* Al no tener voto, ni siquiera podrían reclamar los 5 mil pesos que aportaron en la supuesta compra de acciones
Facundo Bartolo Salazar
Los productores, especialmente los más pequeños, fueron utilizados para justificar los recursos millonarios que fueron bajados por empresarios y grandes funcionarios y políticos para el proyecto de la Juguera del Totonacapan, para que a final de cuentas “triangularan” o “desaparecieran” ese dinero, mismo que actualmente, ya nadie puede reclamar, ni el gobierno, ni los propios productores, a los integrantes de una empresa privada, quienes serán los usufructuarios de los recursos en cuestión.
Lo anterior es un secreto a voces entre los productores, el cual afortunadamente fue filtrado a tiempo, antes de que continuasen comprando acciones. A estas alturas, los mismos integrantes del gremio refieren que los recursos federales para la Juguera del Totonacapan fueron conseguidos por empresarios, así como grandes funcionarios y políticos, pero como a ellos no se les pueden otorgar tales apoyos directamente, decidieron involucrar a los productores como la justificación social del proyecto.
Los declarantes dijeron tener conocimiento de que inicialmente, Tamaulipas tenía 75 millones de pesos del gobierno Federal para invertirlos en la citricultura, pero no les fue posible aportar lo que les correspondía. Y cuando se enteraron de que a René Martínez Decuir le iban a entregar 50 millones de pesos, le propusieron invertir ambos capitales en la citada juguera, ubicada en la comunidad El Chote.
Dijeron que de ahí iniciaron una serie de mecanismos muy oscuros, en los cuales el gobierno Federal le entregó el dinero al Sistema Producto, mismo que a su vez le da recursos al Consejo Estatal de Productores, de donde recibe dinero la Juguera del Totonacapan. Esta empresa pasa recursos a Jugos Cítricos de México, siendo notable que ya en este punto, todo ese dinero ya no es público, sino que estando ya en una empresa particular, solamente los dueños de la misma los aprovecharán, y nadie más.
Los citricultores inconformes señalaron que en ese negocio participaron Sistema Producto, Consejo Estatal Citrícola, Juguera del Totonacapan y Jugos Cítricos de México. Con ello fue iniciada la obra, inicialmente con 125 millones de pesos, a los que se agregaron recursos de sistemas producto como el de San Luis Potosí y Puebla. Asimismo, esos empresarios y funcionarios llamaron a 2 mil productores, quienes invertirían 5 mil pesos cada uno para completar un total de 10 millones de pesos, con lo cual justificarían socialmente el proyecto.
Se destacó que, definitivamente, es desproporcionada la inversión de los pequeños productores, con 10 millones, en comparación con 125 de los grandes magnates. De la misma manera, el acta constitutiva de la empresa establece en una cláusula que no tenían derecho a voto, sino que serían representados por alguno de los consejeros no patrimoniales. En ese punto, cabe aclarar que los consejeros patrimoniales y no patrimoniales, tienen poder superior al propio consejo de administración. Eso implica que los productores no tendrían derecho a voto, aun cuando tuviesen el 99 por ciento de las acciones. Por esa razón, quienes aportaron sus 5 mil pesos para la juguera ni siquiera podrán reclamar su dinero, situación que resulta muy grave. Habría que preguntar entonces a dirigentes de los citricultores como Nicolás Murrieta Espinoza y René Martínez Decuir, quienes debieron pelear los intereses de sus representados, quienes supuestamente serían los dueños de la Juguera del Totonacapan, y ahora resulta que solamente sirvieron como “carne de cañón” para que otros continúen incrementando sus fortunas.
