* En Tepetates y Potrero Nuevo se hacen presentes elementos de seguridad privada
* Se registran agresiones
Álvaro Guerrero
Ayer por la mañana en las comunidades Tepetates y Potrero Nuevo del municipio de San Rafael intentaron desalojar con el uso de la fuerza a los grupos opositores al gasoducto, ya que el personal de la constructora a cargo de la obra contrató a elementos de seguridad privada para que quitaran a los manifestantes y pusieran mallas de protección para continuar sus trabajos, que beneficiarán a la empresa CitroFrut.
Los habitantes de esos lugares tienen instalados sus campamentos desde hace varios meses, sin embargo el martes pasado tuvieron que retirarse de los campamentos para refugiarse en sus casas por la intensa lluvia, hasta que el miércoles a primera hora la constructora aprovechó para quitar las carpas de los manifestantes y tratar de continuar la construcción.
Para lo anterior requirieron de alrededor de 60 elementos de seguridad privada a quienes les instruyeron los responsables de la obra hacer uso de la fuerza si los habitantes de las comunidades intentaban manifestarse.
Al tratar de recuperar sus campamentos se armó la gresca, dejando varios lesionados de los cuales dos recibieron agresión con gas lacrimógeno, los demás fueron golpeados con los escudos que traía consigo el personal de seguridad privada, ninguno de los manifestantes llevaban consigo un arma. Destacan que en el lugar se encontraba un representante de la empresa GNI, el cual arengaba a los elementos policiales a agredir a los ciudadanos.
Las personas que se encontraban en el lugar hicieron el llamado a los demás habitantes con el uso de las campanas de la iglesia, llegando aproximadamente 300 personas que trataban de detener la construcción del gasoducto, debido que el personal de Seguridad Pública del municipio San Rafael nunca se presentó al lugar de los hechos.
La seguridad privada solo duró media hora en la comunidad Potrero Nuevo al ver que eran demasiados manifestaciones prefirieron retirarse del lugar, en comparación con Tepetates que aún se mantenía por ser minoría de opositores.
A los habitantes los trató de sobornar el personal de la constructora ofreciéndoles un Centro de Salud o la pavimentación de sus calles a cambio de que dejaran que la obra siga su curso. También cinco de los manifestantes han sido denunciados ante el Ministerio Publico por presuntas amenazas y agresiones por parte de un trabajador de la constructora.
Los campamentos instalados en las comunidades se sostienen de los apoyos de las personas que dan voluntariamente una moneda o de donaciones de alimento de otras comunidades pertenecientes a esa región.
Por parte de los habitantes han intentado dialogar con el presidente municipal Héctor Lagunes Reyes, y hasta el momento solo en una ocasión fueron atendidos sin que se lograran resolver las peticiones realizadas por ciudadanos afectados del gasoducto.
Los opositores del gasoducto piden el apoyo de las autoridades estatales y federales para que intervengan en este asunto que afecta a miles de personas, principalmente a los niños que habitan en ese lugar.
Cabe hacer mención que los grupos de seguridad privada no están facultados para actuar de la forma que lo hicieron en zonas públicas, pues su función debe limitarse a las inmediaciones de las empresas que los contratan, a menos que una autoridad lo solicite.
