Agencias
Xalapa, Ver.-
Los diputados del Congreso de Veracruz tienen pendiente la aprobación de la prórroga que permitiría a 12 integrantes del Consejo Ciudadano del mecanismo de la Comisión Estatal de Búsqueda seguir en funciones y con ello no frenar los trabajos del mecanismo de coordinación institucional.
Lo anterior luego de que al concluir julio feneció el periodo para el cual fueron nombrados 12 de los 13 integrantes del Consejo, de manera que actualmente solo hay una persona en funciones.
Al respecto, la académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Golfo e integrante del Consejo Ciudadano, Patricia Eugenia Zamudio Grave, indicó que hace dos semanas solicitaron a la Comisión de Gobernación aprobar una prórroga para que continúen en funciones.
Además, explicó que pidieron que se emita la convocatoria para la selección de nuevos integrantes de este Consejo Ciudadano, pues por ley si no se cuenta debidamente conformado el mecanismo de coordinación no puede reunirse.
“Solicitamos al Congreso por enésima vez, pero parece que ahora sí nos escuchan que haya una prórroga para quienes estamos para que el Consejo tenga participantes. Si el Consejo no tiene participantes entonces no puede reunirse el mecanismo de coordinación interinstitucional que debe reunirse por ley al menos tres veces al año”.
La especialista consideró que es fundamental que se emita la convocatoria que debió emitirse hace ya más de dos años, y que se hagan adecuaciones a esta.
“Que se mantengan tres años para cada consejero, que no haya como antes que eran uno, dos o tres años, eso también lo estamos pidiendo como un cambio”.
Además, que los perfiles queden muy bien definidos, que haya una verdadera rendición de cuentas de quiénes sí y quiénes no quedan.
“Hay todo un procedimiento de entrevista, se analiza el currículum, queremos que se diga cómo salió la entrevista, si no se quieren dar nombres, que digan quiénes tuvieron las puntuaciones mayores y a partir de ahí que haya criterios muy transparentes de selección”.
Otra de las peticiones es fomentar la difusión de la convocatoria, pues hay problemas para lograr la participación de expertos y expertas en derechos humanos.
“A veces no ven bien cuál sería su papel en el consejo y también de organizaciones de sociedad civil que puedan participar en el consejo. Yo creo que esa es una carencia que tenemos en el estado, que no tenemos una masa crítica de organizaciones, de sociedad civil que se dediquen al tema de las desapariciones”, consideró.
Zamudio Grave comentó que por ello es importante que se haga una difusión adecuada, para que quienes estén interesados o que hayan tenido ya algún tipo de trabajo en esta área puedan participar.
“Que tengamos también un buen cuerpo del cual elegir a los mejores y las mujeres consejeras”, dijo.
De acuerdo con la Ley estatal en materia de desaparición de personas, el Consejo es un órgano ciudadano de consulta de la Comisión Estatal de Búsqueda y las autoridades que forman parte del Mecanismo Estatal de Coordinación en materia.
Está integrado por dos familiares de personas desaparecidas por cada una de las tres regiones del Estado: Región Norte, Región Centro y Región Sur; así como por tres especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General.
La ley establece que se debe garantizar que uno de los especialistas siempre sea en materia forense, y cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.
Deben ser nombrados por el Congreso del Estado, previa consulta pública y con la participación efectiva y directa de las organizaciones de Familiares, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los grupos organizados de Víctimas y expertos en las materias de esta Ley.
La duración de su función será de tres años, con posibilidad de reelección en el periodo no inmediato ejercido. Serán renovados de manera escalonada, y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público.
Los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano ejercerán su función en forma honorífica, y no deben recibir emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño.
Los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano deben elegir a quien coordine los trabajos de sus sesiones, por mayoría de votos, quien durará en su encargo un año.
Y agrega que las recomendaciones, propuestas y opiniones del Consejo Estatal Ciudadano deberán ser comunicadas a la Comisión Estatal de Búsqueda y a las autoridades del Mecanismo Estatal en su caso y deberán ser consideradas para la toma de decisiones.
La autoridad que determine no adoptar las recomendaciones que formule el Consejo ciudadano, deberá exponer las razones para ello. El Consejo Estatal Ciudadano podrá interponer un recurso administrativo.
Y que la Secretaría de Gobierno proveerá al Consejo Estatal Ciudadano de los recursos financieros, técnicos, de infraestructura y humanos necesarios para el desempeño de sus funciones.
