Córdoba, Ver.- (AVC) La defensa del río Blanco y el movimiento de rechazo al proyecto hidroeléctrico Naranjal, fue llevado al ámbito jurídico al promoverse el juicio de amparo 904/2014, ante el Juzgado Décimo Segundo del Séptimo Circuito, al violentarse los derechos humanos de los habitantes, e incurrir en omisión y acción por parte de las diferentes dependencias del gobierno federal.
Gabriela Saínz, integrante del colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, informó que el proyecto cuenta con el aval de la Comisión Reguladora de Energía y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sin embargo, en varias ocasiones se ha cambiado el proyecto ejecutivo y hasta el trazo del canal, por lo que las autorizaciones dadas desde el 2011, quedaron sin efecto.
“Este conflicto es de interés nacional no podemos consentir la entrega que Enrique Peña Nieto y Javier Duarte de Ochoa hacen de nuestros recursos naturales y energéticos a estas empresas mercenarias del medio ambiente. Nuestra lucha no es aislada, está ligada a las miles de manifestaciones que se han hecho en todo el país para denunciar las violaciones a los derechos humanos”, concluyeron.
De igual forma, las compras de tierras para dicho fin, legalmente perdieron validez, sin embargo, hay una “complicidad” del gobierno para favorecer a los inversionistas aún cuando se pisoteen los derechos de las comunidades y se les mienta a los habitantes sobre los alcances de la obra y el impacto ambiental a generarse.
“Todo esto es una estrategia de contubernio empresa-gobierno, ya que sin información oportuna y fehaciente que nos permia determinar si es nuestra voluntad vender o rentar nuestras parcelas, la empresa respaldada por las instancias se ha visto motivada para adquirir nuestro territorio a base de engaños, manipulación y fraude, generando que los habitantes seamos despojados y finalmente desalojados”, apuntaron durante la rueda de prensa.
En más de una ocasión han denunciado que no han hablado con claridad de los efectos sociales y ambientales, y sobre todo han violado sus derechos humanos a la autodeterminación de los pueblos, el derecho de propiedad particular, comunal, ejidal, de auto-sustento, a un medio ambiente adecuado, a una vivienda y plan de vida, dichos derechos están reconocidos en la Constitución Federal y a través de los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México.
Aseguraron que la empresa ha “pregonado” que cuenta con el 70 por ciento de predios adquiridos y con todo lo necesario para comenzar la construcción de la hidroeléctrica, mientras que la concesión otorgada por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, y la aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), no constituyen por si solos documentación suficiente para el inicio del proyecto.
Asimismo autoridades como el Ayuntamiento de Cuichapa niegan tener conocimiento respecto
al proyecto aún cuando de acuerdo a la Semarnat fue consultado mediante oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/3798/09.
Aseguró que el conflicto que genera la imposición de la hidroeléctrica “El Naranjal” no es exclusivo de los afectados en su propiedad privada o ejido, sino que implica la transformación de todo un modo de vida de quienes sin ser dueños de terrenos contemplados para la construcción serán perjudicados.
