13 de Junio de 2021
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Mixtla de Altamirano en el colapso

 

 

 

 

 

Después del asesinato de exalcaldesa.

ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS

XALAPA

A raíz del asesinato de la alcaldesa Maricela Vallejo Orea, el 24 de abril del 2019, la administración municipal de Mixtla de Altamirano colapso.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, reconoció que existía ingobernabilidad, por lo que dos meses después del asesinato, se desaparecieron los poderes para dar paso a un concejo municipal.

Como medidas adicionales a la desaparición del Concejo Municipal se ordenó la intervención de la tesorería municipal, ese hecho fue considerado irregular por ministros de la Suprema Corte, que emitieron la sentencia en noviembre del 2020.

Recientemente emplazaron al Congreso a informar las acciones tomadas al respecto.  la fecha los diputados han evitado pronunciarse por la decisión de los diputados locales del cuatro de julio del 2019 cuando ordenaron a un auditor de la Secretaría de Fiscalización de la 64 Legislatura intervenir la tesorería del municipio, ante el supuesto saqueó de recursos de las cuentas bancarias.

Las irregularidades fueron muchas y las quejas ciudadanas también. Después del asesinato de la alcaldesa habitantes se manifestaron constantemente en el Congreso local. Tras ello, en junio, Hipólito Rodríguez Tlehuactle, director del DIF municipal; Erasmo Choncoa Hernández, auxiliar de Fomento Agropecuario, e Isauro Cuahua Tetlactle, tesorero, solicitaron al Congreso local la desaparición de poderes del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, argumentando ingobernabilidad, violencia y uso indebido de los recursos.

La queja fue que alguien del Cabildo con banca móvil había retirado recursos de la tesorería municipal, por lo que pidieron la intervención del Congreso, ante el riesgo de que se le fincara alguna responsabilidad por la desaparición del recurso público.

La solicitud fue enviada a la Comisión Instructora, como parte del proceso el 28 de junio del 2019, la alcaldesa suplente, Margarita Montalvo Acahua; el síndico, Ricardo Pérez Marcos, y la regidora, Valentina Temoxtle Juárez, se presentaron a comparecer en la audiencia de pruebas y alegatos con la que se determinó que había elementos para ordenar la desaparición de poderes del ayuntamiento.

Fue entonces que el 9 de julio por mayoría calificada el pleno del Congreso local aprobó la suspensión provisional de poderes del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, por lo que se nombró un Concejo Municipal.

Los legisladores locales votaron y nombraron a: Crispín Hernández Sánchez como presidente y Socorro Alba Sandoval Cuevas, Xicoténcatl Atlahua Temoxtle, Lorenzo Tlehuactle Zopiyactle, Senoria Orea Méndez, así como Ángel Amador Cano como vocales.

Con 39 votos a favor y siete en contra se validó la solicitud del gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien pidió la desaparición de poderes y se ordenó la conformación de un Concejo Municipal como una medida provisional o temporal.

También en julio 2019, ante la presencia del representante del gobierno estatal, Luis Arturo Santiago Martínez, y del delegado de política Regional en Zongolica, Armando Xicoténcatl, inició la intervención a la Tesorería municipal por parte del Congreso del Estado.

El proceso administrativo quedó a cargo de la Secretaría de Fiscalización del Congreso local, Diana Bellido Díaz; el secretario técnico de la Comisión Permanente de Vigilancia, Fernando Guzmán Ricaño, y los representantes del departamento de Auditoría y Rendición de Cuenta Pública, Mario Saldaña y José Alberto Aguirre.

Un mes después, el 20 de agosto, el exsíndico, Ricardo "N", fue detenido en el estado de Puebla, luego de ser identificado por la Fiscalía General del Estado como el presunto autor intelectual de la alcaldesa, Maricela Vallejo Orea, su esposo y su chofer.

Desde que se aprobó la desaparición de poderes no se especificó el tiempo por el que el Concejo Municipal estaría a cargo de la administración del municipio, ubicado en las Altas Montañas.

En noviembre pasado, en sesión de la Primera Sala de la SCJN se revisó el recurso 267/2019, el magistrado Miguel Antonio Núñez Valadez determinó la invalidez de los actos realizados por la mayoría de la 65 legislatura.

Recientemente se pidió al Congreso informar el trabajo realizado respecto a la restitución de los ciudadanos que fueron electos para integrar el Cabildo.


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