* Quieren que se solucione pronto el problema del gasoducto
* Obligada, intervención del municipio
Álvaro Guerrero
Ayer por la tarde se llevó a cabo una asamblea popular en el salón social de la congregación Potrero Nuevo de San Rafael, donde se discutió el tema del gasoducto con los opositores a esta obra a cargo de la empresa Gas Natural Industrial (GNI), la cual surtirá de gas a la empresa Citrofrut, la relevancia de este evento surge por la presencia de la representación de la subsecretaría de gobernación, la cual acudió para escuchar las demandas y orientar a la ciudadanía.
A esta reunión asistieron alrededor de 50 personas representando a las comunidades que se dicen afectadas por esta obra, y por parte de gobierno del estado Marlon Ramírez, subsecretario de gobernación, envió a Roberto Salazar García secretario técnico de Política Regional, quien a su vez dejó a los inconformes bajo la asesoría del abogado Isael Petronio Cantú Nájera para informarles sobre la factibilidad de establecer la figura de la contraloría social para llegar a un acuerdo sobre esta polémica obra.
Les informó que por medio de la figura de la contraloría social se buscará establecer el diálogo entre gobierno, empresa y ciudadanía para determinar y exigir cuál será el procedimiento idóneo y seguro para realizar esta obra por otra área lejos de la zona federal, la cual atraviesa estas comunidades.
Cantú Nájera les señaló que la contraloría social puede ejercer presión para que la empresa deje de realizar estos trabajos, que podrían afectar a todas las comunidades cercanas, con esto buscarán suspender las obras, mientras se averigua si ésta pone en riesgo a la ciudadanía.
La primera anomalía que se ha visto es que la empresa no hizo la publicación del proyecto hacia la ciudadanía, señalando el trazo de éste y de los posibles riesgos que podrían tener al llevarse a cabo dicha obra, a lo que señaló el abogado que toda constructora se ve obligada a presentar ante la sociedad la elaboración de la edificación, debido que está establecida en la ley.
En próximos días esperan poner a trabajar esta figura (la contraloría social) en conjunto con la empresa GNI y el gobierno del estado, donde se tendrán que establecer acuerdos que ayuden a todas las partes, la cual se prevé que tenga lugar antes de marzo del próximo año, en los siguientes días estarán firmando de conformidad los demandantes su anuencia para que se inicie la conformación de esta contraloría social en una notaría pública del municipio de Martínez de la Torre.
Una de las ventajas es que por medio del establecimiento de esta figura podrían pedir a las instituciones educativas de nivel superior como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Veracruzana que hagan un estudio profundo de las adecuaciones del material que están utilizando, así como si las condiciones favorecen para ejercer o la creación del gasoducto para la comunidad, sin embargo adelantan que es poco probable que la obra siga el plan propuesto por la empresa constructora.
De encontrarse documentación falsa o alterada por parte de GNI podría estar en riesgo el personal que autorizó la construcción e incluso el gobierno municipal por autorizar la obra del gasoducto que llegaría a parte de la comunidad Carrillo Puerto mejor conocido como Paso Largo.
La notaría solo dará fe de que las actividades de los opositores están de acuerdo a lo establecido en la ley, posteriormente de que dicho órgano dé fe tendrán que hacer que la empresa se presente a dialogar con el gobierno estatal y lo habitantes de las comunidades, también obligará a que el diálogo sea convocado por el municipio que encabeza Héctor Lagunes Reyes.
De no responder al llamamiento el gobierno municipal la ciudadanía podrá demandarlo, de igual forma si hubiera probabilidades de un cohecho por parte del alcalde con la empresa del gasoducto, se le haría una investigación exhaustiva en todas sus cuentas y de encontrarse tal delito será sancionado mediante una pena condenatoria, e incluso la confiscación de bienes. Misma situación podrían vivir directivos que hubiesen falsificado o facilitado el otorgamiento de los permisos o demás documentación.
Se habló que las personas que se encuentran demandadas por parte de GNI continúan en el proceso de investigación, por lo cual con la contraloría obligarán a la empresa que se retracte de la petición que hizo al Ministerio Público, para que pueda existir un buen diálogo, lo cual dejará ver si realmente la empresa tiene iniciativa de trabajar de acuerdo a las normativas que establece la ley.
Hizo hincapié el abogado que la empresa al ser reconocida mundialmente y al ver las problemáticas que tienen en estas comunidades, podrían verse afectados para realizar futuros proyectos, pues serían afectados principalmente en su ética profesional, la cual es reconocida en otros estados o países, por lo que ven como la salida más factible que realicen esta obra sobre la zona agrícola de las comunidades.
