Un comando irrumpió en el ejido “El Real”, municipio de Catemaco, en la región de Los Tuxtlas del estado de Veracruz, detonó armas de fuego al aire e incendió tres viviendas para invadir y apropiarse de las tierras.
Juan David Castilla
Xalapa
Un comando irrumpió en el ejido “El Real”, municipio de Catemaco, en la región de Los Tuxtlas del estado de Veracruz, detonó armas de fuego al aire e incendió tres viviendas para invadir y apropiarse de las tierras.
Los integrantes del Comisariado Ejidal recordaron que estos hechos ocurrieron el pasado martes 7 de enero al mediodía, derivado de un conflicto agrario que no ha sido resuelto desde hace decenas de años.
Los sujetos encapuchados llegaron a la zona a bordo de camionetas con armas de fuego, como rifles y escopetas. Hicieron los disparos al aire y luego prendieron fuego a las viviendas de los ejidatarios.
Efrén Echavarría Colunga, uno de los afectados, hizo un enérgico llamado a las autoridades locales y federales para la atención inmediata del caso y acompañamiento para la pronta solución del problema.
“La mayoría de nuestros compañeros se encontraban trabajando y por eso no hubo pérdidas humanas. Estas personas gritaban la consigna de que nos iban a matar porque esas tierras son de ellos y que ya su abogado de nombre Gregorio Arellano les había dicho que los magistrados de Boca del Río van a sacar sentencia a su favor, y que nos van a matar, especialmente a los miembros del Comisariado Ejidal que son personas de avanzada edad”, expresó.
Algunos de los agresores fueron identificados y, por ello, las víctimas presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns, por los delitos de amenazas, robo y daños, por mencionar algunos.
“Entre ellas fue posible identificar a algunas personas, sobre las que ya se hizo el señalamiento ante la fiscalía con sede en San Andrés Tuxtla y sobre las que ya pesa una denuncia penal no sólo por los daños ocasionados, sino por las cosas que sustrajeron de las viviendas, de la casa ejidal y sobre el intento de homicidio que pretendieron hacer contra nuestros compañeros, además de las amenazas que gritaron en contra del presidente del ejido, don Antonio Baxin Ceba, a quien fueron a buscar hasta su casita y la incendiaron, afortunadamente no lo encontraron”, enfatizó.
Echavarría Colunga refirió que este conflicto ventilado en los tribunales ya ha tenido antecedentes de violencia, pues en la primera ejecución de sentencia fueron igualmente amenazados con armas de fuego.
“Y nos aventaron de tiros. No se omite manifestar que estas personas además violaron una suspensión de amparo (que ellos mismos solicitaron) al entrar a nuestras tierras legalmente entregadas a nuestro ejido y pretender matarnos, por lo que ya se le dará vista al ministerio público federal para que imponga las medidas que corresponden en contra de quienes además violan flagrantemente la Ley”, agregó.
Los afectados son campesinos y se enfrentan a un grupo de “caciques” de la zona sur del estado de Veracruz, con presuntas influencias con diputados y la administración federal.
“En esta ocasión nos enfrentamos a los ricos de la zona, a los poderosos e influyentes, tanto que su abogado ha acudido acompañado de diputados a la delegación de la Sedatu aquí en Xalapa a tratar de litigar políticamente lo que se les venció en lo legal. Nuestra lucha fue contra Sedatu, para que nos entregara la tierra, nunca contra los colonos de La Palma, pero ellos ya nos amenazaron por lo que los responsabilizamos de manera directa de todo lo que pudiera pasarnos a nosotros y a nuestras familias. El consejo de Administración de la Colonia Agrícola y Ganadera de la Palma es su órgano de representación y debe responsabilizarse de los hechos”, refirió.
ORIGEN DEL CONFLICTO
Mediante una resolución presidencial del año 1973 se les otorgaron mil 076 hectáreas de tierra para la creación de su ejido. Se trataba de tierras de la entonces Hacienda de Sontecomapan, propiedad del Gobierno Federal.
“Resolución que nunca se vio materializada hasta que en el año de 2011 tuvimos la oportunidad, después de muchos años de lucha de iniciar un juicio en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Sedatu a la que le demandamos el cumplimiento en sus términos de dicha Resolución”.
