acuerdos de comunidad, en los cuales se prohíbe este tipo de extracción de hidrocarburos, dados los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
En el caso de los municipios del Totonacapan, en concreto en la comunidad de Remolino, los propietarios de las tierras han recibido hasta un millón de pesos a cambio de los permisos de perforación, algunos de los cuales no se han realizado, lo que genera un clima de incertidumbre entre los lugareños.
Se quejan que en otros casos, las compañías al servicio de Pemex, llegaron y destruyeron los caminos; a cambio, a través del programa Pacma, desarrollaron algunas obras de beneficio a la comunidad, como salones de clase y domos, por citar algunos. Al finalizar la obra, los gestores de las empresas realizan un cuestionario a los habitantes, cuya última pregunta está relacionada con, si estarían de acuerdo con que Pemex continuará realizando labores de exploración y perforación dentro de sus comunidades, la cual es respondida en afirmativo a causa del beneficio recientemente entregado.
Esto ha despertado la curiosidad entre los activistas, pues temen que Pemex y las compañías tomen este cuestionario como una consulta popular a los pueblos indígenas, necesaria ante la Ley para el desarrollo de los proyectos extractivos.
Lamentan que Pemex y las compañías solo ‘les han visto la cara’ y cuando han reclamado el deterioro al ambiente y los caminos, los habitantes han llegado a ser encarcelados por las autoridades, o como en el caso del agente municipal de la comunidad de Emiliano Zapata, Papantla, les continúa un proceso judicial por supuestos daños a instalaciones petroleras.
Ahora van por el agua
Mientras los trabajos de información en las comunidades en contra del fracking avanzan lentamente, ahora se discute en el Congreso de la Unión, la Ley General de Aguas, que entre otras cosas, permitirá la privatización de este recurso considerado como un derecho humano.
En el caso de la Huasteca poblana, donde nacen las cuencas de los ríos Tuxpan y Cazones, durante años se han explotado los bancos de arena y grava, afectando la cantidad de agua que escurre y que, durante temporadas de lluvias, ha provocado serias inundaciones en las comunidades ribereñas.
Ahora con esta nueva Ley que prioriza la actividad industrial y los procesos de fracking en el país, por encima del consumo humano, temen que como ocurre con el proyecto Monterrey VI, que llevará agua del río Pánuco hasta el norte de México, se vean afectadas las cuencas hidrológicas y las actividades humanas, además del grave impacto ecológico.
Por tal motivo, su lucha ahora no es solo por los territorios y el daño que ocasionan las actividades extractivas, sino también por el derecho humano al agua, por lo que trabajan en la recolección de firmas para exigir a los legisladores dar marcha atrás a dicha Ley, que beneficia principalmente al sector privado, como es el caso de HIGA, con el acueducto Monterrey VI.
