ISABEL ORTEGA/AVC NOTICIAS
XALAPA
Colectivos de familiares de personas desaparecidas criticaron el deficiente trabajo de la dirección de periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), que por omisión o negligencia intentaron entregar restos que no correspondían a Francisco Javier Vargas y Baruch Grajeda, desaparecidos en Veracruz en 2016.
El fenómeno no es aislado, pues ya se había presentado un caso en Tlapacoyan en donde equivocaron la entrega de dos cuerpos a sus familias.
El deficiente trabajo de la FGE se confirma con la reapertura de las fosas de Arbolillo, que se dio en diciembre del 2019, a la fecha se han encontrado 38 cuerpos y más de tres mil restos, a pesar de que ya habían sido revisadas en dos ocasiones por la Fiscalía General en el periodo de Jorge Winckler.
Lucía Díaz Genao, integrante del Colectivo Solecito Veracruz y Carlos Saldaña Grajales de Enlaces Xalapa, lamentaron los hechos, que sólo revictimizan a las familias. Incluso, plantearon, que con las segundas pruebas genéticas que lograron los familiares de Francisco Javier Vargas y Baruch Grajeda, es posible proceder legalmente contra funcionarios de periciales.
LA HISTORIA
El pasado 27 de abril, se denunció que la Fiscalía General del Estado y la Policía Científica intentaron entregar restos que no corresponden a Francisco Javier Vargas García y Baruch Grajeda García, desaparecidos en julio del 2016 en el Puerto de Veracruz. Marcos Josafat Grajeda Hernández, padre de Baruch y tío de Francisco, explicó que los cuerpos se encontraron en las fosas clandestinas de Arbolillo en Alvarado Veracruz, y aunque la Fiscalía General intentó entregarlos en 2017, en el periodo de Jorge Winckler, la familia pidió otras pruebas genéticas.
Después de tres años, con el apoyo del Equipo Mexicano de Antropología Forense, detectaron que sólo el cráneo corresponde a los dos jóvenes que fueron sacados de su hogar por “policías federales”, el resto del cuerpo es de otras personas.
De acuerdo con datos oficiales, hasta febrero del 2020 en Arbolillo se habían localizado 238 cráneos tras tres búsquedas. Los cuerpos identificados corresponden a reportes de julio del 2016 y enero 2017.
LOCALIZACIÓN DE ARBOLILLO UN GOLPE MEDIÁTICO DEL PAN
El hallazgo de Arbolillo, en el municipio de Alvarado, derivó en la desaparición de tres oficiales de la Secretaría de Marina en México. Fueron secuestrados el 31 de enero del 2017, en el fraccionamiento Infonavit Buena Vista en el Puerto de Veracruz.
En marzo del 2017, autoridades estatales confirmaron la exhumación de un total de 47 cuerpos en Arbolillo, de esos fueron identificados nueve y siete se entregaron a la familia. Para septiembre del 2018, el entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz, anunció el descubrimiento de 32 nuevas fosas clandestinas en un paraje en Alvarado, aunque negó que se trataba de Arbolillo, días después se confirmó el hecho.
En el lugar, reportó el abogado de los veracruzanos, la localización de 166 cráneos.
COLECTIVO SOLECITO RETOMÓ LA BÚSQUEDA EN ARBOLILLO
El Colectivo Solecito Veracruz reabrió las fosas clandestinas que en otro momento ya habían sido revisadas por Servicios Periciales en el periodo 2017 y 2018. A la fecha han localizado 38 cuerpos completos.
Lucía Díaz Genao, integrante del Colectivo consideró que la localización de las fosas se usó como un golpe mediático para la Fiscalía General, con la intención de ganar votos en las elecciones por lo que el trabajo fue “chapucero”.
La fiscalía, dijo, fue desaseada en los trabajos de exhumación de restos humanos de las fosas, pues ellos han recuperado un total de tres mil huesos en 18 fosas que se reabrieron, es decir, que ya tenían trabajo de exhumación.
“Se llevaron lo que encontraron a la mano y lo demás lo dejaron. Es una zona muy difícil porque luego se inunda, nosotras hemos sacado cuerpos del lodo, en la orilla de la laguna es un reto diferente los cuerpos están bajo el agua”.
Explicó que en una sola fosa que se reabrió se detectaron en total siete cuerpos completos, “dejaron artículos personales, piezas que identifican a las personas, por ejemplo, una dentadura; dejaron celulares, cédulas profesionales, IFE’s, cosas que son indicios importantísimos, ropa”.
Al referirse al caso de Francisco Javier Vargas y Baruch Grajeda, comentó: “Es un hecho atroz que abusen del desconocimiento de los padres en esos temas (…) y entregar restos que no corresponden; además, están dejando a otros sin los restos de su familiar, es una doble violación a las familias”.
YA SE HABÍA PRESENTADO UN CASO SIMILAR EN TLAPACOYAN
El Integrante de Enlaces Xalapa, Carlos Saldaña Grajales, padre de Karla Nayeli y Jesús Alberto -reportados como desaparecidos el 29 de noviembre del 2011-, comentó que ya se había presentado un caso en el que se entregaron restos equivocados a dos familias en Tlapacoyan.
En ese sentido, destacó que es importante que se “visibilice” la corrupción, complicidad y negligencia de servicios periciales que permiten irregularidades en el manejo de restos humanos exhumados en las fosas clandestinas.
La Fiscalía se ha negado a comprar reactivos para poder hacer la identificación de los cuerpos que mantiene en su resguardo, exhumados en panteones ministeriales, para poder identificarlo.
Encontrando el cráneo o dando positivo con una persona se le daba por fallecido, y se “completaba” con restos que encontraban y no se daba un protocolo de identidad como ya se hace actualmente.
En este momento tanto en la Guapota, como en la Estancia Garnica se está individualizando los restos por cada fosa, pues así lo indica el protocolo de la Cruz Roja Internacional.
El Colectivo Enlaces Xalapa, dijo, demandó a la Fiscalía General exhumar los restos de panteones ministeriales para poder complementar sus expedientes, pues creen que no existe suficiente evidencia de identificación.
“Es algo que la autoridad no quiere reconocer que, aunque no han sido errores de ellos, ellos deben subsanar. Yo estoy exigiendo la exhumación de muchos cuerpos que están como no identificados, porque he encontrado muchas irregularidades en los expedientes para poder identificarlos; y la respuesta que me da es que no tienen dónde ubicarlos, pero que si se va a hacer”.
En ese sentido, consideró que la actual Fiscal no se quiere comprometer o hacerse responsables de las irregularidades que prevalecen desde hace dos administraciones.
