Los documentos suscritos por el citado notario y algunas inscripciones en el Registro Público de la Propiedad (RPP), revelan operaciones que tuvieron como fin reactivar una propiedad que prácticamente se ha extinguido, denominada San Francisco La Piedra, ubicada sobre la margen izquierda del río Coatzacoalcos, entre este puerto y Minatitlán.
Dicha propiedad perteneció a los herederos de Abel Roberto Pérez de la Torre, conocido también como Abel R. Pérez, quien llegó a detentar 6 mil 803 hectáreas de terreno, pero que luego una serie de operaciones de compra-venta, redujo el tamaño del predio.
Aguilar Urcelay elaboró recientemente, pero, con fecha de hace 20 años la escritura 5,140, con la que supuestamente los integrantes de la Sucesión de Abel R. Pérez le vendieron, mediante su “apoderado” Fermín Ibarra Ramírez, 3 mil 979 hectáreas a David Arias Alcudia, esa venta se habría realizado por la cantidad de 7 millones 950 mil pesos.
Fermín Ibarra Ramírez, un personaje desconocido para los propietarios del predio, no aparece como representante de dicha sucesión en ninguna operación anterior de la Sucesión de Abel R. Pérez, o sea los hermanos Pérez Herrera.
David Arias Alcudia tiene a cargo usar la documentación y realizar con ella operaciones ante otros notarios públicos, inclusive de otros estados del país, como es el caso de Cárdenas, Tabasco.
Para la Sucesión de Abel R. Pérez, el mencionado Fermín Ibarra es un desconocido. El apoderado legal de los hermanos Pérez Herrera fue durante muchos años Luis Ignacio Vázquez Tello, abogado de su entera confianza que vino concretando la venta de fracciones del predio desde hace casi tres décadas, entre ellas el predio el Dorado, cuyos habitantes estan en litigio con la Reforma Agraria.
Por sus manos paso la venta del área invadida por paracaidistas a fines de los años 70 y principio de los 80 al gobierno de Veracruz, que dio vida a lo que hoy son las colonias Francisco Villa, Nueva Obrera, Progreso y Paz, Miguel Hidalgo, entre otras.
Incluso su hermana, Marcela Vázquez Tello, fue la representante de la empresa “Organización de Frigoríficos Crazi, Michoacán, Nahuatzen, S.A. de C.V.”, con la que se obtuvo la indemnización por resultar afectados los hermanos Pérez Herrera por la construcción de la autopista Coatzacoalcos-Minatitlán.
Fuentes consultadas cercanas al Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos, la función de Arias Alcudia es usar la escritura pública 5,140 para tramitar créditos bancarios, cuya garantía, en este caso el predio en mención, prácticamente no existe pues tras diversas ventas realizadas en años anteriores, el terreno se encuentra agotado.
El objetivo es obtener recursos económicos usando el predio como aval o garantía, y posteriormente desentenderse de la deuda. Cuando los acreedores intenten recuperar su dinero e intenten trabar embargos, se encontrarán con que el predio San Francisco La Piedra ya no existe como tal, ya que los sucesores de Abel R. Pérez vendieron el terreno en forma fraccionada a lo largo de los años y que al supuesto comprador, David Arias Alcudia ni siquiera lo conocieron, como tampoco al “apoderado” Fermín Ibarra Ramírez.
En la escritura mencionada, el notario Aguilar Urcelay invoca diversos documentos para sustentar la falsa legalidad de la operación, tales como cuenta predial, recibos foliados de la Tesorería municipal de Coatzacoalcos, pagos en la Secretaría de Finanzas de Veracruz y pagos de derechos por traslación de dominio, todo de manera sospechosa y en algunos casos, fraudulenta.
El notario Aguilar Urcelay, a pesar de estar suspendido por la Dirección de Notarías de Estado por varias denuncias e irregularidades que han dado pie a fraudes inmobiliarios como el de la familia Bringas Burelo, elaboró la escritura 5,140 en las últimas semanas de 2013, pero con fecha del 26 de enero de 1994.
En ella hace referencia a la escritura 3,163, del 9 de febrero de 1992, expedida por él mismo, con la que se protocolizaron los doce antecedentes que acreditan el origen del predio desde 1822 y las diversas ventas que se realizaron hasta llegar a Abel R. Pérez y sus hijos, consignados anteriormente en la escritura 60,756, suscrita por el notario Mario García Lecuona, de la Ciudad de México, el 5 de septiembre de 1985, inscrita en el RPP con el número 3407, tomo undécimo, sección I, del 18 de noviembre de 1985.
Pero al indagar en el Registro Público de la Propiedad de Coatzacoalcos sobre la escritura 3163, lo único que se encontró con el número de inscripción 3407 fue la operación de compra-venta entre la Sucesión de Abel R. Pérez y el señor Francisco Sandino Pérez por 20 hectáreas del predio San Francisco La Piedra.
Es decir, el notario Aguilar Urcelay erró en la elaboración de la escritura de compra-venta, a todas luces falsa, asignando un número de inscripción en el Registro Público de la Propiedad por 3 mil 979 hectáreas que en realidad corresponde a una operación de 20 hectáreas con el señor Francisco Sandino Pérez.
El Registro Público de la Propiedad, a pesar de saber que el notario Aguilar Urcelay está suspendido por operaciones fraudulentas, otorgó un certificado de libertad de gravamen a favor de David Arias Alcudia, el 12 de julio de 2013, el cual quedó registrado con el número 1,268/13, con un costo de 372 pesos.
El documento está firmado por el encargado del Registro Público de la Propiedad, Mario Rafael Contreras Castro, y el oficial mayor, Fernando Cisneros Ramos, quienes se han venido prestando a darle validez a las operaciones que proceden de la notaría numero 14 a cargo de Aguilar Urcelay.
Con esa libertad de gravamen ambos funcionarios abrieron la puerta para se consume el monumental fraude urdido por el notario Aguilar Urcelay, Fermín Ibarra Ramírez y David Arias Alcudia.
El notario Enrique Aguilar Urcelay fue intervenido el 8 de febrero de 2013, diligencia ordenada por la Dirección de Notarías del gobierno de Veracruz se le revocó la patente. Sin embargo, un error de procedimiento permitió que Aguilar Urcelay retuviera los sellos y la papelería oficial y así pudo continuar realizando escrituras con fecha de años anteriores e inscribiéndolas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Coatzacoalcos con la complicidad del titular, Mario Rafael Contreras Castro.
Aguilar Urcelay elaboró la escritura 5,140 con la que supuestamente se formalizaba la compra-venta de 3 mil 979 hectáreas entre la Sucesión de Abel R. Pérez y David Arias Alcudia. La operación la realizó recientemente pero la registró con fecha del 26 de enero de 1994.
Con veinte años de retraso comienzan a aparecer en el Registro Público de la Propiedad trámites inmobiliarios, como es la emisión una libertad de gravamen a fin de que esa escritura sirva para realizar trámites bancarios y acredite la existencia del predio en operaciones inmobiliarias, aunque en realidad ya no existe.
