Un asunto de tierras, donde las familias dicen están perdidas, pero aún existe la esperanza de negociar y evitar el desalojo que en múltiples ocasiones se evitado por las partes afectadas.
Antonino Montes Hernández, presidente del comité particular ejecutivo agrario de la comunidad, explicó que con esta acción se suman ocho sentencias emitidas por el Tribunal Superior Agrario, que pretende darle posesión de las 134 hectáreas a Ignacio Vázquez Tello.
Por ello, una vez más los habitantes se postraron a la entrada del predio con la finalidad de no dar acceso a la fuerza pública y al actuario, quienes efectuaron una mesa de diálogo y levantaron los antecedentes de hechos, por lo que elementos de la policía estatal y del Mando Único estaban a la expectativa.
En dicho predio han vivido durante 30 años, dice el dirigente comunero, por ello no cederán a la sentencia, buscan otros mecanismos para que el gobierno estatal y el municipal los apoyen, señalando que la responsabilidad del hecho recae en la autoridad federal.
Detalló que desde hace más de 30 años solicitaron ampliación del ejido y el 2 de diciembre de 1997 el Tribunal Superior Agrario determinó sentencia favorable a su petición, pero apareció el supuesto dueño, amparándose ante la resolución.
“Desde esa fecha y hasta el día de hoy llevamos 14 años de litigio con este señor y posteriormente se nos suspendió la sentencia del 2 de diciembre para escuchar al quejoso y fue vencido en juicio en 2009, cuando el Tribunal Superior Agrario determinó una sentencia favorable a nuestra solicitud de ampliación”, indicó.
Agregó que nuevamente Vázquez Botello presentó una inconformidad a la resolución por violaciones a sus garantías de amparo, recibiéndose el recurso y salió el año pasado nuevamente otra resolución a favor de los ejidatarios.
Sin embargo, el 12 de mayo la magistratura federal entregó una resolución favorable y desde entonces a la fecha llevan ocho intentos de desalojo, por los cuales han luchado y seguirán en ese tenor, dijo Montes Hernández.
