Abogados interponen amparo por traslado de juzgado de Orizaba
VERÓNICA HUERTA/AVC NOTICIAS
XALAPA
Tras el anuncio del Consejo de la Judicatura de cambiar la sede del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en materia Familiar del municipio de Orizaba a Nogales, lo que perjudicó a los justiciables, al personal que ahí labora y a los juristas, los abogados integrantes del Movimiento Justicia Veracruz, solicitaron amparos ante el Poder Judicial de la Federación, informaron el presidente de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados Arturo Nicolás Baltazar y la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, Rosa Hilda Rojas Pérez.
Rojas Pérez informó que los Colegio, Barras, Asociaciones y Federaciones de Abogados alzaron la voz una vez más para manifestar su rechazo al cambio de domicilio del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en materia Familiar del municipio de Orizaba a Nogales programado para el 28 de marzo del 2022.
El principal argumento del Consejo de la Judicatura para hacer el cambio de sede, es que se dejará pagar una renta mensual de 14 mil 107 pesos en Orizaba, sin embargo, no se tomó en cuenta que afectarán a los justiciables que ahora deberán de viajar a Nogales.
“El Poder judicial tiene un presupuesto debidamente asignado y no es razón suficiente el cambio de domicilio porque se afectan mayores intereses que el supuesto ahorro de una renta, estamos en contra de esta decisión porque no se ha tomado una decisión escuchando a los usuarios, usuarias, abogados, abogadas y no hay argumentos”.
La abogada señaló que esto es un “Segundo golpe al 08 de marzo” Día Internacional de las Mujeres, porque este Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en materia Familiar atiende casos de pensión alimenticia para los hijos e hijas, divorcios, custodia de los hijos e hijas entre otros temas.
“Las usuarias generalmente son mujeres, niñas que necesitan acceso a la Justicia de manera pronta. La decisión del Tribunal atenta contra el artículo 17 de la Constitución Política Mexicana que establece que los Poderes Judiciales están obligados a administrar justicia de manera pronta y gratuita” señaló.
Recalcó que el Poder Judicial del Estado y el Consejo de la Judicatura toman decisiones “al vapor” que afectan el acceso a la justicia, y un antecedente se registró el año pasado cuando desaparecieron los Juzgados Microregionales y los Juzgados Digitales.
“Una vez más el Poder Judicial asesta un golpe a los usuarios y nulifica el acceso a la justicia que es un derecho humano y principalmente a las usuarias en materia de lo familiar; estamos pidiendo que el Consejo de la Judicatura dé marcha atrás”.
