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BOCA DEL RÍO
La regulación del servicio de plataformas de alquiler de vivienda temporal, implementada en la Ciudad de México, podría extenderse a los estados.
El expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Pedro Fernández Martínez, admitió que esta medida busca ordenar y establecer parámetros claros para operaciones de empresas como Airbnb y Booking, que han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.
El experto inmobiliario consideró que la regulación es necesaria para garantizar la seguridad y calidad de los servicios ofrecidos, así como la competencia con el sector hotelero.
Sin embargo, advirtió que esta regulación podría tener un impacto en los precios del hospedaje, encareciéndolos para los consumidores.
“Es poca equitativa la competencia y empiezan a subir como la espuma este tipo de plataformas y de alguna manera se necesita regular y poner candados. Esa es una parte positiva para proteger a la industria turística. También se establecen sanciones si rentas más de 180 días, pero hay quienes invirtieron en estos inmuebles y si tienes una buena oferta, pero viene una regulación lo que puede suceder es que el arrendamiento se va a encarecer porque ya no puedes rentar todo el año”.
Dijo que es fundamental encontrar un equilibrio entre la regulación y la libertad de operación para estas plataformas y evitar el encarecimiento del hospedaje para los consumidores.
La regulación de las plataformas de alquiler de vivienda temporal es un tema relevante en la industria inmobiliaria, y su implementación en los estados podría tener un impacto significativo en el mercado.
“Va a estar limitado quien se dedique a este tipo de actividad bastante redituable. Vamos a tener como efecto colateral peligroso que suba el arrendamiento porque van a buscar nivelar estos ingresos contra las inversiones que se hacen”.
Cabe mencionar que el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen a la iniciativa para regular el servicio de plataformas de alquiler de vivienda temporal. Se establece que la ocupación máxima para las unidades de alojamiento inscritas en las aplicaciones será de 50 por ciento al año, para regular el mercado de alquileres vacacionales y equilibrar la competencia con el sector hotelero tradicional.
Los propietarios que excedan dicho límite tendrán que esperar un año para volver a ofrecer el alojamiento.
