1 de Octubre de 2024
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Gobierno tendría que pagar indemnización: Juristas     

 

 

 

 

 

 

JOSÉ JUAN GARCÍA/AVC

VERACRUZ

El integrante del Colegio de Abogados y Juristas de Xalapa, Ricardo Morales Carrasco, consideró que la prórroga que el gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó para la operación del puerto de Veracruz hasta el año 2094 resulta insuficiente para cancelar el título de concesión a la Administración Portuaria Integral (Apiver).

El abogado dijo que si el presidente de la República concluye que hubo actos indebidos en la prórroga de la concesión para operar el puerto de Veracruz pues que se investigue el caso y se proceda en consecuencia.

“Si hay algo que castigar, que se proceda en consecuencia, pero así nada más por el hecho de que se haya otorgado por 99 años y por ese tamiz se quiera suspender, yo veo muy difícil que sea un motivo suficiente para cancelar el título de concesión”, apuntó.

Además, Ricardo Morales Carrasco indicó que el Gobierno de la República debería pagar una indemnización multimillonaria a las compañías concesionarias del puerto de Veracruz en el caso de que se revoque la concesión que se prorrogó para operar el recinto hasta el año 2094.

Morales Carrasco explicó que si el presidente de la República insiste en que se debe revocar la concesión para la operación del puerto de Veracruz pues tendrá que interponer los recursos legales que considere pertinentes con la salvedad de que tendrá que indemnizar a las compañías portuarias.

“Mi opinión es que si finalmente si esa concesión, aun cuando el presidente de la República considere que fue indebida, que fue bastante extensa porque parece que fue casi a 100 años, si considera que realmente sí debería revocarse habría que seguir todos los cauces legales y pagar una indemnización multimillonaria (…) para las compañías, para las concesionarias, precisamente son las que serían beneficiadas”, expuso.

Por último, el representante del Colegio de Abogados y Juristas de Xalapa advirtió que las concesionarias del puerto de Veracruz podrían recurrir al amparo de la justicia federal en el caso de que el Gobierno de la República inicie el proceso de revocación del título de concesión.


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