A través del Tribunal Unitario Agrario de San Andrés Tuxtla obtuvieron sentencia favorable, ordenándose que se cumpliera con la entrega de la superficie; sin embargo, la Sedatu, mañosamente indicó que sólo podría otorgar las 434 hectáreas que tenían en posesión, porque las demás formaban parte de otras dotaciones.
“Cabe señalar que desde el año 1973 las tierras que nos fueron dotadas fueron afectadas y los dueños de esas tierras al saberlo decidieron venderlas, y por tanto todas las ventas que fueron haciendo desde entonces a la fecha resultan nulas, sin embargo, por tratarse de personas que dicen estar muy relacionados con el gobierno y al tener recursos económicos se han interpuesto en contra del fallo judicial”.
El 4 de diciembre de 2015 finalmente lograron que se ejecutara parcialmente la sentencia con la entrega de las 434 hectáreas a su núcleo ejidal y cuando intentaron parcelar la superficie, los vecinos de la colonia Agrícola y Ganadera Sontecomapan, sección La Palma, con pistola en mano, machetes y con actos de violencia irrumpieron en el lugar para confrontarlos, impidiendo así la plena disposición de la tierra.
“Inmediatamente después de amenazarnos y al replegarnos con sus armas, interpusieron un amparo en contra de la sentencia agraria, la cual en primera instancia el juez de distrito les negó, por lo que acudieron al recurso de revisión ante el tribunal colegiado de Boca del Rio y les otorgaron el amparo, el cual tiró la ejecución parcial con el propósito de que se les notificara para que tuvieran la oportunidad de presentar pruebas para saber si en realidad eran afectados”.
El Tribunal Agrario repuso el procedimiento, pues el amparo nunca dejó sin efectos la sentencia agraria, por lo que se ordenó nuevamente ejecutar parcialmente la sentencia y notificarles a los quejosos para que pudieran presentar las pruebas que de inicio dijeron que no se les permitió presentar.
“Sin embargo una vez que les fue notificada la diligencia de ejecución no sólo no la impugnaron, sino que la consintieron, vaya, se les fue el término para impugnarla, por lo tanto se consumó el acto y obtuvo la firmeza legal, por lo tanto resulta improcedente un nuevo amparo, y quedó nuevamente ejecutada de forma parcial la sentencia el 31 de enero de hace 2 años”.
Con la finalidad de retrasar lo inminente, tramitaron un nuevo amparo, demandando las mismas cosas que en la primera ocasión, por lo tanto el Juez Quinto de Distrito de Boca del Río volvió a negarles el amparo.
“Porque no pueden ostentarse como desconocedores dos veces y al no haber aportado ninguna prueba ni impugnado en el término la ejecución de la sentencia, es obvio que está firme, sin embargo en ese amparo los señores de la colonia la Palma solicitaron la suspensión del acto, para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, lo curioso es que ya nos había sido entregada la tierra, esto quiere decir que sus omisiones o inadecuada defensa generó que se les venciera el término para impugnar”, enfatizó.
MIEDO A MÁS VIOLENCIA
Las 60 familias que habitan en el ejido temen por su seguridad y, por ello, pidieron la urgente intervención de las autoridades. Incluso, temen que haya enfrentamientos por este conflicto agrario.
“Hoy pedimos nuevamente a las autoridades del Gobierno del Estado que actúen, pues ante circunstancias que pongan en peligro nuestra vida no tendremos más opción que defendernos y defender la tierra que nos fue entregada, y no queremos que por la desatención ocurran sucesos que tengamos que lamentar, por eso hacemos un llamado a la Gobernadora del Estado, Rocío Nahle para que intervenga”.
El día de los hechos sólo acudieron dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero nada pudieron hacer en contra de las personas que se encontraban armadas.
También han solicitado la presencia de la Policía Municipal de Catemaco y la Guardia Nacional, sin obtener una respuesta favorable.
“Estamos a la espera de que el Secretario de Gobierno nos reciba y ofrezca el respaldo y la protección del Estado, pues nosotros somos los que tenemos una sentencia a favor, no somos ningunos delincuentes”.
Los integrantes del Comisariado Ejidal fueron recibidos en Palacio de Gobierno este jueves 9 de enero, donde las autoridades prometieron dar seguimiento al caso.
