* Serán llevadas al Fuero Común luego de errar las denuncias en una instancia federal
* Solo 5 de los cientos de pobladores que participan en la oposición fueron denunciados
Miguel Bautista
Opositores al gasoducto dijeron no sentir temor de haber sido denunciados y llamados a declarar ante la Procuraduría General de la República, luego de que fueran denunciados ante esta oficina, siendo solo cinco de los cientos de opositores que se presume existen en las diferentes comunidades de San Rafael, lo que a decir de los abogados defensores de estas personas, dicha denuncia podría resultar improcedente y turnada al Fuero Común exclusivamente.
Al recopilar las declaraciones emitidas por Sergio Meza Dupont y Celina Álvarez, quienes accedieron a platicar de su situación actual, reconocieron estar denunciados ante el Ministerio Público Federal por parte de Ángel Vázquez Jiménez, representante de la empresa Gas Natural Industrial (GNI), acusándolos de detener las obras del gasoducto e impedir las labores de introducción.
Fue claro al anunciar que solo cuentan con dos testimonios y que la denuncia como tal sería improcedente, por no ser competencia del ámbito federal lo que demuestra que ni siquiera tuvieron la certeza de acudir a las instancias correspondientes, pues esto obedece al Fuero Común, asimismo, hizo hincapié en que no solo cinco personas participaron en estos hechos, calificando como artimañas de la empresa para seguir con la obra, pues fallan al mostrar los permisos correspondientes.
Opinaron que la acusación recayó sobre ellos por ser considerados líderes o arengadores de la gente de las comunidades, desmintiendo esta versión, pues ellos también son ciudadanos afectados al igual que muchos y que incluso tienen que estar pidiendo cooperación a la población para pagar a sus defensores, cuando ellos fueron los agraviados como se muestra en los videos que circulan desde hace algunas semanas en las redes sociales y medios digitales.
Reconoció que la manifestación es legal siempre y cuando no se respete ni la salud ni la vida de los habitantes de estas comunidades, considerándola una obra de alto riesgo por los materiales utilizados, siendo niños y escuelas e incluso familias completas las que están en riesgo, hablando de un claro intento de intimidación como sucedió en la ciudad de San Rafael, al presentar una denuncia sin pruebas más que con testimoniales falsos de los mismos empleados, resultando también inoperable.
Agregó que ellos podrían denunciar incluso a los elementos del instituto de la policía auxiliar cuando intentaron retirarlos, pues ellos si cuentan con los diferentes videos que prueban el uso de la fuerza pública, cuando ellos no están facultados para ello, aunado al encapuchamiento de la policía privada, cuando tampoco están de acuerdo en ello, sin embargo todo lleva su tiempo y replicó al gobierno del estado y al gobierno federal que cumplan su palabra de no seguir violentando los derechos de los ciudadanos.
Por lo tanto, los declarantes sostuvieron que seguirán en esta postura hasta las últimas consecuencias, luchando ante arbitrariedades e inconsistencias de la empresa antes mencionada y que señalaron a Héctor Lagunes Reyes y al mismo gobierno estatal como responsables de que esta problemática trascendiera más allá, pues están haciendo omisión de sus funciones para intervenir en dicho conflicto, especialmente al edil sanrafaelense por negarse a dar respuestas.
Finalmente, reconocieron que fueron atendidos correctamente en todo momento, respetando sus derechos y que esperan que las cosas sigan igual, pues sería el colmo la violación a sus derechos como ya ocurrió con la otrora empresa de seguridad privada, la cual siempre ha dado muestras de nepotismo y abuso por parte de sus mal entrenados elementos.
Por su parte, el litigante Rodolfo Florentino Meza Celis, también accedió a dar su punto de vista con respecto de sus clientes, y es que en la opinión de este experto, la denuncia tendrá que ser desechada por no ser competencia federal, así mismo explicó que el Fuero Común investiga lesiones, amenazas y no tendrían porqué ser investigados por la PGR, toda vez que no se trata de una empresa federal sino particular.
Detalló que aun cuando se trabaja en un margen de la carretera federal, la empresa no cuenta con los permisos de la SCT, Conagua y otras dependencias, hablando de que existe incluso una demanda civil en la ciudad de Xalapa para el Ayuntamiento de San Rafael porque han otorgado permisos para la construcción del gasoducto pero sin estar debidamente validados, concluyó.
